El Gobierno del Distrito Federal facilita a productores de televisión los sitios de recreación y cultura y se los restringe a las familias capitalinas. Todo por una suma… millonaria.
Por Francisco Ortiz Pardo
Cuando vea en el televisor la romántica escena de una pareja nice comiendo hamburguesas trasnacionales a los pies del Monumento a la Revolución, o la de un mexicano de éxito que logra el sueño de estacionar su automóvil convertible último modelo frente al octagenario Palacio de Bellas Artes, no se extrañe. La televisión explota el espacio público de los capitalinos prácticamente sin restricciones, siempre que cumpla el requisito de pagar ciertas rentas a las autoridades del Distrito Federal.
Con opacidad, el gobierno de Miguel Ángel Mancera maneja un promedio de 11.6 millones de pesos al mes por el pago de “otros derechos”, entre los que está el usufructo del espacio público en favor de empresas productoras de anuncios comerciales de televisión y de telenovelas y, en mucho menor medida, de filmaciones cinematográficas.La mayor parte de las solicitudes para usar esos espacios provienen de Televisa y Televisión Azteca, que al cedérselos se los restringen a la gente.
Aunque la difusión de la información sobre los ingresos por esos conceptos es casi nula –contra la obligación de la autoridad de dar a conocer el manejo y destino de los pesos sin necesidad de que se soliciten— una investigación de Reverso, realizada a través de los sistemas de información pública de diversas dependencias del DF, descubrió los montos millonarios que están en juego, de los que además se confirma que no gozan ni un quinto los habitantes de las colonias o pueblos originarios cuyas áreas comunes son utilizadas para el negocio privado, muchas veces por parte de magnates de la industria del entretenimiento. Además, a menudo los vecinos cercanos a esos sitios padecen el despliegue de camiones, cables y personas que literalmente invaden la zona, lo cual provoca caos, basura y ruido. No hay resarcimiento alguno.
La entidad encargada de otorgar los permisos para filmaciones y grabaciones es la Comisión de Filmaciones (CFCM) de la Ciudad de México, un órgano desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal adscrito a la Secretaría de Cultura (la que por cierto se desentiende por escrito de dar cualquier información al respecto). De acuerdo con su propia página de Internet esacomisión, dirigida por Leyla Valentina Méndez de la Paz Pérez, es la encargadade dar “las autorizaciones requeridas para filmar en bienes de dominio público, y es la única autoridad facultada para el otorgamiento de permisos y recepción de avisos de filmación, que garantiza que ninguna deéstas sea cancelada por autoridades ajenas a la misma, lo cual permite captar producciones nacionales y extranjeras sobre una base jurídica que otorga seguridad a los productores”. Su chamba, en suma, es facilitarle las cosas a los productores. El problema es que no existe ninguna otra entidad que sirva de contrapeso para defender los derechos incluso constitucionales de los sobre la libertad de tránsito de los paseantes, además de dar garantías de acceso a la cultura y la recreación.
Bajo ese propósito, los usuarios habituales de los parques y plazas, que son las familias y muy particularmente los niños, pierden de facto su derecho a disfrutar del espacio ante la más mínima necesidad que tenga un empresario de la publicidad, el cine o la televisión. Así, para la CFCM, los espacios de esparcimiento son simples “locaciones”. Y lo prioritario es mostrarse al mundo como una “ciudad de vanguardia”. Lo dice con todas sus letras: “El otro eje rector de la CFCM es su labor de promoción de la Ciudad de México a nivel nacional e internacional, pues ha incursionado en el ámbito del mercado de la industria audiovisual; su participación en eventos claves del sector y su vasto banco de imágenes que integran el registro de locaciones, han logrado difundir su imagen como una ciudad de vanguardia y punta de lanza en materia audiovisual. Aunado a esto, se comienza un censo puntual de la infraestructura de la industria en el Distrito Federal”.
Como en broma, de acuerdo con el artículo 269 del Código Fiscal del Distrito Federal, la mitad de los recursos obtenidos por derechos por permisos para filmar o grabar en la vía pública se destinan a la operación de la Comisión de Filmaciones, es decir a la burocracia. El resto a un Fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en el Distrito Federal, curiosamente también adscrito a la Secretaría de Cultura.
Tal es la discrecionalidad con que se manejan los recursos ingresados por el uso de sitios públicos para grabaciones y filmaciones, que la Tesorería del DF ni siquiera pone claros los números –cuando se le solicitó la suma precisa a través de su Oficina de Información Pública–, e integra el concepto al rubro general por el pago de “otros derechos”, donde en lo que va del gobierno de Mancera ha ingresado un total 371.7 millones de pesos (oficio SF/TES/SAT/0676/2014), lo que equivale a 11.6 millones de pesos al mes.
A principios del año, al presentarse ante los medios como la nueva directora de la Comisión de Filmaciones, Méndez de la Paz se puso a cuadro para plantear el aprecio que el GDF le tiene a las telenovelas como difusoras de la cultura y la identidad: “La producción audiovisual también es la calle; es el olor, es el sabor que encontramos en las calles de la ciudad, las cuales son lugares singulares que nos hacen tener un ambiente muy específico para nuestras películas, nuestras series o para nuestras telenovelas; son también la identidad de lo que somos”.
De acuerdo con el libreto de un gobierno de “izquierda” aficionado a las telenovelas ,en el oficio SC/C-FILMADG/966/2014, firmado por la propia Méndez de la Paz a solicitud expresa, se informa que en los primeros ocho meses de este 2014, tan sólo en espacios públicos de las cinco delegaciones centrales del DF(Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), se realizaron 879 producciones de cine y televisión; es decir casi cuatro por día, sin contar las de los anuncios comerciales.
Y todo se puede rentar. La calle Madero, por ejemplo, fue contratada 20 veces y la de Regina ocho. También la Alameda Central (ocho), el Parque Hundido (12) y el Lincoln de Polanco (ocho). Y hasta el Bosque de Chapultepec fue requerido en tres ocasiones.
Es curioso que aunque la Comisión de Filmaciones “es la única autoridad facultada para el otorgamiento de permisos y recepción de avisos de filmación”, cuando se le solicita a través de su Oficina de Información Pública el número de producciones de televisión, cine y publicidad (anuncios comerciales) que han obtenido permiso durante el año 2014 para grabar en espacios públicos de la ciudad de México, la respuesta de la directora general sea que no se tiene la información porque “la normatividad aplicable en materia audiovisual en esta ciudad no contempla dicha definición”. Es que cuando de transparencia se trata el set se apaga.
De la misma forma,la funcionaria omite informar sobre los permisos obtenidos por Televisa y TV Azteca (oficio SC/C-FilmaDG/869/2014). Pero documentos obtenidos por este reportero revelan que las televisoras son efectivamente las que más explotan las plazas y parques públicos de la ciudad, muy por encima de las producciones cinematográficas. Por ejemplo, en el oficio SC/C-Filma/602/2013, de la Comisión de Filmaciones, del 14 de octubre del 2103, se establece que en los primeros 10 meses de ese año (en los que ingresaron casi 6 millones de pesos por las rentas) Televisa fue por mucho la empresa que más solicitudes presentó para el uso de espacios públicos, con 1246, seguida por TV AztecaNovelas (842), Argos Soluciones Creativas (381) y Argos Televisión (315). En contraste, el Centro de Capacitación Cinematográfica presentó 217 solicitudes. Y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM ni siquiera aparece en el listado de las 10 filmadoras que más aprovechan los sitios públicos del Distrito Federal.
