Por Luis Carlos Rodríguez González/The Exodo
Al cumplirse 8 años de la Matanza de Migrantes en San Fernando, Tamaulipas, donde al menos 72 centro y sudamericanos fueron asesinados por el crimen organizado en medio de la “guerra contra el narcotráfico” que emprendió Felipe Calderón y continua Enrique Peña Nieto, prevalece la impunidad, la corrupción en torno a las investigaciones, las omisiones y la apuesta del Estado mexicano hacia el olvido.
“Ni perdón, ni mucho menos olvido”, fue la frase que se escuchó y retumbó en la vieja finca del Huizachal, de ladrillo gris, abandonada, donde hace ocho años un grupo de sicarios martirizaron y asesinaron a uno por uno a mujeres, jóvenes, adultos, cuyo único pecado fue atreverse a cruzar por México, por Tamaulipas y caer en manos de criminales que los secuestraron y los querían obligar a convertirse en criminales y al negarse acabaron con sus sueños de llegar a Estados Unidos.
Con una gran cruz de madera negra, adornada con pequeñas cruces rojas, un grupo activistas y religiosos, como el padre Pedro Pantoja y Fray Tomás, se trasladaron el pasado 21 de agosto a esta tierra de nadie, del narco, donde la omisión o comisión de autoridades solaparon el peor crimen contra migrantes en el mundo en las últimas décadas.
Es tal la impunidad en México respecto a este tema que han pasado 8 años, dos del gobierno de Felipe Calderón y seis de Enrique Peña, que ni siquiera se ha identificado a todas las víctimas e incluso se han entregado restos humanos de otras personas a familiares de los migrantes asesinados. Hay 8 detenidos por la masacre de San Fernando, pero no hay un sentenciado. La reparación del daño es a cuenta gotas.
Con la agilidad que distingue a la justicia mexicana y al cumplirse sólo ocho años de este caso, hace unos días la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de compensación para uno de los sobrevivientes y 47 familiares de las víctimas.
Con ello gobierno mexicano indemnizará a las 48 personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes son los primeros en recibir estas compensaciones. Sin embargo, el caso involucró también a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.
Fray Tomás, activista y director del Albergue para Migrantes “La 72” lanzó un mensaje a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo y su equipo de transición, al presidente Enrique Peña y a su antecesor, Felipe Calderón, para recordarles que son representantes de un Estado “homicida y terrorista” cuya política migratoria es muerte para los pobres y los migrantes.
Frente a la finca en El Huizachal, en el norte de Tamaulipas, donde fueron apilados los cuerpos de cuerpos de los migrantes de Centro y Sudamérica hace ocho años, dijo que si a los responsables de esta masacre no los juzgan las instituciones, la sangre estos migrantes asesinados ya los han juzgado por omisión o comisión.
“¿Cuánto dolor, cuanta impunidad, cuánta indignación? Lo mínimo que esperamos es dignidad y garantía de no repetición de todos estos crímenes de lesa humanidad. Es justicia. Ni perdón, ni mucho menos olvido”, sentencio Fray Tomás.
