Por Jorge Eduardo Jiménez
En este post analizaré la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de enviar al Congreso, a mediados de marzo pasado, una iniciativa de reforma constitucional para que sea incluido el «matrimonio igualitario», es decir que cualquier pareja pueda casarse por lo civil sin importar el sexo de sus integrantes, y que además tengan derecho a adoptar hijos.
Se trata de una jugada del presidente que ha dejado sorprendidos, pensando y reflexionando a muchos analistas y observadores de la política mexicana.
El movimiento del presidente ya provocó, por lo pronto una reacción de las iglesias, en lugar principal, de la jerarquía católica, cuyos integrantes, envalentonados, han presumido que los malos resultados para el PRI, el partido del presidente, en las elecciones en 12 estados del 5 de julio, se debieron en gran parte a su envío de dicha iniciativa pro derechos gay.
Hay que recordar que el presidente Peña Nieto, católico, se ha definido a sí mismo como una persona conservadora. En ese sentido, muchos en la Iglesia podrían considerar la jugada del mandatario como una «traición».
Existen puntos muy interesantes alrededor de esta decisión del presidente. Hay analistas que consideran que la decisión se debe a una necesidad de él y su partido de dar un golpe de efecto antes de las elecciones del 5 de junio. Lo que la mayoría de los observadores dan por sentado, es que con el envío de su iniciativa, el presidente está a favor indubitablemente, de darles plenos derechos a las parejas gays. ¿Es así? Yo no estaría muy seguro. Sigamos con el análisis.
LA CONSTITUCIÓN NO NECESITA REFORMARSE PARA DAR DERECHOS A LAS PAREJAS GAY
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya decidió, desde hace aproximadamente un año, que es inconstitucional cualquier prohibición a dar plenos derechos a las parejas gay (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/14/1029322). Esto es similar a lo que ha ocurrido en muchos países con constituciones liberales. El matrimonio civil otorgado a ciudadanos sin importar su sexo es sólo cuestión de tiempo para que sea universalmente reconocido en esos países, incluido el nuestro. Sólo que va a llevar tiempo para que cada uno de los estados de la República modifiquen sus códigos para que los matrimonios civiles gay sean debidamente practicados.
Hoy en día, si una pareja gay se casa en un estado donde se expide ese matrimonio, y luego se va a vivir a un estado donde éste no se practica, tiene que tramitar un amparo para que sus plenos derechos como pareja casada le sean reconocidos. Es digamos una molestia que aún tienen que pasar estos ciudadanos: la tramitación de un amparo para ejercer a nivel local, derechos que la Constitución ya les reconoce.
Hay que decir, que la Constitución no necesita mencionar explícitamente las bodas gay para que este derecho le sea otorgado a cualquier ciudadano que lo solicite, y así lo comprobó el fallo de la Corte.
No obstante, la iniciativa presidencial busca evitarle a muchas parejas, la molestia de tramitar amparos, y acelerar así, digamos, la expedición de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo en todo el país. Sin embargo, al hacerlo, el presidente podría estarle complicando la vida, en realidad, a sí mismo y a la comunidad LGBTTIQ (Lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, intersexual y queer). Y esto lo explico a continuación.
Una vez que sea discutida por ambas cámaras del Congreso de la Unión, diputados y senadores, estos tendrían que aprobar la reforma por mayoría. Como se trata de una reforma constitucional, los legisladores federales no tendrían mucho que modificarle o añadirle. O la aprueban o la rechazan. Tal y como está conformado el Congreso, digamos que la iniciativa tiene una gran probabilidad de ser aprobada allí.
Peeeeero….
Como se trata de una reforma constitucional, una vez que el Congreso la aprobara, la iniciativa de reforma constitucional tendría que ser enviada a los Congresos de los 32 estados, y una mayoría de estos tendría que aprobarla. El Artículo 135° de la Constitución indica que es requisito que las reformas a la Carta Magna «sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados».
Es decir, existe una probabilidad de que la reforma no pase la prueba de los congresos estatales. Recordemos que las encuestas nacionales sobre el tema, aún arrojan que hay una mayoría de la población que no favorece el otorgamiento de plenos derechos a los gays. Y quienes saben de estos temas aseguran que los derechos de las minorías no se deben poner a votación de las mayorías, se deben otorgar y ya. Así que si la reforma no alcanza mayoría de Congresos estatales, entonces la Constitución no se modificaría para que menciona explícitamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero eso en realidad no importaría mucho, pues como hemos explicado, la Constitución ya reconoce ese derecho al matrimonio, y lo único que queda es el avance de cada ley local, lo cual sólo es cuestión de tiempo.
Más aun, si la reforma propuesta por el presidente llega a fracasar la prueba de los Congresos estatales, a nivel político, este hecho podría leerse como una derrota de los plenos derechos para la comunidad LGBTTTIQ, lo cual sembraría confusión entre la población, y en parte, entre la clase política, y esta confusión podría prestarse para las maniobras políticas no muy limpias. Por ejemplo, el presidente podría ser atacado y criticado por la misma comunidad gay y no faltará quien diga que desde el inicio, la iniciativa llevaba plan con maña para dañar el proceso hacia el otorgamiento de plenos derechos a dichas personas.
Es decir, que la maniobra, un tanto gratuita, podría complicársele seriamente al presidente. Éste no hubiera tenido por qué meterse en un proceso democrático y republicano que ya llevaba su curso. Era suficiente con qué se pronunciara políticamente a favor de darle plenos derechos a las parejas gay, y ya. Pero al enviar su iniciativa para que estos sea especificado en la Constitución, en realidad podría estarse él mismo complicando la vida, políticamente hablando, de forma innecesaria.
¿Por qué hizo esto el presidente? ¿Lo hizo por un consciente cálculo político? ¿Lo hizo por qué pensaba que era lo correcto? ¿Lo hizo sin pensar seriamente en las consecuencias? Con el tiempo, lo sabremos
