Contra viento y marea, en la comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán, se sigue luchando por la autonomía. Pese a la desidia oficial del gobierno estatal que desde marzo del 2019 no ha querido entregar los recursos económicos que le corresponden al Concejo Ciudadano Indígena, esta población no está dispuesta a ceder un paso en los logros alcanzados.
Es una lucha que se inició en el 2008, y que aun cuando ha costado vidas, presos políticos, persecución y violencia, nadie está dispuesto a claudicar. “Ni la estreches económica, ni las intimidaciones van hacer que desistamos de nuestro ideal de autonomía”, dice María Yanitzia Juárez Avilés, Concejal Menor del Barrio 4º, la que de manera insistente ha hecho un llamado al gobierno federal para que conozca lo que está sucediendo en esta comunidad de la Meseta Purépecha.
En esta población, que de manera muy similar pero con sus propias normas de usos y costumbres, ha emulado el ejemplo libertario del pueblo de Cherán, no ha cuajado bien la autonomía por la negativa del gobierno estatal de Michoacán, encabezado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, que rehúsa la entrega de recursos al Consejo Indígena, aun cuando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya falló a favor de ello.
Mediante el ahogamiento económico el gobierno estatal de Michoacán pretende evitar un nuevo gobierno indígena autónomo en esta localidad, cuya población ha dicho “No” al régimen de los partidos políticos, que durante décadas ha demostrado su ineficiencia e ineficacia para la solución de los problemas de la comunidad.
La lucha por la autonomía de Nahuatzen comenzó desde el 2008, cuando el crimen organizado se desbordó; a grado tal fue el crecimiento de los grupos delincuenciales en esta localidad, que llegaron a tener el control de la administración municipal, siendo estos los que decidían quiénes conformaban el órgano de gobierno, pero principalmente quiénes formaban parte de la policía municipal.
Por negarse a la sumisión de crimen organizado, el 5 de febrero del 2013 fue asesinado el alcalde de Nahuatzen, Wilfrido Flores Villa, lo que llevó a la desestabilización política y social del municipio que se mantuvo por más de dos años. En el 2015, mediante una elección amañada, ganó las votaciones Miguel Prado Morales, quien no permaneció en el cargo porque la población lo expulsó junto con el director de seguridad publica Silvano Murguía González, ambos acusados de secuestrar y extorsionar, a través de la policía municipal, a varios de los habitantes de esa localidad.
La expulsión del alcalde y su director de seguridad pública solo duró dos días; con el apoyo del gobernador Silvano Aureoles Conejo, fueron restituidos en el cargo. Eso incendió los ánimos de la población, derivando en la toma del palacio municipal en 3 de septiembre del 2015, pero la toma pacifica fue disuelta por elementos de la policía michoacana, la Marina y el Ejercito Mexicano.
La injerencia del gobierno estatal en el conflicto interno de Nahuatzen polarizó a la sociedad: vecinos de la comunidad de Arantepacua, en su mayoría familiares del alcalde Miguel Prado Morales, y seguidores del diputado Martín García Avilés, apoyados por las fuerzas federales y de la policía estatal, se confrontaron con los habitantes de la cabecera municipal de Nahuatzen.
La confrontación, dejó como saldo la detención de personas que nada tenían que ver con la toma del palacio de gobierno; fueron detenidos mediante el secuestro José Prado y Roberto Arreola Jiménez. En contraparte, la población retuvo a siete elementos de la policía michoacana. Tras una tensa negociación, los detenidos por ambos bandos fueron devueltos.
A causa de estos hechos, la población civil de Nahuatzen decidió llevar su reclamo de autonomía por la vía legal; el 7 de setiembre del 2015, la mayoría de los pobladores de los cuatro barrios que conforman la cabecera municipal de Nahuatzen, decidieron la creación del Concejo Ciudadano Indígena.
Fueron más de cinco mil personas las que se constituyeron formalmente dentro de ese Concejo, iniciando un proceso legal de reconocimiento frente al Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Ante l inconformidad del ayuntamiento de Nahuatzen, que impugnó el hecho, en esas dos instancias se le negó a la población la posibilidad de la autonomía política y administrativa de la cabecera municipal de Nahuatzen.
El recurso fue combatido por el Concejo Ciudadano Indígena, quien apeló ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que, mediante la sentencia JDC/035/2017, finalmente falló a favor del reclamo colectivo, y avaló la creación de un órgano autónomo de gobierno en Nahuatzen, fincado en los usos y costumbres de la población.
Mediante dicha sentencia la SCJN, entre otras cosas, se ordenó al Instituto Electoral de Michoacán para que, de inmediato, organizara un proceso de consulta con la Comunidad de Nahuatzen, para determinar los aspectos de la transferencia de responsabilidades relacionadas con el ejercicio de autodeterminación, autonomía y autogobierno, vinculada con la administración directa de los recursos que le corresponden al el municipio de Nahuatzen, Michoacán.
En la misma sentencia también se ordenó a Secretaría de Finanzas del gobierno de Michoacán, que entregará los recursos proporcionales del 37 por ciento del fondo municipal al citado Consejo Ciudadano Indígena, para su administración y gobierno, estableciendo que de julio a diciembre del 2018 serian 7 millones de pesos.
Con esa primera ministración, se logró hacer mucho –explica Maria Yanitzia Juárez-: se crearon 280 empleos, se fortaleció el programa de guardabosques, rondas comunitarias y el trabajo de las encargaturas de salud, educación, protección civil, urbanismo, transito, cultura, relleno sanitario, desarrollo rural, desarrollo económico, seguridad pública y finanzas, retomando la labor de atención a la sociedad que había abandonado la administración del ayuntamiento.
“Los gastos por sueldos bajaron considerablemente; el presidente del Consejo bajó su sueldo a 39 mil pesos, frene a los 50 mil pesos que ganaba el alcalde. Los concejeros bajaron también su sueldo a solo 8 mil pesos y los encargados a cinco mil pesos, cuando un regidor gana 18 mil pesos por quincena”, explicó María Yanitzia Juárez, la que señaló que a pesar del buen uso que se le ha dado a los recursos oficiales, el gobierno estatal decidió unilateralmente suspender la entrega de fondos desde marzo del año pasado.
Bajo argucias oficiales, se le ha negado la entrega de los fondos al gobierno autónomo de Nahuatzen desde marzo del 2019. Se ha señalado oficialmente la falta de transparencia, pero en realidad el gobierno estatal no ha entregado la clave de acceso al sistema informático del gobierno estatal para que el Concejo Ciudadano Indígena suba la información requerida por ley.
“La cuentas son claras y las tenemos bien establecidas, explica María Yanitzia Juárez. Todo es transparente, pero el gobierno estatal no nos da acceso al sistema de transparencia para informar a la población. Ese ha sido el argumento para retener los fondos desde abril del 2019 a enero del 2020, y no sabemos hasta cuando se nos aportara el fondo de gobierno que corresponde al Concejo”.
Pero eso no es todo. El gobierno estatal también sigue presionando -mediante la represión- a los integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, para que cesen en su lucha por la autonomía; al día de hoy hay tres presos políticos, uno integrante del Concejo y dos simpatizantes, que se encuentran encarcelados en la prisión de Uruapan. Los tres presos políticos ya tienen sentencia de sete años de cárcel por el delito fabricado de sabotaje.
Los tres presos políticos, José Luis Jiménez Meza, Gerardo Talavera Pineda y José Antonio Arreola Jiménez, están detenidos desde el 12 de noviembre del 2018; los tres fueron detenidos en forma ilegal. Fueron señalados inicialmente como responsables de los delitos de robo calificado, robo con violencia y sabotaje. Solo el delito de sabotaje fue el que, con fallas en el proceso, pudo cuadrar el agente del ministerio público del fuero común.
Pero aun así, el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen no cesa su lucha. Ahora está a la espera de la resolución de un incidente de ejecución de sentencia que fue interpuesto ante la SCJN, con el que se pretende obligar al gobierno estatal a que aporte los fondos de gobierno que pertenecen a la comunidad autónoma de Nahuatzen, a la par que se lleva a cabo el amparo directo para alcanzar la libertad de sus presos políticos.
