Justicia por propia mano: el foco rojo del sistema político.

Por Mónica Loya Ramírez

 

En un contexto de impunidad y desconfianza hacia la autoridad han empezado a salir a la luz casos de personas que optan por “defenderse” por su cuenta de las agresiones del entorno: Pasajeros que sacan la pistola y hieren a asaltantes con la “protección” y complicidad de los que viajan en el trasporte colectivo. Asesinos de violadores que son protegidos por la comunidad porque “hizo lo correcto”. El  linchamiento en Ajalpan, Puebla de hace dos años, es otra muestra del creciente fenómeno. Las cifras son contundentes.

 

 

¿Hay razones para desconfiar?

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país durante el 2013 fue de 93.8% (cifra negra). En 2012 fue de 92.1 por ciento.

Con la ENVIPE, se estima que en 2013 se denunció el 9.9% de los delitos, de los cuales el 62.7% llevó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público. Del total de delitos, se inició averiguación previa en el 6.2% de los casos. Lo anterior, representa un 93.8% de delitos donde NO hubo denuncia o NO se inició averiguación previa.

Del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, se refiere que en el 49.9%1 de los casos No pasó nada o No se resolvió la denuncia

La ENVIPE 2014 permite conocer que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar están las circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad, con 65.6 por ciento .

La Encuesta revela que la población de 18 años y más a nivel nacional manifiesta como su principal preocupación el tema de la inseguridad y delincuencia (58.1%), seguido del desempleo (46.1%) y el aumento de precios (37.7%).

Asimismo, la percepción de inseguridad en las entidades federativas, al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2014), llegó a 73.3% de la población de 18 años y más. En el 2013, la percepción de inseguridad fue del 72.3 por ciento.

A través de la ENVIPE se estima que durante 2013 hubo 22.5 millones1 de víctimas2 de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28,224 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente diferente a la estimada para 2012

La ENVIPE estima que durante 2013 se generaron 33.1 millones de delitos1 asociados a 22.5 millones de víctimas. Esto representa una tasa de 1.5 delitos por víctima (en 2012 la tasa fue de 1.3 delitos por víctima).

Entre las razones para NO denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas destaca la Pérdida de tiempo con 31.4% y la Desconfianza en la autoridad con 21%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad.

La mitad de las víctimas estimadas manifestó que les tomó 2 horas o menos realizar una denuncia ante el Ministerio Público. El 29.1%1,2 refirió invertir más de 4 horas para efectuar la denuncia.

La ENVIPE estima a nivel nacional que el 58.1% de la población de 18 años y más considera la Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del Desempleo con 46.1% y el Aumento de Precios con 37.7 por ciento

Población de 18 años y más que manifestó la existencia de un problema en su comunidad y su capacidad para ponerse de acuerdo en la solución. El problema que más enfrentan en sus comunidades son los Robos, con 53.4% de población que manifiesta su existencia. Sin embargo, de este 53.4%, sólo en el 27.1% de los casos se pusieron de acuerdo para resolverlo

Nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia: El 84.4% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con “Mucha o Alguna”, seguido del Ejército con 80.7%.

En la carta a la opinión pública firmada por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercado (AMAI) y el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE), el  20 de octubre pasado, dónde se condena el linchamiento al que fueron sometidos a dos encuestadores en Ajalpan, Puebla, se dan cifras que revelan el aumento de la “idea” de hacer justicia por propia mano.

A la pregunta ¿Está usted de acuerdo en que las personas apliquen justicia por propia mano?

En el 2011, 26 por ciento estaba de acuerdo, 64% en desacuerdo, 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Para el 2013 las cifras eran, 28% de acuerdo, 63% en desacuerdo y 8% neutrales. Ya para noviembre de 2014 el 28% seguía de acuerdo, mientras que la cifra de personas que estaban en desacuerdo había bajado a 47% y ya eran 22% los que se declaraban neutrales al respecto.

 

Justicia cotidiana otra vertiente

En el informe de los resultados de los Foros  de Justicia Cotidiana organizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)  se define el concepto de justicia cotidiana como un conjunto de instrumentos y mecanismos que dispone o apoya el Estado para resolver directamente los conflictos de los ciudadanos con otros ciudadanos y, en algunos casos, de éstos con las autoridades públicas.

Los conceptos de “justicia cotidiana” y de “acceso a la justicia” se derivan directamente del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su primer párrafo, dicho artículo enuncia: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

“ Como el Estado prohíbe la justicia por propia mano, está obligado a establecer, sostener y promover las instituciones, los procedimientos y los instrumentos –no solamente los tribunales– que den solución efectiva a los conflictos que puedan surgir de las relaciones sociales directas de las personas, ya sea con otros particulares o con las autoridades.

En el mismo sentido, los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen la obligación del Estado mexicano de proporcionar a toda persona un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los tribunales competentes, que lo amparen contra actos que violenten sus derechos fundamentales con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

La justicia cotidiana se refiere así a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática. Incluye a la justicia civil, que atiende los problemas del estado civil y familiar de las personas o bien el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo mismo que la justicia laboral, que trata las relaciones de trabajo de las personas con sus empleadores, sean estos particulares u organismos públicos, pero también un sector de la justicia administrativa, cuando resuelve los desacuerdos directos de los ciudadanos con alguna autoridad.

La justicia de proximidad, es decir, aquella que atiende los problemas que se generan de la convivencia en las comunidades, vecindarios y ciudades, forma parte también de la justicia cotidiana y dentro de ésta se consideran especialmente los mecanismos que existen para resolver los problemas en las escuelas por ser éstas centros importantes de convivencia y socialización.

La Encuesta Nacional sobre Cultura política y Prácticas Ciudadanas de 2012, muestra que las autoridades delegacionales y municipales son calificadas con 4.9 en una escala de 10 puntos ante la pregunta de qué tanto confían los ciudadanos en ellas. Los gobernadores son calificados con 5 y el gobierno en general con 5.1.

La corrupción es frecuentemente mencionada por los participantes. La encuesta nacional de victimización de empresas 2014 realizada por el INEGI reporta que de cada 10 mil habitantes, 365 reportaron haber sido víctimas de corrupción y en 44.9% de los casos estuvieron involucrados con permisos y licencias. Únicamente 23% de los jueces cuenta con una permanencia superior a la del gobernador y su gabinete. 53% de los jueces son nombrados por el gobernador.

 

 

 

 

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