Violencia en Chiapas ya es un “conflicto armado no reconocido”

Por Rivelino Rueda

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), a través de jurisprudencia sobre desaparición y desplazamiento forzado de personas, y los Convenios de Ginebra referentes a la protección de población civil en casos de guerra irregular, establecen que la situación en la región de la frontera de Chiapas ya se puede clasificar como un Conflicto Armado no Internacional (CANI).

A partir de la situación de violencia y de graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado en Chiapas en los últimos tres años, provocados por la disputa territorial entre los dos grupos criminales más poderosos de México, tanto el organismo multilateral como el tratado internacional, de los cuales México es Estado Parte, establecen que un CANI se enmarca en un conflicto armado entre grupos irregulares con la capacidad para generar graves impactos a la vida, la dignidad y la integridad de la población.

De acuerdo con Jorge Calderón Gamboa, abogado coordinador de la CorteIDH, la inacción de los Estados Parte de estos organismos y tratados internacionales –como en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado que en Chiapas “todo está tranquilo”– para proteger a la población civil de los atentados de los grupos armados organizados, acarrea consecuencias jurídicas dentro del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

El abogado internacional y constitucional de derechos humanos, quien en la CorteIDH estuvo a cargo del caso Alvarado-Espinoza, en 2018, sobre desaparición y desplazamiento forzados por elementos del Ejército Mexicano en el estado de Chihuahua, comentó que los tribunales y organismos internacionales de protección de derechos humanos pueden adjudicar, a través de medidas cautelares y el estudio de casos individuales, responsabilidades a los Estados por omisiones de protección y garantía ante las agresiones de grupos armados de ese tipo. 

Organizaciones de la sociedad civil en dicha entidad afirmaron que en ese tema, aunque no hay un reconocimiento oficial de esa condición por parte del gobierno mexicano, ya sea por omisión o por complicidad, el Derecho Internacional Humanitario y distintos instrumentos internacionales firmados por México establecen que, en casos como los Chiapas, ya se reúnen los elementos para catalogar la situación que padece la región como un CANI. 

Carlos Ogaz, coordinador de incidencias y del Grupo de Trabajo Región Frontera del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), expone que los Convenios de Ginebra de 1977, por ejemplo, prescriben obligaciones a los Estados Parte, como México, de protección a la población civil de forma generalizada en casos de Conflictos Armados no Internacionales, pero además a los bienes indispensables para la supervivencia, así como a una prohibición absoluta de los desplazamientos forzados.

El defensor de los derechos humanos comenta que también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) publicó un informe en 2019 donde señala que este tipo de violencia, vinculada a estructuras criminales en el mundo produce, en suma, tantas muertes como las ocasionadas por todos los conflictos armados existentes y reconocidos internacionalmente.

Expone que el artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1977 especifica que en un conflicto armado como el que se vive en Chiapas “puede ser librado entre grupos armados que no necesariamente son parte oficial del aparato institucional de un Estado Parte, pero que cuentan con las capacidades suficientes para desplegar el nivel de violencia necesario sobre otro grupo armado organizado”.

Sandra Suaste, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Todas y Todos” (Red TDT), destaca que existe documentación amplia sobre la situación que de violencia y de graves violaciones a los derechos humanos que vive Chiapas para clasificar ya a dicha entidad, sobre todo en la región de la Frontera, como un CANI.

“El control territorial de estos grupos del crimen organizado es tal que genera falta de acceso a derechos como la educación, la salud y al sistema de justicia. Existe evidencia de casos como desaparición forzada y desplazamientos forzados. Otros impactos son las restricciones a los derechos y libertades de tránsito y de reunión, la libertad de trabajo, derecho político a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, la libertad económica, la libertad de expresión y de información”, apunta.

@RivelinoRueda

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