Por Rivelino Rueda
El 17 de octubre de 2014, 20 días después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, 25 policías municipales de Iguala y Cocula rindieron declaración en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
En los exámenes médicos previos a estos interrogatorios, al menos 20 de esos elementos policiacos presentaron signos de probable tortura, como consta en el Tomo 33, páginas de la 29 a 33, del Expediente del Caso Iguala, que este domingo subió a su portal la Procuraduría General de la República.
Uno de los principales cuestionamientos a la “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam –pero también a los argumentos de los fervientes defensores de estos resultados— fue y sigue siendo que la construcción de estas conclusiones se basaron en declaraciones de sicarios y delincuentes confesos, arrancadas previa tortura.
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En el video presentado para sustentar la “verdad histórica” sobre el caso Iguala, el pasado 27 de enero –con musicalización de película de acción de fondo–, el sicario del grupo criminalGuerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, narra con toda tranquilidad la tortura, asesinato e incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
“Esa es la ‘verdad histórica (…) El caso debe cerrarse”, fue la conclusión de Murillo Karam, quien construyó a toda prisa la entrega de un informe final sobre el caso, principalmente por el daño que estaba ocasionando en el exterior este hecho a la imagen del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy. Permitiendo el actuar del Ministerio Público de la Federación, que ha solicitado la imposición de las penas más altas que la legislación contempla”, concluyó el exprocurador ante el aplauso incondicional de los más leales al oficialismo.
A menos de un mes de ese anuncio, el Ejecutivo federal nombró a Murillo Karam como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para jubilarlo y otorgarle todo un manto de impunidad a finales de agosto, al removerlo de ese cargo.
Pero todavía faltaba el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) y la opinión del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tras la entrega de resultados de la Universidad de Innsbruck, Austria.
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En el expediente que corresponde al Tomo 33, los 25 policías de Iguala y Cocula también construyen los retratos hablados de “El Gil”, líder regional de Guerreros Unidos, así como de su secretario, un hombre identificado como “El Fercho”, quien transmitió las órdenes para que asesinaran a los estudiantes.
Pero en las páginas sobre los exámenes médicos, los elementos de seguridad de esos municipios guerrerenses –quienes atacaron con armas de alto poder a los normalistas y supuestamente los “levantaron” para llevarlos a un rumbo desconocido–, la mayoría de los policías presentan equimosis (moretones) en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cara, tórax, espalda, brazos y piernas.
Aunque se omite el nombre de los 25 policías, al considerarse información reservada, el elemento 1 presenta “zona de equimosis rojo vinosa con halo verdoso irregular de 15 por 10 centímetros a nivel de cuerpo de esternón sobre y a ambos lados de la línea media. Equimosis rojiza de 1 por 0.5 centímetros en mucosa de labio inferior a la izquierda de línea media”.
El policía identificado con el número 3 presenta “equimosis violácea de 4 por 3 centímetros, situada en la región pectoral izquierda, excoriación (levantamiento de piel) de 1.5 centímetros en tercio proximal cara anterior de pierna izquierda, y el policía 7 “presenta equimosis roja vinosa de 3 por 1 centímetros en párpado superior derecho, acompañada de un derrame conjuntival”.
El policía número 14 “refiere dolor en borde costal izquierdo y (texto omitido) equimosis violácea de 10 por 12 centímetros en epigastrio (zona abdominal) sobre y a ambos lados (texto omitido) de 15 por 12 centímetros en borde costal izquierdo y flanco izquierdo (texto omitido)”, mientras que el policía número 25 presenta equimosis violácea negruzca en párpado superior izquierdo, acompañada de aumento de volumen”.
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“Mi papá no es delincuente”, rezaba la cartulina de una niña de unos diez años e hija de uno de los policías municipales de Iguala detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 25 de enero de este año, en el centro de la llamada “Cuna de la Patria”, esta niña y más de 400 familiares de los policías municipales marcharon para exigir “castigo a los verdaderos autores intelectuales”, pero además denunciaron que han sido amenazados por la Procuraduría General de la República (PGR).
No sólo eso. Los familiares de los policías aseguraron que “fueron torturados para que firmaran las declaraciones”.
