Por Rivelino Rueda
A pesar de la apertura de más de 3 mil 600 investigaciones penales por tortura en el fuero estatal, sólo dos entidades presentaron cargos por tortura ante alguna autoridad judicial en 2018.
De acuerdo a un informe de organizaciones de la sociedad civil como Fundar y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, en los primeros meses de 2019 solamente la Federación y diez entidades federativas informaron contar con Fiscalía Especial para investigar tortura conforme lo previsto en la Ley General en la materia.
Otras 10 entidades informaron contar con Unidad de investigación. La tercera parte de entidades informó no contar con ninguna de las dos.
Las entidades que no cuentan con estos organismos son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.
Los organismos civiles también detectaron límites importantes en el acceso de las víctimas de tortura a exámenes médicos y psicológicos, así como la insuficiencia en el número de peritos especializados en la documentación de secuelas de tortura y que muchos de ellos dependen de las procuradurías y fiscalías, restándoles independencia e imparcialidad en el resultado de sus peritajes.
Además, se identifican diversos pendientes en el desempeño del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros.
Al presentar el proyecto “Observatorio contra la Tortura” –iniciativa de la sociedad civil, con el acompañamiento de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—las organizaciones civiles anunciaron el lanzamiento de la plataforma sintortura.org, una herramienta para monitorear la implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes promulgada en junio de 2017.
Puntualizaron que ante la falta de bases de datos públicas y oficiales que permitan conocer de forma clara dicha información, la plataforma muestra a partir de 10 rubros de indicadores a nivel federal y en las 32 entidades federativas, los grandes pendientes en el combate contra la tortura.
Además, permite comparar información de estos indicadores de 2014 a 2018, mostrando un panorama general previo a la promulgación de la Ley, así como hallazgos posteriores a ésta.
Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a información, presentándose retos como la falta de respuesta de algunas instituciones, la falta de desglose de datos y, en casos puntuales, datos contradictorios.
No obstante, subrayaron que estos avances “son un punto de partida para reconocer los avances y vacíos existentes en torno a la implementación de la Ley”.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Poder Judicial y demás autoridades federales y estatales responsables de la prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, a que realicen las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de la Ley General y garantizar el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas de tortura en México.
