Por Rivelino Rueda
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador registró un descenso de casi el 50 por ciento en los recursos canalizados a víctimas de delitos del fuero federal, así como en la compensación por violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales.
Mientras la compensación subsidiaria por comisión de delitos del fuero federal abarcó a 255 víctimas en el año 2021, quienes recibieron una indemnización de 100.6 millones de pesos, para 2022 fueron 123 víctimas las que contaron con esta reparación, las cuales recibieron 51.6 millones de pesos.
De acuerdo con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuridia Rodríguez, desde la creación del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), en 2013, hasta diciembre de 2022, se han registrado en esta plataforma alrededor de 54 mil víctimas de delitos.
El año que registró el mayor número de apoyos a víctimas de delitos del fuero federal fue 2019, con 181.5 millones de pesos canalizados a ese rubro (101.6 millones de pesos para mujeres víctimas y 79.9 millones de pesos para hombres), que indemnizaron a un universo de 167 personas (106 mujeres y 61 hombres).
Le sigue el año 2017, con 103.2 millones de pesos (56.9 millones de pesos para mujeres víctimas de delitos del fuero federal y 46.3 millones de pesos a hombres), donde se compensó a 265 personas (139 mujeres y 126 hombres).
Los datos forman parte de los Anexos del Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y fueron tomados de los registros de la CEAV, con base en los informes de situación financiera en los que se efectúan las conciliaciones financieras y bancarias.
Reversos buscó la versión de la CEAV a través de su área de comunicación social. En esa oficina solicitaron enviar un correo electrónico que incluyera un breve cuestionario para determinar qué funcionario atendería dicha solicitud. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Según los indicadores del gobierno federal, el total de delitos del fuero federal cometidos en México en 2022 fueron 77 mil 693, mientras que en 2021 la cifra se ubicó en 77 mil 637 y, hasta el 30 de junio de 2023, se han contabilizado un total de 40 mil 315.
Las entidades que registraron el mayor número de delitos del fuero federal en 2022 fueron la Ciudad de México, con nueve mil 593; el Estado de México, con cinco mil 334; Veracruz, con cuatro mil 707; Jalisco, con cuatro mil 495, y Guanajuato, con cuatro mil 447.
Para el rubro “compensación por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales”, las cifras oficiales señalan que en 2022 se canalizaron recursos por 17 millones de pesos para la atención de víctimas de estos delitos, las cuales beneficiaron a 151 personas, mientras que en el 2000 (el año 2021 no presenta registros) los recursos asignados fueron de 48.8 millones, que compensaron a 123 víctimas.
El año donde se presenta la mayor cantidad de recursos entregados a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales fue 2017, penúltimo del gobierno de Enrique Peña Nieto, con 350.6 millones de pesos. Las personas beneficiadas en aquel año fueron un total de 368.
De acuerdo con el artículo 27, párrafo tercero, de la Ley General de Víctimas, la reparación integral a las víctimas incluye la figura de la “compensación”, la cual “se otorga a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.
El ordenamiento también puntualiza que dicha compensación “se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos”.
Ya en el artículo 67 de dicha legislación se detallan los procedimientos y los montos a los que tienen derecho las víctimas. La normatividad indica que la CEAV, con cargo a los recursos autorizados para tal fin, así como las comisiones de las entidades federativas, determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria.
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar el Estado, en sus ámbitos federal o local –añade la ley– “será de hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización Mensuales (UMA), que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar un enriquecimiento para la víctima”.
La UMA que fijó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) para 2023 fue de 103.74 pesos diarios y de tres mil 153.70 pesos mensuales.
@RivelinoRueda
