Por Rivelino Rueda
En medio del incremento en el número de casos positivos y sospechosos del Covid-19 en México, las cárceles del país se han convertido en un “foco rojo”, debido a la sobrepoblación y aglomeración que presentan.
Con un número de población penitenciaria a enero de 2020 de 198 mil 384 personas presas, distribuidos en 293 prisiones estatales, federales y de máxima seguridad, autoridades de los tres niveles de gobierno han desestimado o anunciado medidas endebles para estos centros de reclusión.
Apenas el pasado 18 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció distintas medidas sanitarias para evitar contagios en los 13 centros penitenciarios de la capital del país, 11 para hombre y dos para mujeres, así como en los seis centros especializados para la reclusión de adolescentes y en el centro de retención conocido como “El Torito”.
La secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez, destacó que, hasta ese día, la población penitenciaria total en estos centros de reclusión de la capital del país era de poco más de 24 mil 900 personas, y detalló que el protocolo de actuación en estas instalaciones comprende cuatro fases: prevención, detección de casos, emergente y de control.
La funcionaria señaló que en este momento estos centros de reclusión están en la fase de “prevención”, y subrayó que estas medidas se aplican para la población penitenciaria, para las vistitas de familiares y para el personal que labora en estos centros a fin de evitar posibles contactos.
No obstante, organismos internacionales de derechos humanos, como la agrupación Justicia Juvenil Internacional, han recomendado a los países, incluido México, medidas radicales como otorgar libertad condicional a presos con alguna condición médica; mujeres embarazadas; jóvenes con cuatro meses de internamiento preventivo; presas y presos imputados por delitos de “bajo impacto”, y cambiar la medida por internamiento domiciliario en los casos posibles.
En mayo de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en donde reveló que los centros estatales de reclusión tienen deficiencias en aspectos como la separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Además, “deficientes condiciones materiales y de higiene en las instalaciones, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, autogobierno y cogobierno, así como falta de prevención y atención de incidentes violentos”.
En cuanto a los centros federales, la CNDH informó que en 16 penales persiste la insuficiencia de personal; 14 carecen de actividades laborales y de capacitación y tienen deficiencias en la atención al derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad; en 13 se observaron insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, y en 11 deficiencias en la vinculación de las personas privadas de la libertad con el exterior.
Las deficiencias de las cárceles municipales se refieren a la insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros; falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación para el trabajo; no existe separación entre procesados y sentenciados; falta de reglamentos y manuales, así como escasa o a veces nula difusión de la normatividad que rige al centro y deficientes condiciones materiales y de higiene en las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
“La mayoría de estos centros carece de instrumental, medicamentos y personal suficiente, así como de acciones para prevenir y atender incidentes violentos, falta de capacitación del personal penitenciario y deficiencia en la alimentación de las personas internas”, subrayó el organismo.
