El último grito que se escuchó en Iguala

Por Eridani Palestino

Fotos: Edgar López

“¡Los vamos a llevar al Sol Azteca!”, fueron las amenazas de los policías municipales de la ciudad de Iguala a los normalistas de Ayotzinapa mientras subían a algunos de sus compañeros a las patrullas el 26 de septiembre del año pasado. Desde entonces, nadie conoce su paradero.

Casas de concreto color gris con techos de lámina. Así son la mayoría de las viviendas que se localizan en la colonia Sol Azteca en Iguala, Guerrero.

Escondidas entre las laderas del cerro y con caminos de terracería se observan algunos postes de luz con panfletos pegados del PRD, un partido que se ha ido y que les dejó a sus habitantes una historia qué contar, una historia que volvió a marcar a México un antes y un después.

“Corrimos para todos lados, unos se fueron entre las calles que van al centro y otros seguimos por la avenida (Periférico) hasta llegar a los cerros, oíamos que los policías en sus patrullas nos seguían y a lo lejos escuchábamos las ráfagas de los disparos”, rememoró dos días después uno de los estudiantes sobrevivientes del ataque.

De acuerdo con la regidora Sofía Mendoza, viuda del dirigente de la Unión Popular de la entidad, Arturo Hernández Cardona, levantado y torturado en 2013, en esa zona de la ciudad han sido halladas varias fosas clandestinas y los restos de más de 30 personas. Hasta la fecha las autoridades no han indicado de quiénes son esos cuerpos.

Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas son dos de las avenidas que se encuentran en la colonia Sol Azteca y, en medio de ellas, una con el nombre de Emiliano Zapata. Tres personajes principales de la historia del México revolucionario y el contemporáneo. Líderes campesinos que buscaron siempre el bien de la sociedad.

“No, desconozco ese lugar, no sabía que existía hasta ahorita que me lo mencionas”, señaló el senador perredista Armando Ríos Piter, quien en enero de este año declinó la candidatura del PRD para la gubernatura de Guerrero.

Los lugares a los que nadie quiere entrar

Después que desaparecieron los 43 estudiantes, Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, indicó que los normalistas de Ayotzinapa pudieron haber sido “trasladados en grupos a diferentes lugares”, por lo que iniciaron una búsqueda en los pueblos contiguos a Iguala.

El 29 de septiembre los padres de los jóvenes, junto con elementos del Ejército, las policías Estatal y Federal, asistieron a El Carrizalillo, El Naranjo, Santa Teresa, Sol Azteca y Pueblo Viejo, para iniciar la búsqueda. No se encontró nada.

“Un mes después, el 27 de octubre, cerca de Pueblo Viejo, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró las primeras fosas con 30 cuerpos. Eso quiere decir que el primer recorrido fue de manera superficial y rápida, porque en un solo día se fue a cinco puntos”, acusó Olivares.

FA-ElUltimoG

La policía y sus “trabajitos especiales”

“Ahora no podemos confiar ni en la policía, ¿por qué desaparecerlos, cuál era el fin?”, exclamaba una mujer mientras marchaba por Paseo de la Reforma en Ciudad de México el 20 de noviembre del año pasado. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) indicaron que ese día participaron 300 mil manifestantes exigiendo la aparición con vida de los muchachos.

Para ese entonces la mayoría de los ciudadanos y la PGR ya tenía conocimiento de que el director de la policía en Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien hoy es prófugo de la justicia, es uno de los autores intelectuales de la desaparición de los 43.

De acuerdo con una nota publicada por el diario La Jornada, Flores Velázquez, quien es además primo del expresidente municipal José Luis Abarca, “era famoso por clonar las patrullas de la policía municipal para que sus elementos pudieran realizar trabajitos especiales”.

“En las autoridades no se puede confiar, yo ya no le creo a ellos… Me atrevo a decirlo, el gobierno es el mismísimo crimen organizado”, sentenció la misma mujer de la marcha mientras sostenía una pancarta que decía: “FUE EL ESTADO”.

El rechazo de la “Verdad histórica”

La desaparición forzada de los 43 normalistas expone uno de los casos más emblemáticos para el gobierno mexicano en materia de derechos humanos. Ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores, ni los tres grandes partidos, PRI, PAN y PRD, han actuado de manera eficiente.

Con el fin de saciar las protestas, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sacó a la luz su “verdad histórica” el 27 de enero de este año, concluyendo que los estudiantes de Ayotzinapa fueron ejecutados e incinerados en un basurero clandestino de Cocula, Guerrero.

Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó esta versión con pruebas científicas e insistió al presidente Enrique Peña Nieto que atienda no sólo este caso sino los  más de 12 mil casos de desaparición que se han perpetrado desde el inicio de su administración.

A pesar de que el gobierno ha tratado de controlar el tema a su manera, un año y un mes después, los padres y cientos de voces, artículos, mensajes, pronunciamientos, cartas, desplegados, siguen exigiendo: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

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