Por Rivelino Rueda
Aunque el primero de los cien compromisos de gobierno de la pasada administración fue el de “darle atención especial a los pueblos indígenas de México”, el número de hechos presuntamente violatorios a personas y pueblos indígenas, que se mide de manera anual, no cumplió con las metas que se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
El plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en dicho documento, que se presentó en mayo de 2019, proyectó bajar el número de violaciones a los derechos humanos en contra de personas, pueblos y comunidades indígenas a por lo menos 150 al año.
En 2018, último año de la administración del priista Enrique Peña Nieto, el número de violaciones a los derechos humanos en este rubro fue de 191. Para 2023, penúltimo año del gobierno de López Obrador, los hechos de este tipo cerraron en 159, es decir, nueve casos por arriba de la meta fijada por la llamada Cuarta Transformación. En 2024 no hay datos en este apartado.
De acuerdo con el Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que se publica en el Sexto Informe de Gobierno, en 2019 se registraron 238 hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos a personas y pueblos indígenas de México, que fue el mayor número de casos reportados en dicho sexenio.
Para 2020, año en que inició la pandemia de Covid-19, el número de casos descendió significativamente, al cerrar ese periodo con 141 hechos. Al año siguiente (2021), sin embargo, los casos presuntamente violatorios a los derechos humanos de personas, pueblos y comunidades indígenas tuvo un nuevo repunte, al alcanzar 164 hechos.
A partir de ese año el indicador no volvió a descender por debajo de los 150 casos que el gobierno federal se fijó como meta.
La cifra de violaciones a los derechos humanos a personas, pueblos y comunidades indígenas se ubicó en 174 casos al cierre de 2022 y para 2023 la cifra fue de 159 hechos, de los cuales –cita el INPI– “fueron registrados en los expedientes de queja calificados por los organismos de protección a los derechos humanos”.
Uno de los casos graves de violaciones graves a los derechos humanos en contra de una persona indígena en el sexenio anterior fue el asesinato de Samir Flores Soberanes campesino, activista y comunicador de origen náhuatl, quien se oponía al Proyecto Integral Morelos y a la operación de la Termoeléctrica de La Huexca, en el municipio de Yecapixtla.
El asesinato del también fundador y locutor de la estación comunitaria Radio Amiltzinko, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) ocurrió tres días antes de la realización de la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos.
El expresidente López Obrador condenó los hechos y pidió una investigación a fondo. La Fiscalía de Morelos responsabilizó a integrantes del crimen organizado de este asesinato. Hasta el momento el crimen permanece impune.
Al inicio de su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, el expresidente López Obrador enumeró en el Zócalo capitalino sus 100 compromisos de gobierno. En el punto número uno, el tabasqueño subrayó que “en primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México”.
“Es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país”, recalcó.
Antes de terminar la pasada administración, el 30 de septiembre, la Presidencia de la República afirmó que dicho compromiso fue “cumplido”. En el documento sobre los “100 compromisos de gobierno” se menciona que las acciones realizadas en este tema fueron las de “priorizar la entrega de programas sociales para pueblos indígenas”.
Por ejemplo –añade el texto–, “la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se entrega a partir de los 65 años en las comunidades indígenas”, además de que “se publicó la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el 4 de diciembre de 2018”, y “al día de hoy, nueve de cada diez hogares indígenas cuentan con alguno de los apoyos de los programas sociales”.
En el apartado referente al número de acompañamiento para la implementación de los derechos sobre autonomía y libre determinación en las regiones indígenas y afromexicanas, también publicado en el Sexto Informe de Gobierno por el INPI, la meta fijada por la pasada administración fue de 55 acciones anuales de ese tipo.
La medición se comenzó a implementar a partir del año 2020, en donde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas informó sobre ocho acompañamientos en ese periodo. Para 2021 la cifra se elevó a 31 acciones y para 2022 a 46 acompañamientos. Para 2023 y 2024 el organismo que preside Adelfo Regino Montes no registró datos sobre ese tema.
Hasta el cierre de 2022, el Congreso Nacional Indígena (CNI) había documentado al menos 33 asesinatos y cuatro desapariciones de sus integrantes en el periodo 2019-2022, quienes sobre todo eran defensores de la tierra, el agua y el territorio.
@RivelinoRueda
