Por Guillermo Efraín Vázquez Castro
Fotos Eladio Ortiz
“A nivel internacional, México es visto como un país en donde se presenta una crisis de derechos humanos que, lejos de ser esclarecida por el gobierno, es solapada para no resolverse y a la que el presidente no le da la importancia que merece”, comenta Rosa, que se desempeña en el servicio público de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien pidió no revelar su nombre real por obvias razones.
Pasadas las diez de la noche toqué dos veces el timbre de la fachada verde olivo del hogar de “Rosita”. Tardó un par de minutos antes de preguntar quién estaba al otro lado de la puerta. Al reconocer mi voz abrió y, con una sonrisa amigable, me permitió pasar. Orgullosa me mostró su planta de tomates y después me invitó a entrar a la sala de su casa.
Rosa es de las personas con las se puede platicar prácticamente de todo. Nos conocimos en la escuela hace siete años. Siempre está abierta a emitir una opinión sobre casi cualquier tema, además de que su situación laboral la provee de otro tipo de información a la que no estamos expuestos los que nos empleamos fuera de la burocracia gubernamental.
Días antes habíamos platicado sobre lo acontecido el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en donde murieron seis personas, 25 resultaron heridas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Así que me pareció buena idea llevar aquella charla un poco más allá. Quedamos de hablar más sobre el asunto en su casa, porque ella no se siente cómoda hablando de temas de ese tipo en su lugar de trabajo.
“Nunca sabes quién está escuchando y no quiero perder mi trabajo”, es una respuesta habitual cuando hablamos por teléfono y le pregunto sobre acontecimientos tabú en su oficina.
Ha trabajado más de 15 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Comenzó su carrera gubernamental con los aires de cambio de la alternancia de poder cuando Vicente Fox Quesada asumió el cargo de presidente de la República.
Después vino la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón Hinojosa, en donde la crisis de derechos humanos notoriamente replicó una vez más en el extranjero. También, como muchos otros, “Rosa” creyó en la mejoría que traería el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al regresar al poder, después del duro golpe en el año 2000. Pero no fue así.
Comenzamos a platicar sentados en una sala, pequeña y acogedora. Las paredes con algunas fotografías cuentan parte de la historia de su familia. Amablemente me ofreció una taza de café, té o un vaso con agua de jamaica. Acepté el último. Después de servirlo, se sentó, se amarró su cabello largo y oscuro -de su bolsa color negro, sacó unas hojas subrayadas con marcatextos rosa- y me pregunto:
–¿Te acuerdas que te dije que a nivel internacional la Secretaría se había pronunciado más de un mes después?, pues fue hasta noviembre de ese año que se enunció sobre los hechos de Ayotzinapa.
Rosa hace un recuento de los comunicados emitidos por la institución durante todo noviembre de 2014. Son más de cuatro.
Resalta en específico el comunicado del día 24 del mismo mes, en donde se manifiesta “sorpresa y rechazo categórico” ante las declaraciones del entonces presidente de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, en donde el representante uruguayo, en una entrevista que aparece en la revista Foreing Affairs Latinoamérica, atribuye lo acontecido en Guerrero a “una gigantesca corrupción” que se ha establecido como una “tácita costumbre social”.
Aunque algunas declaraciones como las de José Mujica reflejen situaciones verdaderas y habituales en las prácticas gubernamentales y en todos los niveles sociales en nuestro país, Rosa está acostumbrada a escuchar y leer siempre las mismas declaraciones que el gobierno emite a través de la SRE. “La Cancillería reitera que, actos como los ocurridos en esta región del país, no deben tener cabida ni en México ni en el mundo.”
Cuando México suscribió un acuerdo de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para El caso Ayotzinapa, “lo que los padres de los normalistas querían era que con ese acuerdo se diera un cumplimiento íntegro a las recomendaciones que los organismos internacionales hicieron en materia de derechos humanos, pero la cancillería se limitó a que solamente era una cuestión de diferencia de opiniones”.
En el sentir de ella como burócrata, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, en conjunto con el órgano encargado de la representación de México en el extranjero, se convirtieron en “un muro que intentó frenar la trascendencia internacional de un hecho que refleja enormemente la crisis de derechos humanos en la que el país está sumergido desde hace años”.
Rosa me ofrece un segundo vaso con agua. Han pasado más de dos horas de plática, así que cabalmente me niego. Ella mira el reloj y hace un último comentario:
–Lo de Acteal, Ayotzinapa, Nochixtlan, las fosas clandestinas en Jojutla, el asesinato y secuestro de la ciudadana española y todos los hechos de violencia en el país hablan mucho de una pérdida de la cultura del servicio público y de aspecto diplomático.
“Es un reflejo de lo poco que le importa al gobierno. Por lo tanto, en lugar de actuar, se opta por no opinar o por apegarse a las versiones oficiales y evitar una postura que permita resolver este tipo de situaciones. En lo personal, como servidor público, te quedas callado para no poner en riesgo tu trabajo”.
