Por Rivelino Rueda
Con 25 millones 763 mil 700 mujeres y hombres en edad productiva postrados por enfermedades crónico-degenerativas, específicamente diabetes, hipertensión y obesidad, la industria de comida “chatarra” y bebidas azucaradas no ha aportado ni un solo peso para el combate de estas enfermedades, antes y durante la pandemia de Covid-19.
Tan solo Grupo Femsa-Coca Cola y Grupo Bimbo, dos de los principales oligopolios multinacionales de estos productos tóxicos para la salud, tuvieron ganancias en 2019 –de acuerdo a sus Informes Anuales de ese año– por 798 mil millones de pesos, de los cuales no han donado ni un solo cubrebocas o una ampolleta de insulina para enfrentar las epidemias de coronavirus, diabetes, hipertensión y obesidad en México.
Lo anterior representa ganancias superiores al presupuesto anual de todas las secretarías de Estado, organismos autónomos y dependencias federales, incluso al gasto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en 2019 recibió recursos por 324 mil 712 millones de pesos.
Y es casi comparable a la partida destinada al gasto programable al ramo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, que es de 759 mil 383 millones de pesos, o al que se canaliza al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es de 825 mil 062 millones de pesos.
En cambio, el gobierno federal destina más de 700 mil millones de pesos anuales –de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019—para la prevención, atención y rehabilitación de esos padecimientos, es decir, la mitad del gasto destinado a las cuatro principales instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE, Insabi y Secretaría de Salud), que el año pasado fue de un total de 1.4 billones de pesos.
Hugo López-Gatell, vocero único del gobierno federal para la pandemia del Covid-19, señala que conociendo que las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles en el país son una parte sustancial del perfil de morbilidad y mortalidad en México, y que son además enfermedades que se caracterizan por su larga duración, “es posible que sí, que más de la mitad del gasto público en salud tenga que ver con el gasto en prevención, atención y las consecuencias de las enfermedades crónicas”.
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Y es que de acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de 2017, los trabajadores con enfermedades crónicas en México representan pérdidas de productividad que equivalen al 5.3% del PIB.
Al respecto, un informe de Oxfam señala que las hambrunas provocadas por la pandemia del Covid-19 pueden provocar más muertos que el propio virus, mientras que las mayores empresas de alimentación y bebidas reparten 18.000 millones de dólares en dividendos a sus accionistas.
“Desde enero de este año, los gigantes de la industria alimentaria (Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mondelez, Nestlé, PepsiCo y Unilever) han repartido dividendos por valor de 18.000 millones de dólares entre sus accionistas. Una cifra diez veces superior a la cuantía que Naciones Unidas ha solicitado para evitar que la gente siga pasando hambre”, señaló Chema Vera, director de Oxfam Internacional, al portal digital español El Salto.
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A pregunta de Reversos en la conferencia vespertina del viernes 7 de agosto en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud confirmó que los oligopolios de “comida chatarra” y bebidas azucaradas no aportan ni han aportado recursos, a través de sus Fundaciones, para enfrentar la crisis epidemiológica por coronavirus.
Pero estas empresas tampoco lo hacen en la prevención, tratamiento y rehabilitación anuales por estos padecimientos, que ya son responsables de 50 por ciento de los decesos a escala nacional, es decir, de unos 361,305 fallecimientos al año, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en el Informe Anual sobre Mortalidad 2018.
“No han apoyado. No que yo conozca, por lo menos no a la Secretaría de Salud, y consideramos además, esto es algo muy conocido en el mundo, hay estándares internacionales de prevención y protección de las políticas públicas respecto al conflicto de interés. Siempre se ha considerado como inconveniente que los actores económicos que tienen que ver con las causas de un daño para la salud, puedan ser donantes legítimamente directos de gasto en salud o de gasto en prevención”, anota López-Gatell Ramírez.
Destaca que un ejemplo significativo en la historia de la salud pública es el de la industria del tabaco, que a través de donativos o inversión en los servicios de salud, ha tergiversado completamente las agendas de salud, ha afectado las políticas públicas, ha disminuido la capacidad gubernamental de ejercer la vigilancia y control de las políticas públicas.
“Por eso en convenios jurídicos internacionales, como el Convenio Marco para el Control del Tabaco, explícitamente se establece que no deben recibir los gobiernos donativos o patrocinios de cualquier naturaleza de la industria tabacalera”, añade el funcionario.
El subsecretario de Salud puntualiza que algo semejante sucede con el Código de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y establecido desde 1981, del cual México forma parte, en donde explícitamente se indica que “no se deben recibir donativos de sucedáneos de la leche en las instituciones públicas de salud”.
“No existe hasta donde conozco una disposición general en México o en el mundo para los productos industriales ultra procesados, que son los motores principales de las epidemias de diabetes, hipertensión y obesidad, pero por analogía o por lógica simple considera uno que no es conveniente, como sucedió extensamente en el sexenio pasado (con el presidente Enrique Peña Nieto), que los actores industriales o comerciales de estos productos participen en la generación de políticas públicas”, expone.
Hugo López-Gatell menciona que, por ello, desde el día uno del actual gobierno “se determinó disolver un organismo que existía, que se llamaba Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que desde el principio nos pareció que era una suerte de pantalla para permitir la penetración de la industria en la generación de las políticas públicas”.
“En este gobierno prescindimos completamente de ello, porque sabemos que eso implica un conflicto de interés, y en su lugar creamos el Grupo Interinstitucional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), que es el foro gubernamental, transversal, con el que precisamente construimos, elaboramos, implantamos y vigilamos estas políticas públicas por un sistema agroalimentario saludable, sostenible, justo y competitivo”.
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El profundo daño a las finanzas del sistema de salud pública y, por ende, a la economía del país, es cada vez más significativo por parte de la industria de los alimentos ultra procesados. Por eso, en este tema ya no se habla de un problema de salud pública, sino de un “grave asunto de quebranto económico y presupuestal”.
Y es que no sólo es la inactividad de casi 40 millones de mujeres y hombres en edad productiva (de 20 a 59 años) que se encuentran inactivos por el padecimiento de estas enfermedades no transmisibles (diabetes, hipertensión, obesidad, males cardio y cerebrovasculares, y distintos cánceres por la mala alimentación), sino la costosa sangría presupuestal que arroja la atención médica de este sector poblacional.
Alejandro Calvillo, presidente de la organización civil El Poder del Consumidor, expone que desde hace unos años este problema ya no es de índole de salud pública, sino meramente económico, ya que “no es viable el país si tenemos una población enferma, si la diabetes empieza a aparecer entre la población económicamente activa”.
“Por ejemplo, las diálisis para pacientes diabéticos no las venía cubriendo el desaparecido Seguro Popular, hoy Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y se requieren normalmente dos diálisis a la semana. Esto costaba como 1 mil 300 pesos. ¿Quién puede con esto, ya no digamos de una familia pobre, sino de una familia de clase media? ¿Quién puede pagar eso?”, pregunta.
En ese sentido, enfatiza que “el drama que ya vivíamos con estas epidemias (diabetes, hipertensión, obesidad) se agudizan con la pandemia de coronavirus”, y señala que “estas empresas lo que realmente esparcen es una enfermedad”.
No obstante, los oligopolios de la comida y bebidas “chatarra” argumentan que su principal aporte a la economía nacional es la creación de empleos (133,000 plazas de trabajo en Grupo Bimbo y 314,656 plazas de trabajo en Grupo Femsa-Coca Cola, según sus Reportes Anuales 2019), así como inversiones en distintas entidades del país.
Pero estas industrias no han sido capaces, en 40 años, de avanzar en una reconversión de sus sistemas productivos y consolidar empresas enfocadas a la alimentación sana entre la población.
Al contrario. Las políticas de esta industria han llevado al país a un escenario catastrófico en materia de salud pública, malos hábitos alimenticios, gasto presupuestal, desplazamiento de comunidades por apropiación de territorios y mantos acuíferos, así como en abonar a la grave crisis agroalimentaria y del campo mexicano.
En el libro El agua o la vida (Grijalbo, 2019), del periodista Jesús Lemus Barajas, se revela que el Grupo Femsa-Coca Cola sustrae más de 39 millones de metros cúbicos de agua al año.
“Para producir un litro de refresco carbonatado se requieren en promedio 200 litros de agua, dos veces la cantidad mínima requerida al día por una persona para satisfacer sus necesidades básicas, según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, detalla Lemus Barajas en su libro.
El periodista anota, además, que de acuerdo con la Secretaría de Economía, en México operan 236 plantas embotelladoras de refrescos que son propiedad de 99 empresas concentradas en 20 grupos económicos, y señala que “tan sólo en el tercer trimestre de 2016, esas compañías vendieron 18 mil 824 millones de litros de refresco en el mercado nacional e internacional”.
Pero la investigación de Jesús Lemus va más allá, al subrayar que “si bien no se han registrado casos de despojo con violencia, como las mineras y algunas agroindustrias, no se puede soslayar que la mayoría de las refresqueras ocasionan conflictos sociales en su entorno, al propiciar una disminución considerable de agua para la población”.
“Esto hace que la generación de empleos sea nada si se compara con la afectación que ocasiona el desabasto. La escasez del agua en las regiones donde se asientan las 236 plantas embotelladoras de refresco afecta no sólo a la población en general, sino a los pequeños productores agrícolas. A ellos el gobierno federal los castiga con la declaratoria de veda para la perforación de pozos de riego, mientras que para la planta refresquera no se conoce un solo caso de veda, al menos en las últimas tres administraciones federales (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto)”, anota el periodista michoacano.
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Fátima Masse, consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), indica que un año de tratamiento de un paciente de diabetes puede costar aproximadamente 131 mil pesos, y puntualiza que tener una enfermedad crónica-degenerativa en México, sin cobertura médica, condiciona a una familia a caer en pobreza.
“De hecho, si una familia promedio tuviera que pagar el total del tratamiento de diabetes debería endeudarse o vender su patrimonio. Y es que el principal costo de la diabetes recae en el tratamiento de sus complicaciones, principalmente aquellos ocasionados por enfermedad renal, además de la retinopatía, las enfermedades cardiovasculares secundarias a la diabetes, la neuropatía diabética, y la enfermedad cardiovascular periférica”, expone.
Masse afirma que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gasto que se destina tan sólo a la atención de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer de mama y colon, consumen siete de cada diez pesos de su presupuesto, que en 2020 es de 825 mil millones de pesos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2016, las complicaciones que los diabéticos reportaron en mayor proporción fueron: visión disminuida (54.5%), daño en la retina (11.2%), pérdida de la vista (9.95%), úlceras (9.1%) y amputaciones (5.5%).
En esta encuesta, también se le preguntó a los pacientes diabéticos sobre otras complicaciones como consecuencia de su enfermedad.
El 41.2% reportó ardor, dolor o pérdida de la sensibilidad en la planta de los pies, 20.4% no poder caminar más de seis minutos sin sentir fatiga, 16.0% haber estado hospitalizado por más de 24 horas, 14.8% haber acudido al servicio de urgencias en el último año y 10.3% presentó hipoglucemias que requirieron ayuda de una tercera persona para su resolución.
En todos estos padecimientos, que los oligopolios de comida “chatarra” provocan con sus productos tóxicos, no colaboran con un solo peso para la prevención, atención y rehabilitación de estos cientos de miles de pacientes.
De hecho, en sus informes anuales o en sus plataformas digitales y redes sociales ni por error se mencionan las palabras diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, infartos cardio y cerebrovasculares, cánceres, enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades no transmisibles.
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Los Torneos Infantiles de Futbol organizados por las corporaciones de alimentos tóxicos, especialmente de Grupo Bimbo y Grupo Femsa-Coca Cola, representan algunas de las acciones que estas empresas presumen como extraordinarios aportes a la salud pública y al combate de enfermedades crónico-degenerativas.
Invariablemente, en las premiaciones de estos torneos se entregan abundantes dotaciones de estos productos extremadamente dañinos para la salud, los cuales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, a escala nacional provocaron que 8.6 millones de adultos de 20 años y más padezcan diabetes.
En esas competencias deportivas –dirigidas a niños de entre cinco y 15 años de edad–, lo único que predomina es la propaganda de los distintos productos de estas empresas, así como el evidente lucro para la venta de estos pseudoalimentos a menores de edad, en un intento por ocultar que, tan en sólo seis años (de 2012 a 2018), se incrementó el número de pacientes con diabetes en 2 millones 200 mil, al pasar de 9.3 a 10.3 por ciento de incidencia en población adulta.
Lo mismo ocurre con la hipertensión arterial. De acuerdo con la Ensanut 2018, este padecimiento afecta a 15.2 millones de mexicanos mayores de 20 años. La cifra aumentó de 16.6 a 18.4 por ciento de 2012 a 2018, es decir, hubo un incremento de 5 millones 900 mil personas afectadas por este mal crónico, al pasar de 9.3 a 15.2 millones en tan sólo seis años.
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Grupo Femsa-Coca Cola también se jacta en sus plataformas digitales de la donación de “agua embotellada y refrescos” a personal médico durante la pandemia, sin tomar en cuenta que, en lo que toca al sobrepeso y la diabetes, la Ensanut 2018 reveló que 75.2 por ciento de la población mayor de 20 años se ve afectada.
De ellos, 39.1 por ciento tiene sobrepeso y 36 por ciento obesidad. En el caso de las mujeres, el problema se agudiza, pues 76.8 por ciento tiene sobrepeso u obesidad; esta última afecta al menos al 40.2 por ciento de las mexicanas mayores de 20 años.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un reporte de 2018, se señala que por cada dólar estadounidense invertido en aumentar las medidas contra las enfermedades no transmisibles en los países con ingresos bajos y de ingresos medianos bajos, como México, se obtendría un beneficio para la sociedad de aproximadamente siete dólares, derivado de un aumento del empleo, productividad y esperanza de vida.
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El boquete presupuestal que ha arrojado la crisis epidemiológica del coronavirus, según un estimado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a julio de 2020, es de aproximadamente 400 mil millones de pesos, los cuales se han destinado fundamentalmente a reconversión hospitalaria, contratación de personal médico, compra de insumos médicos (pruebas, ventiladores, respiradores, camas, fármacos, etc.), vigilancia epidemiológica, estrategia de comunicación, entre otros.
Frente a este devastador panorama, Grupo Femsa-Coca Cola presume desde hace dos meses, a través de sus redes sociales y plataformas digitales, el lanzamiento de una “lata conmemorativa” para apoyar a las personas que están en la primera línea de batalla contra la pandemia.
“Héroes de la vida real invaden nuestras latas. Hoy nos mantenemos cerca a pesar de la distancia, y esta lata edición especial es un reconocimiento, agradecimiento y para enviar un mensaje de unión y optimismo en un momento en el que solo saldremos adelante con el esfuerzo de todos (sic)”, señala el anuncio de Grupo Coca Cola en una sección especial de ese oligopolio denominado “Nuestras acciones ante la contingencia”.
Grupo Bimbo también se ha jactado de su apoyo en la crisis epidemiológica. Presume la donación de 2.5 millones de lunch boxes para personal médico y hospitalario en diferentes instituciones de salud pública del país.
“Continuamos invirtiendo en nuestro portafolio de salud y bienestar, implementando nuevos perfiles nutricionales y etiquetas limpias”, comenta Daniel Servitje, presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Bimbo, en la presentación del Informe Anual 2019 de esa empresa.
En ese sentido, el reportero del periódico La Jornada, Braulio Carbajal, informó en una nota informativa de este domingo 9 de agosto, titulada “Grandes firmas de alimentos, beneficiadas por pandemia”, que en su reporte trimestral, Grupo Bimbo registró ventas netas récord para un segundo trimestre, al alcanzar 86 mil 411 millones de pesos, aumento de 19.9 por ciento respecto de los 72 mil 94 millones de igual periodo del año pasado.
Y mientras las ganancias de estas compañías de productos tóxicos van en aumento durante la pandemia, las autoridades sanitarias del país continúan una guerra sin cuartel, con recursos presupuestales al límite, para evitar más decesos a los generados por la “alimentación basura” que ofertan estas empresas.
Pero sobre todo, para paliar las comorbilidades asociadas a las muertes por Covid-19 (hipertensión, obesidad, diabetes, diversos cánceres, enfermedades cardio y cerebrovasculares) que, hasta el lunes 10 de agosto, suman 36,042 de los 53,003 fallecimientos totales registrados por la Secretaría de Salud.
Y en una ruta paralela, a atender a las 729 mil 117 personas enfermas de estos padecimientos crónico-degenerativos no transmisibles, las cuales han sido diagnosticadas con estas enfermedades en lo que va de 2020, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Semana 31, que va del 26 de julio al 1 de agosto.
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