Guerrero: el fracaso de la seguridad en manos de militares

Por Rivelino Rueda

De la noche de Iguala a coordinar la nueva estrategia de seguridad en Guerrero. El comandante de la Novena Región Militar con sede en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández, sonreía al escuchar su nueva encomienda el 28 de octubre de 2015.

Un año y un mes antes el militar había negado abrir el cuartal del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, para que padres de los normalistas desaparecidos horas antes buscaran ahí a sus muchachos. También había rechazado que sus soldados hubieran estado presentes en la cacería de los estudiantes.

Un año y un mes después –ya con la certeza de que efectivos de ese batallón sólo observaron y negaron ayuda a los normalistas e incluso monitorearon por las cámaras del C-4 el movimiento de los autobuses, de acuerdo al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)–, el general era nuevamente premiado por el gobierno federal en voz del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del nuevo gobernador del estado, Héctor Astudillo.

“La prioridad que se tiene es cumplir con la orden presidencial de proteger a la ciudadanía y preservar el Estado de derecho en todo Guerrero, generar las condiciones de tranquilidad y seguridad que permita el desarrollo armónico de la sociedad y de la economía estatal”, dijo el general al asumir el cargo.

Un año antes, el 20 de noviembre de 2014, en medio de las protestas en todo el país por la exigencia de presentación con vida de los 43, el presidente Enrique Peña Nieto ascendió a general de división a Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.

Ayer, 4 de octubre, cinco personas fueron asesinadas por presuntos delincuentes en la carretera Chilpancingo-Tixtla, cuando se desplazaban de la capital del estado a ese centro educativo a bordo de una camioneta Urvan de transporte público. Entre las personas que fueron acribilladas se encontraban dos estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Johnatan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro.

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La caída fue de una altura de 150 metros. El cuerpo del hombre presentaba estallamiento de cráneo y múltiples fracturas en todo el cuerpo. Tenía 45 años, su nombre era Arturo Joaquín Guevara Pedroza y era originario del Distrito Federal. Su cuerpo fue encontrado el pasado viernes. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue lanzado del Puente Solidaridad, ubicado en el kilómetro 221 de la Autopista del Sol.

En Guerrero la situación no cambia, más bien empeora. A dos semanas de la toma de protesta del gobernador Héctor Astudillo Flores, el estado más violento del país ha ratificado el enorme grado de descomposición social que padece. No ha pasado un solo día en que no se haya dado un hecho sangriento con muertes de por medio.

Las primeras planas del periódico El Sur, el diario más serio de la entidad, revelan la desgarradora realidad guerrerense a más de un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el hecho más grave de violación a los derechos humanos en México en las últimas décadas.

Domingo 8 de noviembre: “Fueron en Polixtepec siete horas de balacera y hubo además tres sicarios muertos”. Sábado 7: “Irrumpen hombres armados a tres escuelas” “Y en Chilpancingo disparan a hospital donde atendían a heridos”. Viernes 6: “Halla PGR cinco cuerpos en fosas de Carrizalillo y buscan más”. Jueves 5: “Exhuman agentes de la SEIDO restos humanos en fosas de Carrizalillo”.

Miércoles 4: “Ejecutan a perredista regidor de Obras Públicas en San Miguel Totolapan”. Martes 3: “Dialogar incluso con delincuentes, proponen obispos de Guerrero”. Lunes 2: “Los Otros Desaparecidos piden seguridad para ir a Carrizalillo”. Domingo 1: “Los normalistas podrían estar en fosas de Carrizalillo, dicen vecinos”. Sábado 31 de octubre: “Dejan la cabeza de un joven en una colonia de la parte alta de Acapulco”. Y así.

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Los cuerpos sin vida de los tres presuntos sicarios yacen en el camino de tierra frente a una lujosa camioneta negra BMW. No se observan armas de alto poder a su lado, pero sí unos 20 impactos de bala en el parabrisas del vehículo. Los cadáveres, ya en estado de descomposición, fueron levantados 24 horas después del enfrentamiento. Las placas del vehículo son del Distrito Federal (653-WHJ). En la fotografía se resume buena parte de la situación de inseguridad en Guerrero.

El enfrentamiento de siete horas del pasado viernes 6 de noviembre entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)  y sicarios del crimen organizado en la comunidad de Polixtepec, ubicado en la Sierra del municipio de Leonardo Bravo (Chichuhualco), en donde siete guardias comunitarios resultaron heridos y tres sicarios perdieron la vida, confirmó que la entrega de la seguridad pública en el estado a los mandos militares, por parte del nuevo gobierno del PRI, está muy lejos de dar resultados en el mediano plazo.

Pero esto va más allá. Es muy raro que en Guerrero, primer productor mundial de la amapola y la marihuana, las fuerzas castrenses se enfrenten directamente con los grupos de la delincuencia organizada, específicamente con los narcotraficantes, y no así las policías comunitarias que operan en distintos municipios de la entidad.

Los reportes hablan de que en el enfrentamiento de Polixtepec al menos 30 militares llegaron a la zona para instalar un campamento en la comunidad Filo de Caballos. A pesar de que fueron siete horas de fuego cruzado entre los policías comunitarios y los sicarios (identificados con el grupo delincuencial Villalobos Arellano), los elementos castrenses llegaron horas después del enfrentamiento, a pesar de contar con helicópteros y vehículos todo terreno.

De acuerdo a los policías ciudadanos, tras el enfrentamiento con los narcotraficantes se procedió a catear distintas casas en donde vivían los hombres armados, en donde encontraron material químico para procesar la goma de opio de la amapola para obtener heroína. Y aunque los miembros de la UPOEG entregaron a los soldados a otros cuatro hombres que se encontraban en esas viviendas, se negaron a recibirlos al argumentar que “necesitaban órdenes de un superior”.

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El jueves 5 de noviembre, a la una de la tarde, dos hombres con armas largas ingresaron a la primaria Artículo 27, en Acapulco, y otros dos hombres también armados se quedaron en la puerta de la escuela. Horas más tarde se reveló que ese y otros dos centros educativos del puerto vivieron momentos de pánico.

Los hombres que irrumpieron en esa primaria, así como en la Plan de Ayutla y en la Secundaria Técnica 200, exigieron a las autoridades educativas un pago por “derecho de piso”, parte del aguinaldo que se le iba a dar a los maestros, además de llevarse dinero, equipo de cómputo y material didáctico.

Apenas el 29 de enero pasado –luego de que cientos de maestros acapulqueños se fueron a paro por el asesinato de 21 maestros, víctimas de la inseguridad–, el todavía comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández, anunció que aproximadamente mil soldados vigilarían de manera permanente las 107 escuelas que estaban en paro. El 28 de enero se inició la vigilancia en las escuelas, a las que asignaron cuatro elementos castrenses.

La violencia en Guerrero no cede, inclusive con la asignación de la seguridad pública a los mandos militares. La espiral de descomposición social continúa en un estado que históricamente ha sido gobernado, en los hechos, por las fuerzas castrenses y, en el protocolo, por políticos de distintos partidos.

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