Existen casos que causan asombro e indignación por el nivel de abusos y violencia que los alimentan. En el paraíso de la corrupción, la desigualdad y la impunidad, que este gobierno dice buscar combatir, hay historias tan dantescas que podrían ser la envidia de cualquier guionista televisivo o hollywoodense.
Y generan mayor indignación cuando autoridades participan y los grandes medios de comunicación se prestan a sostener narrativas infames e inverosímiles, que revictimizan y niegan la réplica a aquellos que no tienen suficiente poder económico o político.
Durante casi una década, la única voz del caso Wallace fue la de la madre del presunto secuestrado y asesinado Hugo Alberto. María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace, pasó de empresaria de publicidad exterior y colegios privados al sur de la Ciudad de México, a activista antisecuestros, presidenta de Alto al secuestro, legitimada y empoderada por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
No hubo medio de comunicación que no replicara al pie de la letra la versión oficial del caso Wallace, que la señora Wallace y las autoridades de aquella época nos recetaron hasta el cansancio.
De acuerdo a esta narrativa, Hugo Alberto era un empresario de 35 años, tenía una estrecha relación con su madre y el 11 de julio de 2005, tras ser «seducido» por la bailarina Juana Hilda González Lomelí, fue secuestrado y asesinado.
Miranda de Wallace, en una presunta búsqueda de justicia, emprendió una cacería judicial contra los supuestos responsables luego de realizar sus propias «investigaciones», de acuerdo a sus declaraciones en diferentes medios de la época.
Colocó las imágenes de los presuntos victimarios en anuncios espectaculares de su empresa Showcase Publicidad, por toda la Ciudad de México, incluso en algunos estados de la República; realizó por sí misma varias de las detenciones, como ha presumido orgullosamente en todos los medios de comunicación, y volvió a reconocer en entrevista con la agencia de noticias del Estado, Notimex.
En un país hambriento de justicia, que roza el 99 por ciento en índices de impunidad, y fortalecida por la constante promoción de su versión en medios como Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y El Universal, Isabel Miranda de Wallace se convirtió en la heroína mediática que México necesitaba, la líder social favorita de la derecha y en la figura que, cifras de secuestro y constantes apariciones mediáticas mediante, bendecía o excomulgaba a gobernadores y procuradores, a la vez que lavaba la cara al gobierno federal en turno.
Ya fuese el de Calderón por los desastrosos resultados de la sanguinolenta guerra contra el narcotráfico, o el de Peña, metido en una crisis de la que ya no se pudo levantar con tragedias como el caso Ayotzinapa. Espinoso caso, en el que una de las mayores defensoras de la derrumbada «verdad histórica» de Murillo Karam fue precisamente la excandidata del PAN a jefa de gobierno de la Ciudad de México en 2012.
En la sombra, en el Lado B de lo que nadie quiso indagar, quedó la otra versión de la historia: Las historias de los inculpados y sus familiares. La violación a los más básicos principios de la presunción de inocencia.
Gastos con la tarjeta de crédito de Hugo Alberto, después de su presunta muerte. Testigos que señalan haberlo visto con vida, tras los hechos. El uso de la tortura como método de incriminación, declarado por todos los detenidos y acreditado en papel al menos en el caso de Jacobo Tagle Dobin, que dio positivo en el Protocolo de Estambul.
Una gota de sangre encontrada en un segundo cateo seis meses después –en los que permaneció sin vigilancia policial– y luego de que el departamento fuera rentado nuevamente, que primero la perito señaló que era sangre de mujer y que después dijo que era de hombre. Gota de sangre que aparentemente coincidía con la genética de José Enrique del Socorro Wallace Díaz e Isabel Miranda, con el problema de que el señor Wallace resultó ser el padrastro del desaparecido y no el padre.
El verdadero padre biológico, y primo y primer esposo de la madre, Carlos León Miranda, declaró en abril pasado que la señora Wallace lo llevó a dar su muestra de sangre, pero haciéndolo pasar como el señor Wallace. Y en medio un mar de contradicciones y un barco que hace agua, porque esa gota de sangre derrumbaría todo el caso.
De confirmarse la fabricación absoluta del caso por parte de la premio Nacional Derechos Humanos 2010, estaríamos ante el «gran fraude judicial de la historia», como hace unos meses lo nombró el periodista Ricardo Raphael.
Un batiburrillo legaloide, cuyo desaseo y corrupción es demasiado común en el sistema de justicia mexicano. Un castillo de naipes que no resiste los vientos del pensamiento crítico, ni el mínimo análisis del sentido común. Una aberración jurídica, judicial, mediática y política, que ha sido ampliamente investigada, documentada, analizada y denunciada por la periodista Guadalupe Lizárraga y su equipo desde 2014, tanto a nivel periodístico en su portalLos Ángeles Press y en su libro El falso caso Wallace (2018), como ante instancias judiciales en diciembre del año pasado.
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador este martes 24 de septiembre, el caso Wallace fue puesto nuevamente en la agenda pública.
El colaborador y corresponsal en México deLos Angeles Press, Ramón Flores, denunció que la agencia de noticias del Estado,Notimex, nuevamente había dado espacio a Isabel Miranda de Wallace en una entrevista en que «reconoce haber mandado a torturar y detener a sus víctimas». Asimismo, Flores subrayó que Hugo Alberto posee tres actas de nacimiento originales, como reveló Guadalupe Lizárraga en su medio.
«Con estas irregularidades, ¿no considera esto como un reto para su gobierno, que ha reiterado que no se va a proteger a nadie?», preguntó el corresponsal de Los Ángeles Press. Ante esto el mandatario señaló que investigarán e informarán sobre los avances del caso.
Esta no es la primera vez que el caso Wallace –llamado el falso caso Wallace, por la autora del libro homónimo– llega a la mañanera del presidente.
El viernes 29 de marzo de este año, la directora de Los Angeles Press cuestionó a López Obrador su opinión por la falsedad del caso, el uso de la tortura y abuso sexual sobre los inculpados y las amenazas en contra de la periodista.
El martes 30 de abril, Lizárraga planteó una posible censura de su pregunta en la conferencia mañanera del 29 de marzo, por parte de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez. El presidente aseguró entonces que no existe censura.
Sin embargo, de acuerdo a Los Ángeles Press y los registros videográficos que pueden consultarse en la red, la primera pregunta de Guadalupe Lizárraga del 29 de marzo no fue vista por gran parte de la audiencia, ya que poco antes de que Lizárraga emitiera su pregunta, la señal de la transmisión de Presidencia se cortó o interrumpió, hecho que algunos periodistas y youtubers justificaron por el apagón de energía eléctrica que hubo en esa mañanera.
Vale la pena destacar que “el apagón” mencionado ocurrió minutos antes y ya se había resuelto parcialmente cuando la pregunta. El apagón no impidió que las preguntas de otros periodistas fueran transmitidas y algunas de esas preguntas pueden encontrarse en la transmisión de la conferencia, aunque no la de Guadalupe Lizárraga, cuya participación fue rescatada y subida a las redes por youtubers y periodistas que alcanzaron a grabarla.
En junio y julio pasados, Ramón Flores también ha hecho preguntas relacionadas con el tema y ha denunciado un posible sesgo favorable para la versión de Isabel Miranda de Wallace, por parte de la agencia Notimex.
Es preocupante que la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, pudiera estar envuelta en una cobertura parcial o sesgada cuando se trata de un tema tan delicado que involucra la complicidad de funcionarios públicos durante el –llamado así por el presidente– «régimen neoliberal», y la violación no sólo al debido proceso, sino a los derechos humanos.
Tal vez las audiencias podemos conceder el beneficio de la duda sobre lo ocurrido el viernes 29 de marzo, ya que habría que averiguar a detalle el papel y las funciones de Comunicación Social, CEPROPIE y Notimex. Pero llama la atención que Notimex, pese a decirse imparcial, no ha consultado la versión de los inculpados y sus familias, ni a los activistas y periodistas que han investigado el caso, muchos de los cuales han vivido amenazas por exponer el caso.
Más allá del conflicto Lizárraga y Los Ángeles Press vs Sanjuana y Notimex, está en juego el encarcelamiento, la libertad y la presunción de inocencia de siete personas, cuyos procesos han estado viciados de pies a cabeza.
Estamos hablando de siete personas que han padecido más de una década de terror, vejaciones y calumnias, sin contar la persecución y espionaje que algunos de sus familiares han señalado. Estamos hablando de siete personas cuyas versiones y las de sus familias no han tenido cabida alguna en los grandes medios corporativos, al menos hasta en los últimos meses.
Si bien es cierto el cerco informativo y audiovisual en los medios tradicionales ha empezado a romperse desde el 12 de diciembre de 2018, en que Ricardo Raphael entrevistó a Guadalupe Lizárraga en el programa Espiral, de Canal Once, y continúa rompiéndose con las entrevistas que Raphael ha realizado en Radio Centro a los familiares de los detenidos, no es suficiente.
La balanza ha estado más de diez años inclinada a favor de Isabel Miranda de Wallace y resarcir el daño –moral, físico, psicológico y económico– a los inculpados en toda su magnitud, aún en el caso de que el actual gobierno decida actuar, será casi imposible. De hecho, en los medios la balanza sigue inclinada a favor de Isabel Miranda de Wallace, como se puede ver en el trabajo de Ciro Gómez Leyva, Ricardo Alemán, Jorge Fernández Menéndez, Sergio Sarmiento, ADN40 y El Heraldo de México.
Por ello, la labor que hoy realiza Notimexnos enoja a miles de mexicanos que hace tiempo sabemos del caso gracias al trabajo incansable de Guadalupe Lizárraga, quien no ha cejado en su empeño pese al veto silencioso pero absoluto a su trabajo y a su persona por parte de los grandes medios corporativos.
La forma en que la Cuarta Transformación encare este monstruoso affair –en caso de que alguna vez decida realmente meterse a fondo en este berenjenal, claro está– definirá que tan real es el combate a la corrupción y la impunidad.
¿Es la cobertura de Notimex incidental o intencional? ¿Es una postura personal de su directora Sanjuana Martínez, o una decisión editorial ajena a su postura personal? ¿Existen intereses o vínculos de la periodista, con Isabel Miranda de Wallace?
Estas preguntas son fuertes pero necesarias, considerando que Sanjuana Martínez en su momento fue una periodista perseguida, pero devino en directora de una agencia que este 2019 nos cuesta más de 209 millones de pesos, cuyo presupuesto y salarios pagamos cada mexicano con nuestros impuestos. Ente del Estado que está obligado a procurar el equilibrio y la imparcialidad informativa, y no a hacerle propaganda a personajes tan siniestros como la presidenta de Alto al secuestro.
¿Es el caso Wallace un reto mucho mayor que casos de corrupción como La Estafa Maestra, Odebretch, OHL o Caja Libertad? ¿Son Isabel Miranda de Wallace y todos los involucrados, peces mucho más gordos que Emilio Lozoya, Rosario Robles, Javier Duarte y Juan Collado?
¿Cuántos funcionarios y ex funcionarios, de diferentes niveles y poderes, tendrían que caer para que podamos hablar de justicia? ¿Cuántos periodistas tendrían que disculparse, como hizo Carlos Loret de Mola con el caso Florence Cassez, caso en el que por cierto también se involucró la señora Wallace?
¿Dónde están en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las cientos de organizaciones de la sociedad civil? ¿Dónde están el resto de los periodistas independientes y youtubers, que dicen ser diferentes a los medios tradicionales?
¿Es el caso Wallace un problema exclusivamente de impartición de justicia, o de voluntad política? ¿Qué demonios políticos, policíacos y empresariales podría desatar atender este caso?
¿Qué fantasmas no quiere o no se siente capaz de combatir la 4T, en un caso que involucra directores de penales, jueces, ministerios públicos, procuradores, policías, gobernadores y ex presidentes? ¿Es el caso Wallace la caja de Pandora de la ultraderecha, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede, no quiere o no se atreve a abrir?
Mientras Isabel Miranda de Wallace reta a la nación a presentar a su hijo vivo y la presión de miles de usuarios en redes sociales continúa y se intensifica exigiendo una investigación contra Miranda de Wallace, la moneda sigue estando en el aire.
En los hechos nada ha cambiado para los involucrados, que siguen padeciendo maltratos en prisión. Pero la pelota ya está en la cancha de la 4T…
