Ocho años sin Luz y sin Fuerza

Columna Práxis

 

Por Luis Poceros Vázquez

El pasado 11 de octubre se cumplieron ocho años de aquel decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa que extinguía a la compañía Luz y Fuerza del Centro, el cual era una declaratoria de guerra proveniente del presidente de la República dirigido a una paraestatal mexicana y su sindicato.

Como muchas personas sabrán, desde el 11 de octubre de 2009 el gobierno del entonces presidente de la República, a través de elementos de la fuerza pública, entraron a las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, bajo el argumento de que dicha paraestatal había sido liquidada. Por ello, solicitaban la salida de las instalaciones de todo el personal que se encontraba laborando ese día.

Según el decreto de extinción, la nueva empresa que se haría cargo del suministro eléctrico en la zona de influencia de Luz y Fuerza sería la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, el decreto señalaba que los derechos de los trabajadores sindicalizados y de confianza que laboraban en la compañía estarían salvaguardados.

La acción política declarada por el panista Felipe Calderón, marcaría el inicio de uno de los conflictos laborales, políticos, sociales y económicos más importantes y con mayor peso a lo largo de su periodo de gobierno, la cual sería heredada a la administración actual.

Luz y Fuerza del Centro era un organismo público descentralizado que se encargaba de la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de la zona central de nuestro país: La injerencia y responsabilidad del suministro eléctrico de la compañía estaba presente en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, teniendo en su cartera a más de 5.7 millones de usuarios.

Dentro de la compañía, hasta el 11 de octubre de 2009, laboraban aproximadamente 44 mil trabajadores pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual tenía un Contrato Colectivo de Trabajo aún con vigencia. Con la emisión del decreto, los trabajadores tenían que firmar su liquidación conforme lo estipulaban las leyes y reglamentos correspondientes.

Algunos de los argumentos principales que utilizó el gobierno federal, sobre todo del entonces secretario del Trabajo y hoy senador del PAN, Javier Lozano Alarcón, para convencer a los trabajadores de la compañía  y a la sociedad mexicana de la decisión de extinguir a la paraestatal, se rigen bajo argumentos económicos. Mencionaban que Luz y Fuerza del Centro recibía anualmente 42 mil millones de pesos para su operación, superando a varios presupuestos que se les otorgaba a diferentes dependencias.

Por su parte, se hicieron señalamientos en contra de los trabajadores y su sindicato, el cual se ostenta en ser uno de los sindicato más antiguos del país, argumentando que “los trabajadores junto con el  sindicato habían terminado con las finanzas de la paraestatal, además de ser ellos los causantes de la quiebra técnica y la enorme corrupción al interior del organismo. Ellos eran los principales y únicos culpables de la deplorable y precaria condición en la que se encontraba el servicio y la infraestructura eléctrica”.

En otro orden de ideas, se dijo que con la entrada de la Comisión Federal de Electricidad “se tendrían tarifas más justas y baratas, un servicio de mejor calidad, modernización de la infraestructura y una mayor eficiencia de atención a los usuarios, logrando que la economía familiar y el desarrollo del sector eléctrico llegaran a niveles nunca antes vistos”.

El tiempo pasa, y pasa muy rápido. Se han cumplido ocho años de aquel decreto. Las cosas han cambiado y el panorama dentro del sector eléctrico también.

Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad sigue siendo la única empresa que oferta y vende el suministro de energía eléctrica, sin embargo, ya no es la única que puede producir energía, ya que con la reforma energética (2013) se permite que empresas privadas lo puedan hacer, vendiendo su capacidad de generación a la empresa productiva del Estado.

La infraestructura sigue siendo exactamente la misma, en algunos casos, se puede traducir que la “modernización” se dio sólo en pintura para fachadas de instalaciones y camiones, los cuales no resuelven los constantes problemas en el servicio ni en la atención que se tiene a las personas.

Por otro lado, las tarifas eléctricas cambian mes con mes, producto también de la reforma energética, haciendo que los precios nos sean fijos y que se tabulen conforme las reglas del mercado, situación que no se presentaba con Luz y Fuerza.

Por último, a pesar de la liquidación de los trabajadores de Luz y Fuerza, persiste un problema laboral con el Sindicato Mexicano de Electricistas, los cuales aún pugnan por la reincorporación a sus puestos de trabajo y que se les reinstale en el sector eléctrico.

No se puede dejar pasar que la administración del actual presidente, Enrique Peña Nieto, nunca ha dejado de tener contacto con la dirigencia del sindicato, lo cual podría anunciar un eventual acuerdo que resolvería ese problema, del cual podríamos saber y escuchar antes del término del sexenio.

La extinción podría verse y sonar como un capricho de un expresidente, una decisión bastante abrupta y radical en uno de los ejes rectores de crecimiento para nuestro país. O tal vez al gobierno federal se le olvidó decirnos que el sector eléctrico en la zona central del país es un gran negocio, mayor que al resto del territorio mexicano.

Habrá que evaluar, a ocho años de la desaparición de Luz y Fuerza, cuál ha sido el pensar y el sentir de las personas. ¿En verdad mejoró la economía familiar de los usuarios? ¿Las tarifas eléctricas bajaron? ¿La atención y respuesta a problemas de los usuarios mejoró? ¿El país creció positivamente en sus finanzas? ¿Tendremos que deshacernos de otra empresa pública para que ahora sí y de una vez por todas tengamos una mejor calidad en los servicios de energía eléctrica?

Todas estas interrogantes y más se resolverán con el paso del tiempo. Para algunos las respuestas son claras y evidentes, pero para otros no lo son y en estos momentos ni siquiera les gusta hablar del tema, menos en un contexto electoral tan importante y complicado como lo son los comicios del 2018.

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