Allá la pagan, aquí piden disculpas

Por Rivelino Rueda

Fotos: Eladio Ortiz

El viernes 21 de agosto de 2015,  tres secretarios del gabinete del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunciaban a sus cargos por el escándalo de corrupción en el gobierno del mandatario centroamericano, en un caso de defraudación aduanera conocido como «La Línea», que incluso ya puso tras las rejas a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Unas horas antes, en México, un secretario del gabinete de Enrique Peña Nieto, nombrado en ese puesto por el mismo jefe del Ejecutivo federal para que lo investigara a él, a su esposa y a su secretario de Hacienda, por el presunto conflicto de interés en la compra de multimillonarios inmuebles para beneficio personal, en casos conocidos como «La Casa Blanca» y «Malinalco», exoneraba a los tres de un plumazo.

En Guatemala la presión social –que incluye la exigencia de renuncia de Otto Pérez de sectores tan conservadores como la iglesia católica y los empresarios– han llevado este caso hasta el límite, y se espera que esta misma semana renuncie el presidente de aquella nación, que el congreso le quite la inmunidad y que sea procesado judicialmente.

En México, a Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso les bastó con salir a pedir una disculpa por estos hechos, mientras que el secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, le daba «carpetazo» a un asunto que, desde el 3 de febrero de este año, ya perfilaba su desenlace: el arraigo de la impunidad.

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Frente a las cámaras de televisión, virtualmente en cadena nacional, Virgilio Andrade sólo tuvo que leer el guión (casi caricaturesco) establecido con mucha antelación.

«No existió violación a las leyes sobre conflicto de interés en el caso del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, según la investigación que realizó a los involucrados, las empresas y 111 funcionarios públicos. La obligación, en términos de conflictos de interés está referida en términos de los servidores públicos en activo. Durante el tiempo de encargo del presidente de la República, ni él ni su esposa han adquirido bien inmueble alguno», balbuceaba el caricaturesco funcionario.

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A los pocos minutos de esa exoneración anunciada, las redes sociales no tuvieron piedad de los funcionarios involucrados en esta investigación a modo. Pero no pasó de ahí, como siempre pasa en México, de una virulencia desmedida a través de estas herramientas.

A mil 380 kilómetros al sur de donde se dio este anuncio, en la Ciudad de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) acusaba al presidente Otto Pérez de encabezar una estructura que robó millones de quetzales al Estado.

Horas después, los ministros de Educación, Cynthia del Águila y de Economía, Sergio de la Torre, así como el comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión, Juan Carlos Paiz, presentaron su renuncia. Eran los únicos funcionarios que permanecían al lado de Otto Pérez desde el día en que tomó posesión del cargo, el 14 de enero del 2012.

Para el fin de semana, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que aglutina a los principales empresarios de esa nación, pidió que el presidente Otto Pérez Molina deje el cargo, mientras que el arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vián Morales, después de la liturgia dominical, se pronunció a favor de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.

Una semana antes, la Corte de Constitucionalidad (CC) negó por unanimidad el amparo en definitiva al presidente Otto Pérez Molina, quien había accionado contra el antejuicio presentado por el diputado de Winaq, Amílcar Pop y, que buscaba quitarle la inmunidad.

A mil 380 kilómetros al norte, en la Ciudad de México, ni las cúpulas empresariales del país, encabezadas por Gerardo Gutiérrez Candiani y Claudio X. González, ni la iglesia católica mexicana, presidida por Norberto Rivera Carrera, ni mucho menos los ministros de la Suprema Corté de Justicia de la Nación (SCJN), realizaron algún pronunciamiento sobre las acusaciones de conflicto de interés del presidente, su esposa y su secretario de Hacienda, ni el viernes, ni el fin semana, ni cuando se desató el escándalo, a fines del año pasado.

Nada, a sabiendas de que el silencio es el mayor cómplice.

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El 28 de mayo de 2007, el ministro japonés de Agricultura, Bosques y Pesca, Toshikatsu Matsuoka, optó por quitarse la vida luego de estar inmerso en un escándalo por supuesta corrupción y malversación de fondos públicos.

El político japonés fue acusado de aceptar donaciones por parte de empresarios que optaban a proyectos públicos dependientes de su departamento y de no dar una explicación clara de elevadas partidas presupuestarias de su Ministerio.

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Según las acusaciones de la oposición, Matsuoka recibió durante tres años en concepto de donaciones 107 mil dólares por parte de 14 constructoras que optaban por proyectos públicos dependientes de su departamento. Otro escándalo se refiere a que durante cinco años, el organismo que administraba sus fondos pasó facturas de electricidad y gas por 165 mil dólares, pese a que vivía en una residencia del Parlamento, donde no pagaba por esos gastos.

A 11 mil 306 kilómetros de distancia hacia el Oriente de Tokio, en la Ciudad de México, y ocho años después del suicidio del ministro japonés, un secretario de Estado mexicano absuelve a otro secretario de Estado mexicano, acusado en una investigación periodística de presunto conflicto de interés en la compra de una casa en el Estado de México, de donde es originario.

Virgilio Andrade se paró resuelto frente a la prensa, consciente de que iba a ser el centro de las críticas y burlas en redes sociales, pero seguro de permanecer en el cargo por su «exhaustiva investigación».

«Quedó acreditado que la casa de Malinalco fue adquirida por Luis Videgaray con recursos de su desempeño como diputado federal a un costo de 6.6 millones de pesos, con los respectivos impuestos aplicables», argumentó el funcionario en una exposición churrigueresca, muy cercana a la categoría de ficción.

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La exoneración de la primera dama estaba de más, la misma Angélica Rivera ya lo había hecho el 18 de noviembre de 2014 en cadena nacional, en un bochornoso video grabado, en donde La Gaviota prácticamente regañó y despotricó contra todos sus detractores.

Sólo faltaron las lágrimas y la música de fondo para que el espectáculo hubiera sido redondo.

Pero el secretario de la Función Pública, contratado para eso, utilizó las mismas palabras de la primera dama en aquel spot con innumerables cortes y pésima iluminación, y dijo que la esposa del presidente adquirió el inmueble el 12 de enero de 2012 a un costo de 54 millones de pesos.

«La propiedad estuvo en posesión de Angélica Rivera, pero nunca fue su propiedad, ya que canceló el contrato el 11 de diciembre de 2014», abundó el funcionario, quien a pocos días de asumir el cargo reconoció que no investigaría a fondo este caso (Proceso 5/02/15).

A 14 mil 219 kilómetros de distancia hacia el Occidente, en Manila, Filipinas, la ex primera dama de aquella nación, Imelda Marcos, conocida como «Mariposa de Hierro», sigue enfrentando procesos judiciales por el despilfarro y la inmensa corrupción que caracterizaron a la dictadura de su esposo, Ferdinand Marcos.

En la revista El País Semanal se narra que el último proceso judicial en su contra, el gobierno filipino ha logrado una sentencia a su favor que dictamina que 156 obras de arte de la colección privada de Marcos fueron adquiridas con fondos malversados del Estado.

El reportaje de la publicación española señala que tras la resolución «se han incautado por el momento 15 cuadros de pintores como Van Gogh, Monet o Miguel Ángel, valorados en millones de dólares. También se han confiscado obras de Picasso, Goya y Miró. La cacería no ha hecho más que empezar, ya que las autoridades han recibido el visto bueno para inspeccionar todas y cada una de las numerosas residencias que Imelda Marcos tiene por todo el país».

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A 14 mil 219 kilómetros de distancia de Manila, rumbo al Oriente, las cosas siguen su curso, como es habitual desde hace 90 años.

El presidente y su secretario de Hacienda se disculpan. El secretario encargado de combatir la corrupción en el gobierno investiga al que le dio la chamba y la primera dama regaña a todos los escépticos que no creen que una casita en Las Lomas, de 86 millones de pesos, se puede comprar con 15 años de ardua trabajo como actriz de telenovelas.

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