Foto: https://noalamina.org/México no ha salido de la invasión de la Corona Española; la Minería es el nuevo modelo colonizador de EUA, Canadá y Europa
Por J. Jesús Lemus/Zenzontle400
A 527 años de la llegada de los españoles a suelo americano, en México sigue el saqueo. Ya no son solo los europeos lo que se están haciendo de nuestro oro y nuestra plata, a cambio de espejitos; ahora empresas de todo el mundo, principalmente de Canadá y Estados Unidos son las que se están quedando con nuestra riqueza de recursos naturales, principalmente la de hidrocarburos y minerales preciosos e industriales.
El saqueo que comenzó con la colonia española, en nada se compara con el que han permitido las administraciones del gobierno federal de los últimos 20 años -incluida la actual-, cuando en aras del llamado Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), todo el suelo mexicano se puso a disposición irrestricta de los grandes corporativos trasnacionales.
Esa entrega del suelo y recursos propiedad de los mexicanos, ha agraviado de manera física principalmente a las comunidades de los pueblos indígenas, las que no solo son despojadas de su territorio, sino que se les obliga al desplazamiento y la persecución, generando a la fecha por lo menos Mil 488 puntos de conflicto en todo el país.
Estos puntos de conflicto han tenido un factor en común: el encarcelamiento de los defensores del territorio, amén de las ejecuciones y destierros que se han aplicado contra otros líderes comunales que tuvieron también el valor de alzarse contra los proyectos extractivos mineros y petroleros que son el nuevo rostro de la conquista que sigue padeciendo el pueblo mexicano.
A la fecha existen dentro de las cárceles mexicanas, acusados de delitos falsos y fabricados que van desde robo a propiedad privada, privación ilegal de la libertad, portación de arma prohibida y ataque a las vías generales de comunicación, por lo menos 288 los defensores de la tierra, que su único delito fue defender el suelo que por generaciones han tenido bajo su propiedad.
Otros 135 defensores ya han alcanzado su libertad bajo fianza, en tanto que 402 defensores, principalmente de origen indígena cuentan a la fecha con órdenes de presentación, localización o aprehensión que no han sido cumplimentadas, porque los perseguidos se ampararon o porque se desplazaron de sus lugares de origen para evitar el encarcelamiento.
Hay que destaca que de los 288 defensores de la tierra que fueron encarcelados por el gobierno federal por atentar contra los intereses de las mineras, 73 fueron procesados en Puebla, 44 en Michoacán, 37 Guerrero, 32 en Sonora, 23 en Sinaloa, 16 en Chihuahua, 14 en Coahuila, nueve en Zacatecas, ocho en Durango, siete en Veracruz, seis en Oaxaca, cinco en Jalisco, cuatro en San Luis Potosí, tres en Chiapas, tres en Guanajuato, dos en Nayarit y dos en Baja California Sur.
Entrega Indiscriminada del Territorio
A causa de la entrega del territorio nacional a las empresas extranjeras, el nuevo signo de la colonización, hasta agosto del 2019 el número de conflictos suscitados en torno a las minas ya llegaba a mil 488, de los que el 72 por ciento obedecía a despojo del suelo, el 11 por ciento eran por la disputa del agua, el 7 por ciento fueron ocasionados por contaminación, el 6 por ciento por presencia de grupos armados, el 2 por ciento por reclamo de pago de regalías, el 1 por ciento por deforestación y el otro 1 por ciento por conflictos laborales.
Hasta el día de hoy, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal, en México se han otorgado 25 mil 887 permisos de exploración o explotación de minas, lo que genera mil 488 conflictos sociales, donde la peor parte la llevan los pueblos indígenas, que no solo se ven afectados por la violencia, sino por la pobreza y la cauda de enfermedades que allí se generan.
Tomando en cuenta sólo las localidades en las que se han dado desplazamientos forzados de la población, amenazas de muerte de los defensores de la tierra o asesinatos de los líderes comunales que se oponen a los proyectos, el total de conflictos sociales derivados de las minas se tendría que reducir a 782 en todo el país, lo que aún sigue siendo una cifra elevada.
Cabe señalar que la mayoría de esos 782 conflictos que se han podido documentar a lo largo en los últimos años en nada se compara con los que se registran en los países mineros de donde provienen las principales empresas a las que les han cedido la propiedad del suelo mexicano; en Canadá y Estados Unidos, este tipo de conflictos ni siquiera se observan, mucho menos en cualquier país de Europa.
La Herencia de Calderón y Peña Nieto
Aun cuando la entrega del territorio a empresas mineras trasnacionales se ha venido dando en forma sostenida en las administraciones que siguieron a la de Carlos Salinas de Gortari, fue en las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando repuntó no solo el número de concesiones mineras, sino de la extensión territorial para la ejecución de proyectos mineros a cielo abierto, en clara agresión a los pueblos naturales.
Así, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, se ha postulado como uno principales entregadores del suelo mexicano, al impulsar de la entrega de concesiones mineras para las trasnacionales, principalmente de origen estadounidense y canadiense, con un beneficio de 17 mil 670 concesiones para la explotación del subsuelo en todo el territorio nacional.
En la administración de Enrique Peña Nieto, el número de permisos entregados a las mineras alcanzó los 8 mil 410 títulos a favor de empresas de capital canadiense, las que no sólo se dedican a la explotación del subsuelo sino que también generan conflictos sociales entre las comunidades que se oponen a su operación.
Las concesiones de minas que ha entregado el gobierno federal en los últimos tres años, sumadas a las que se dieron en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y que ahora están protegidas hasta durante 90 años, de acuerdo con lo que señala la Reforma Energética, han permitido que en nuestro país se asienten 267 empresas mineras trasnacionales, a las que les pertenece la propiedad de todos los metales preciosos e industriales que puedan extraer.
México, no es de los Mexicanos
Según los datos públicos de la Secretaría de Economía, más de 85 por ciento de los proyectos mineros en el país están concesionados directamente a empresas de capital canadiense o en su defecto, a mexicanas con participación de alguna de las mineras internacionales financiadas por el gobierno de Canadá.
En los últimos 14 años el gobierno federal ha entregado títulos de concesión de explotación minera sobre 22 millones 313 mil 941.19 hectáreas, lo que representa la cuarta parte del territorio nacional. La mayor cantidad de títulos de explotación minera se dieron entre 2003 y 2004. Sólo en el sexenio de Vicente Fox se entregó en concesión 60 por ciento de los 22 millones 313 mil 941.19 hectáreas que se exploran o explotan en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
Felipe Calderón Hinojosa, además de entregar concesiones en todo el territorio nacional, puso especial énfasis en la entrega de Michoacán, su estado natal, donde puso prácticamente en venta todo ese territorio al entregar sin miramientos más de un millón 278 mil 445 hectáreas para que en ellas se dé la extracción de hierro, oro, plata y cobre.
México es el país más flexible del mundo para la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras; de las 25 mil 887 concesiones de exploración y extracción de minerales que desde 1993 ha entregado el gobierno mexicano, 97 por ciento ha sido para empresas trasnacionales, que sólo necesitan una participación mínima de alguna empresa mexicana o un representante legal mexicano.
Eso es lo que ha hecho que nuestro país se coloque a la cabeza en la actividad minera del mundo en cuanto a entrega de los recursos de su subsuelo a la iniciativa privada, lo que ha empujado al alza la devastación ambiental y la violencia contra los pueblos naturales.
En número y volúmenes de extracción, la cantidad de minas que operan en México, sólo en el renglón de oro y plata, supera por mucho los proyectos extractivos que se ejecutan actualmente en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República democrática del Congo, Papúa Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán, donde también son las mineras de capital canadiense las que tienen el predominio de la explotación.
La principal razón por la que se ha dado el crecimiento de las empresas mineras trasnacionales en México, es que la legislación se flexibilizó después de la entrada en vigor del TLCAN. Allí se eliminó la normatividad que exigía que para que una empresa extranjera operara en México se requería la asociación con un capital nacional en una proporción de 49 por 51 por ciento.
Dicha flexibilidad ha hecho posible que a la fecha existan mil 488 proyectos mineros de gran envergadura, sobre una superficie de más de 57 millones de hectáreas, de los que al menos 309 se encuentran en fase de exploración, 958 ya están en producción, 138 se ubican como proyectos en desarrollo y otros 83 se encuentran en aplazamiento, como resultado de los conflictos sociales que han generado.
Bastiones del Imperialismo Invasor
De los Mil 887 proyectos mineros que oficialmente se reconocen en México, al menos mil 49 son ejecutados por empresas canadienses solas o en alianza con empresas mexicanas, otros 292 son por parte de mineras de Estados Unidos, 59 son de empresas chinas, 45 más están a cargo de empresas inglesas, 21 son de australianas, ocho de empresas de Japón, otras seis de Corea del Sur, una suiza, una de Luxemburgo, una de Chile, tres de la India, una de Italia, una de Holanda y otra de una minera de Perú.
En suma son 26 los estados de México que tienen actividad minera concesionada, donde se ha generado un desplazamiento humano forzado sin precedente hacia otras partes del país, por la violación al derecho de la propiedad del suelo y los efectos devastadores al medio ambiente. En estas 26 entidades la violencia que generan las mineras contra los pobladores va en constante aumento ante la mirada preocupada de los organismos internaciones de protección de los derechos humanos.
Los estados con mayor cantidad de conflictos sociales graves son Sonora, con 163 puntos de disputa; Chihuahua, con 101 sitios en conflicto; Durango tiene 73; Sinaloa también registra 73; Zacatecas, 52; Jalisco, 39; Oaxaca tiene 31 minas que ocasionan conflictos; Baja California, 16; Nayarit, 15; Guerrero, 14; Guanajuato tiene 10; Michoacán, 13; San Luis Potosí tiene 11; Chiapas, nueve; Coahuila, ocho; el Estado de México, siete; Puebla, seis; nuevo León, seis; Querétaro tiene cuatro; Baja California Sur, ocho; Colima, seis; Tamaulipas, tres; Hidalgo también tiene tres; Morelos, dos; y Veracruz, uno.
En todos estos sitios las mineras trasnacionales han aplicado, de manera casi generalizada, como lo hizo la minera DESA en Honduras, la misma técnica de hostigamiento y persecución a los líderes comunales defensores del suelo, a quienes se persigue, intimida y agrede mediante los grupos de seguridad privada con respaldo de células del crimen organizado.
La persecución ha sido sistemática. A muchos líderes se les ha ejecutado, pero a otros se les mantiene en prisión, luego de haber denunciado el robo de las tierras y los efectos contaminantes de la actividad minera y de proyectos paralelos como plantas de generación de energía, represas, complejos industriales y carreteras.
San Luis Potosí, Ejemplo de la Mentira
Uno de los ejemplos de robo del suelo a los pueblos naturales, junto con efectos contaminantes es el de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí; la canadiense New Goldcorp ofreció una derrama económica a favor de la población local por más de 26 millones de dólares a cambio de permitir una mina de tajo a cielo abierto en el cerro de San Pedro.
A la fecha ese beneficio económico no se ha cumplido, pero el cerro —que es icono del estado de San Luis Potosí y está en el escudo de armas de la entidad— ha sido casi destruido y convertido en un foco de contaminación permanente, por las más de 16 toneladas diarias de cianuro de sodio que se vierten en 32 millones de litros de agua para la lixiviación de los metales.
Sumado al alto impacto ecológico que ha pasado por alto el gobierno federal, la Minera San Xavier también ha devastado la zona histórica local: más de 340 inmuebles, considerados monumentos arquitectónicos de los siglos XVI al XIX, aledaños al cerro, han sido destruidos o dañados por las explosiones de dinamita, mediante las cuales se avanza en la extracción de minerales.
El caso de la Minera San Xavier es sólo uno de los cientos en el país; un centenar de organizaciones civiles ha denunciado sin éxito la forma sistemática en la que operan las compañías extractivas, que con el respaldo del Estado han empujado a cientos de comunidades al desplazamiento forzado o a soportar el trato violatorio a sus derechos humanos fundamentales.
La ONU tiene conocimiento de lo que sucede en México en relación con los “proyectos de muerte”, pero en realidad poco ha podido hacer ante la ferocidad del capital, que sigue prevaleciendo como eje rector en el mal diseñado proyecto mexicano de desarrollo. El organismo internacional no ha podido intervenir para frenar estos proyectos que atentan contra la población, pese a que las evidencias son muchas en torno a los patrones de violaciones y abusos de las empresas extractivas.
