Por Redacción Reversos
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que la noche del 26 de septiembre de 2014, durante el operativo narco-policiaco-militar en el que desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el autobús 1531 salió de la Central Estrella Blanca de Iguala, ubicada cerca del centro de la ciudad, por la calle Juan N. Álvarez, dobló por la avenida Aldama con rumbo a Chilpancingo.
“Abordo llevaba alrededor de 15 a 20 estudiantes, según el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 14 de abril de 2016. Al llegar al Palacio de Justicia, la Policía Municipal de Iguala disparó a las llantas del carro, impidiéndole el paso”, indicó el organismo.
El Centro Tlachinollan subrayó que, de manera violenta, “intentaban bajar a los jóvenes de los autobuses y, al no lograrlo, cortaron ramas de los árboles y quebraron las ventanas del bus, tirando bombas de gas lacrimógeno al interior obligando de esta forma a los estudiantes a descender del vehículo”.
“La policía golpeaba violentamente a los estudiantes al ir bajando y de inmediato los subían a las patrullas. También arribaron al lugar Policías Municipales de Huitzuco y en sus patrullas se llevaron a los estudiantes. Afirman los testigos haber escuchado que cuando Policías Federales preguntaban por ‘los chavos’, estos respondieron: ‘ya se los llevaron los de Huitzuco, allá el patrón sabrá qué hacer con ellos”. Otros datos de prueba corroboran la presencia de esta corporación policiaca en el lugar’”.
La agresión a los estudiantes, añadió el organismo civil de derechos humanos, así como “la interacción de los diversos cuerpos policiacos en el lugar, y el rumbo donde fueron llevados los jóvenes, fue captado por seis cámaras de circuito cerrado que estaban en el Palacio de Justicia”.
“Según peritajes de expertos independientes, las cámaras tenían un radio de acción que les permitió ver toda la violencia desplegada contra los estudiantes y la identidad de los perpetradores, sin embargo, los videos que se generaron por el sistema de circuito cerrado no existen. Según las declaraciones de los trabajadores técnicos y autoridades del Poder Judicial, habrían intentado hacer un respaldo de los mismos, pero los dispositivos estaban averiados”.
Tlachinollan puntualizó que, de acuerdo con los datos de prueba que obran en la investigación, existe evidencia que extraoficialmente ingresaron al sistema de circuito cerrado de manera directa y vía remota para extraer información de los videos generados el día 26 de septiembre de 2014”.
“A la fecha los videos siguen sin aparecer. Se desconoce si el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero inició acciones legales contra servidores públicos implicados en la pérdida de los referidos videos. El Congreso del Estado de Guerrero, el año pasado, conformó una Comisión para que investigara estos hechos. A la fecha se desconoce los avances que tenga al respeto, pues los padres de familia de los 43 le habrían solicitado desde el año pasado que enfocara sus trabajos para esclarecer lo relacionado con la pérdida de los videos”.
El organismo civil aseguró que “los videos del Palacio de Justicia es una prueba fundamental que puede dar cuenta de cómo fueron agredidos los estudiantes, hacia dónde fueron llevados y quiénes son los autores de este crimen, razón por la cual es menester dilucidar donde está esta evidencia toral para el esclarecimiento o en su caso que acciones legales han emprendido las autoridades contra quienes manipularon y destruyeron tales pruebas”.
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