Por Rivelino Rueda
A dos semanas de que se realizó el primer “recorrido de prueba” del Tren Maya y a tres meses y medio de su eventual inauguración, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal reveló que aún están pendientes de resolver 25 amparos interpuestos en contra del llamado “megaproyecto insigne” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la respuesta a una solicitud de información vía transparencia con el folio 330010723000174, fechada el pasado 11 de julio, el despacho que preside María Estela Ríos González tiene el registro de 30 expedientes de juicio de amparo en los que esa instancia “asumió la representación del titular del Ejecutivo federal”.
De esos 30 expedientes de juicio de amparo, en los que se señaló como acto reclamado la construcción del proyecto Tren Maya, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirma que “se han resuelto de manera favorable, en definitiva, cinco asuntos, y desfavorablemente ninguno”.
En el oficio de respuesta número 114.CJEF.CACCC.CJG.2023, que firma la consultora jurídica general, María Dalia Cajero Jacinto, el despacho legal del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que las instancias judiciales donde se han litigado estos asuntos son ante los juzgados Primero de Distrito en el Estado de Yucatán.
Además, en el Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, en el Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, así como en el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto.
Uno de los amparos pendientes, de acuerdo con una revisión que realizó este diario en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), está radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con el número de expediente 2878/2022 y número de expediente único nacional 31399958.
La submateria del acto reclamado es en “materia ambiental” (tala de árboles, modificación del ecosistema, violación a la libre determinación de las comunidades por donde pasará el tren, perforación de suelo, contaminación del agua) y el amparo fue promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), así como por comunidades indígenas, campesinas y urbanas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Apenas el pasado 28 de mayo un juez federal otorgó, derivado de este amparo, una suspensión definitiva contra los tramos 3 (Calkiní-Izamal), 4 (Izamal-Cancún), 5 norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulúm-Chetumal) del Tren Maya, con lo que se ordenó el cese inmediato de cualquier tala o desmonte en esos corredores ferroviarios.
Reversos buscó la opinión de Fonatur Tren Maya, a través del responsable de Comunicación Social de Fonatur, Fernando Vázquez Rosas, sobre la materia de los actos reclamados en estos 25 amparos pendientes que registra la Consejería Jurídica de la Presidencia. El funcionario no respondió a la solicitud de información, a pesar de haber leído el mensaje que se le envió vía WhatsApp el 18 de agosto a las 12:13 horas.
Sin embargo, Javier May, titular de Fonatur Tren Maya hasta el lunes 4 de septiembre, señaló el 9 de agosto que a pesar de esos recursos legales la inauguración del proyecto insigne del gobierno de la llamada Cuarta Transformación se realizará en diciembre, como se tiene programado.
May Rodríguez también celebró la suspensión definitiva que otorgó ese día el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán a los amparos 1459/2021, 2732/2022 y 2322/2022, que fueron interpuestos contra los tramos 2 (de Escárcega a Calkiní) y 5 (Playa del Carmen-Tulúm) del Tren Maya.
Apenas el pasado 10 de julio, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que en el megaproyecto del Tren Maya se presentaron “muchísimos amparos” y aseguró que “ya no prosperó ninguno, ya tenemos libre todo el derecho de vía en la totalidad de los mil 554 kilómetros”.
El mandatario comentó que dichos amparos se presentaron principalmente en la Riviera Maya, donde –dijo– “(los conservadores) construyeron hoteles sin permisos, ecológicos; aquí, donde destruyeron zonas arqueológicas. Estos mismos eran los que financiaban a los pseudoambientalistas (que se oponen a la construcción del Tren Maya)”.
Aunque la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal manifestó que se reserva los nombres de quienes interpusieron dichos amparos para frenar las obras de ese megaproyecto insigne de la Cuatroté, al aducir el derecho a la protección de datos personales, el presidente afirmó en la conferencia mañanera del 23 de mayo que estos recursos judiciales los ha impulsado, fundamentalmente, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C.
Este despacho jurídico –denunció el tabasqueño– tiene entre sus miembros a Miguel Carbonell Sánchez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como a José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2003 a 2018.
Además, a Fernando Gómez-Mont Urueta, secretario de Gobernación de 2008 a 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, así como a Gerardo Carrasco Chávez, consejero de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
