Por Rivelino Rueda
De las tres consultas y siete asambleas regionales a pueblos y comunidades indígenas asentadas en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y en los Polos de Desarrollo del Bienestar (PODEBIEN), en las zonas aledañas a este megaproyecto, se generaron un total de mil cinco peticiones, de las cuales 125 fueron clasificadas como “improcedentes” y 880 no se han resuelto.
Las consultas y asambleas fueron realizadas entre 2019 y 2021 por la Secretaría de Gobernación (Segob) y por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en donde el número de participantes fue de cinco mil 91 personas.
La región en donde se asienta el megaproyecto, que comprende 79 municipios de los estados de Oaxaca y Veracruz, tiene una población total de 2.4 millones de habitantes, de los cuales 906 mil se autodescriben como indígenas. Es decir, la representatividad de estos ejercicios fue del 0.6 por ciento.
Los datos se desprenden de una auditoría de desempeño que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al organismo Corredor Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que forma parte de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2021, correspondiente al tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el documento se destaca que de las tres consultas indígenas que se realizaron en 2021, relacionadas con el establecimiento de los PODEBIEN, se desprendieron 96 peticiones formuladas al CIIT, y puntualiza que hasta el cierre de la auditoría el 52 por ciento de esas solicitudes aún no registra respuesta por parte del organismo.
Un 34 por ciento de las demandas fueron desechadas por la instancia encargada de la construcción de ese megaproyecto, al considerar que “no son viables”.
Entre las causas de no procedencia de las solicitudes de los pueblos originarios que se asientan en el Istmo de Tehuantepec está la de “requerir infraestructura sin especificar origen ni destino, cancelación de concesiones mineras, temas agrarios o de escisión y creación de nuevos municipios”.
El 12.5 por ciento de las peticiones de los pueblos y comunidades indígenas de la región se registró como “pendiente”, “en análisis” o “en proceso”, mientras que el 1.0 por ciento restante se consideró como “finalizada”.
Las consultas se realizaron en las comunidades indígenas de Ixtepec, San Blas Atempa y Santa María Mixtequilla, en Oaxaca.
En lo que tiene que ver con las siete asambleas regionales que se desarrollaron en 2019, el informe de la ASF señala que acudieron a esas reuniones de deliberación tres mil 796 personas y se identificaron 909 peticiones de los participantes, de las cuales sólo el 19.1 por ciento resolvió el organismo CIIT, 10.1 por ciento no procedieron y 70.8 por ciento se encontraban pendientes hasta el cierre de 2021.
Las asambleas regionales se desarrollaron en los municipios y comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos zapoteco, mixe, zoque, huave, chontal, chinanteco, mazatleco, mixteco, populoca y náhuatl, asentados en los estados de Veracruz y Oaxaca, ubicados en el área de influencia del proyecto.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación subrayó que en los protocolos diseñados para las consultas indígenas “no se indicó un estimado de la población potencial a la que iba dirigida la consulta ni se establecieron límites de porcentaje de participación para que ésta fuera válida”.
Por ello, el informe del máximo órgano de fiscalización del país manifestó que el CIIT tiene que fortalecer sus mecanismos de colaboración con las distintas entidades que integran el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 (14 secretarías de Estado y cuatro organismos federales) y con las demás entidades a las que se dirigieron las peticiones para que de esta manera se puedan evitar protestas sociales que limiten los trabajos de la infraestructura logística y de la instalación de los PODEBIEN”.
Apenas el 9 de diciembre de 2022, ejidatarios, comuneros y dueños de tierras de esa región del país anunciaron la creación de la Unión de Ejidos, Bienes Comunales, Colonias Agrícolas y Pueblos Originarios para defenderse de “los atropellos y despojos” en su contra por los megaproyectos, especialmente el Corredor Transístmico.
En los resolutivos, los integrantes de esta organización señalaron que con la implementación del megaproyecto del Corredor Interoceánico “no se han respetado, observado y cumplimentado los procedimientos cuando se trata de afectación a derechos de los pueblos indígenas que establecen tanto en la Constitución, como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas”.
También denunciaron que con el megaproyecto “se han violentado el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios y tribales, así como el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, en particular de los pueblos mixe, zapoteca, zoque y mixteco”.
“Nunca se nos consultó y se nos informó a los verdaderos dueños de las tierras, es decir, no hubo consulta ni previa ni informada. Ahora nos enteramos que fueron realizadas con su afines llámese presidentes municipales o diputados, para cumplir y aparentar estar apegados a derecho y con el pueblo, consultas realizadas fuera del rango de acción del ferrocarril, consultas e información bajo el agua en lo oscurito como acostumbran los malos políticos”», manifestaron.
Por ello, decidieron integrarse en la Unión para defender su territorio del megaproyecto federal, así como del extractivismo, los planes de desarrollo, las zonas económicas especiales y las corredores industriales.
Ya en julio de 2019, previo al inicio de la construcción de este proyecto, en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, organizaciones integrantes de la Red El Istmo es Nuestro rechazaron las consultas indígenas sobre el corredor del Istmo de Tehuantepec.
En aquel encuentro reprocharon que “a las consultas realizadas por el gobierno federal se invitó solamente a unos cuantos representantes de comunidades indígenas de la zona, sin un proceso previo de información en poblados”.
“Las autoridades no pueden hablar en nombre de sus pueblos, que ni siquiera están informados”, recalcaron.
