Por Rivelino Rueda
Fotos: Edgar López
En un diálogo imaginario entre el guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y el senador del PRI, Rubén Figueroa Figueroa, que narra Carlos Montemayor en su libro Guerra en el Paraíso, el líder del Partido Obrero Campesino Unión del Pueblo- Partido de los Pobres (PROCUP-PP) le comenta al cacique guerrerense, que acababa de ser secuestrado, en mayo de 1974:
“A los campesinos que detiene el ejército los están matando. No los tratan como nosotros lo tratamos a usted. Los golpean, los torturan, luego los suben en helicópteros y los arrojan vivos al mar, o a los cerros, o los entierran vivos. Por eso dicen con burla que los mandan de marineros, de aviadores, de mineros. Eso hacen ahora. Y en cuartel de Atoyac abren zanjas y ahí acuestan a muchos, vivos, atados de las manos, y luego les echan tierra con máquinas y emparejan el piso, para que no se note que todos los que ustedes llaman detenidos los mata el ejército asesino de (Hermenegildo) Cuenca Díaz (secretario de la Defensa Nacional de 1970 a 1976) que usted tanto defiende”.
Eran los años de la guerra sucia en México, en donde el ejército mexicano tenía carta abierta para desaparecer, torturar o asesinar a cualquier mujer, hombre o niño que presumiblemente tuviera algo que ver con los grupos armados de izquierda que operaban en distintas zonas del país, sin juicios ni mucho menos sin la intervención de algún organismo defensor de los derechos humanos.
Por estos atroces hechos en la década de los setenta nadie, en ningún momento, se pidió una investigación profunda y castigo a los culpables. El único intento fue la creación de una “comisión de la verdad” en el sexenio de Vicente Fox, quien al final cedió por las presiones castrenses.
Hoy, a unos días de cumplirse un año de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de siete personas y las graves lesiones a otras 40 en Iguala, Guerrero, el ejército mexicano mantiene una burbuja de protección desde las altas esferas del poder para que no sea investigado por estos hechos, a pesar de la presión social y de que el informe de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelaron que elementos castrenses estuvieron presentes en distintos momentos en esas aberrantes horas.
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“No nos vamos a amedrentar por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece”.
Esta fue la primera reacción del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, frente a los trágicos acontecimientos que se dieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y en medio de las crecientes demandas de distintos sectores para que se investigara a la institución castrense en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A 45 días de esos hechos, el 10 de noviembre del año pasado, el general secretario argumentó que “a diferencia del criminal o del delincuente, que se esconde y comete sus acciones ilícitas para arrebatarle la tranquilidad y el patrimonio a los mexicanos, los soldados que portan el uniforme de la República hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos nuestras tareas de manera abierta, sin ocultarnos, con plena identidad de nuestras acciones’’.
Para remachar el amago del secretario de la Defensa, en medio del escándalo por la “Casa Blanca” y ante los distintos disturbios en el país por la exigencia de presentación con vida de los 43, el presidente Enrique Peña Nieto, advirtió que “aunque hay una actitud de diálogo, acercamiento y apertura, el Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza cuando se ha agotado cualquier otro mecanismos para restablecer el orden”.
“Yo aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno deba hacer; que no lleguemos a este extremo de tener que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz”, lanzó.
Ya para diciembre, en su primera visita a Guerrero después de la tragedia en Iguala, el jefe del Ejecutivo federal llamó a “superar” este hecho. Sobre una investigación al ejército, ni una sola palabra.
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Es otro diálogo entre generales de división. Analizan el “golpe final” a la guerrilla de Lucio Cabañas, la “aniquilación” de ese grupo armado pues. Es Carlos Montemayor. Es el libro Guerra en el Paraíso. Es septiembre de 1974. Es el general Escárcega:
“El enemigo está también en todos los pueblos y no sólo en ese puñado de hombres. Por eso es necesario el control militar de la zona que con toda razón logró Hermenegildo (Cuenca Díaz), y es lo que justamente lo que en el fondo teme el gobierno civil, incluyendo al presidente Echeverría. Yo les decía por eso que se trata de enfrentar al pueblo mismo (…) Y solamente una fuerza como el ejército puede tomar una decisión así, no el presidente de la República ni el gabinete civil, porque a ellos les aterra la decisión. Y para nosotros se trata de una responsabilidad orgánica”.
Es el 10 de diciembre de 2014. Es el titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz. Es el mismo tono que hace 40 años:
“Me enoja que grupos y personas manipulen a los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y lucren con su dolor para alcanzar objetivos individuales o de grupo”.
El almirante también se dijo sorprendido por las protestas por el caso Ayotzinapa porque “independientemente de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal para identificar los restos, detener y castigar a los culpables de lo ocurrido en Iguala en septiembre pasado, hay muchos actores tratando de desacreditar lo hecho por la Procuraduría General de la República (PGR), con dichos que no son ciertos, y esto no se vale, no se vale lucrar con estos padres de familia”.
Luego otra afirmación que contradice el informe de los expertos independientes de la CIDH. Es 15 de diciembre de 2014. Es el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo.
“La Policía Federal no interviene; al menos no tenemos una evidencia clara de participación activa en los hechos concretos que conocemos del 26 de septiembre (…) Esa camioneta (que se ve en un video difundido por el semanario Proceso, cuyas características son similares a las que usa la corporación) no es de la Policía Federal.
“Nosotros sí sabíamos de (la manifestación) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal, donde hubo hechos de violencia contra futbolistas. Ahí acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación”.
Ya para el 27 de enero de este año la Procuraduría General de la República (PGR), al mando de Jesús Murillo Karam, da a conocer la “verdad histórica” del oficialismo, en donde asegura que los 43 fueron acribillados por sicarios en el basurero de Cocula y luego incinerados, sus restos metidos en bolsas de plástico, las cuales fueron arrojadas al río San Juan.
Es el Aniversario de la Marcha de la Lealtad. Es 9 de febrero de 2015. Es el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda:
“Hay quienes quisieran distanciarnos del pueblo. Imposible. Somos uno y lo mismo. Basta ver el rostro, la piel, el pensamiento y el corazón de cada soldado para ver que somos pueblo, que somos México. Igual que el resto de la patria”.
Para el Día del Ejército, 19 de febrero, va más allá:
“Los soldados acusados de violar derechos humanos. En ocasiones se nos ha señalado, sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada’’.
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El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) da a conocer su informe sobre el caso Ayotzinapa, luego de seis meses de investigación.
En el documento de más de 500 cuartillas enfatizan que “en distintos momentos del operativo estuvieron presentes soldados y agentes de inteligencia militar”.
“Tanto la policía estatal, como la Policía Federal y el Ejército tuvieron conocimiento de la llegada de los normalistas a Iguala, dieron seguimiento a sus acciones con el sistema C-4, los tenían identificados como estudiantes de Ayotzinapa y tuvieron presencia en los momentos de los ataques, pero no les brindaron protección”.
La respuesta a este informe no vino del presidente de la República ni del secretario de la Defensa, ni del secretario de Gobernación, sobre todo por la recomendación del GIEI de investigar a todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en estos hechos. No, la respuesta viene del jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Arturo Vallarta Tafolla.
“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no podrá entrevistar a los militares porque eso no es parte del acuerdo que el gobierno mexicano estableció con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La decisión mexicana de no permitir los encuentros es acertada porque se violarían los derechos fundamentales de los militares”.
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En las movilizaciones en todo el país que se prevén para el sábado 26 de septiembre por el primer año de los trágicos hechos en Iguala, una de las exigencias que sin duda se plantearán será abrir una línea de investigación sobre la probable responsabilidad del ejército mexicano en estos hechos, ya sea por acción o por omisión.
Es muy sencillo. Si la institución castrense en realidad quiere estar del lado del pueblo, como siempre han afirmado los altos mandos militares, no tienen que seguir negando la apertura de cuarteles o de crematorios castrenses, ni mucho menos que se realicen entrevistas (que no juicios ni diligencias) con elementos castrenses.
