Por Isela González Díaz
En el estado de Chihuahua se viven tiempos políticos de renovada esperanza por el reciente cambio de gobierno, también existe incertidumbre por las condiciones en las que deja el estado uno de los gobiernos más corruptos de los que se tenga memoria.
Para algunos sectores de la población lo esperanzador radica en el compromiso de Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de gobernar con“opción preferencial por los que menos tienen”, esto en clara referencia a la “opción preferencial por los pobres” perspectiva del sector de la iglesia católica que se enmarca en los principios de la Teología de la Liberación. De una parte del abanico de población que se refleja en la profundidad de estas palabras, me referiré en esta contribución para Reversos: la población indígena.
El actual gobernador conoce la situación de marginación social y económica en la que se encuentran los pueblos originarios de Chihuahua, pues siendo Senador de la República,en junio del 2014, recibióa la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, integrada por autoridades y líderes comunitarios de ocho comunidades pertenecientes a los pueblos originarios ódami (tepehuán) y rarámuri (tarahumara).
En las mesas de dialogo interinstitucional escuchó de los gobernadores indígenas, la narrativa de cómo han enfrentado el despojo de sus territorios y bienes naturales en medio de un clima de inseguridad y violencia provocada por “el combate al narcotráfico” iniciado por Felipe Calderón y, que hasta la fecha, continúa Enrique Peña Nieto. También los oyó reclamar justicia para sus muertos y la exigencia del pronto regreso a sus comunidades de las víctimas por desplazamiento forzado.
Quizá por ello en su calidad de candidato a gobernador incorporó a su plataforma política algunas de las demandas planteadas por los representantes indígenas durante las mesas de dialogo. Después de ganar la elección hizo lo que ningún gobernador electo había hecho, conformar equipos de transición para la elaboración de las políticas públicas que guiaran su gobierno.
Para trabajar la propuesta de política pública para pueblos indígenas conformó un equipo con representantes de las organizaciones sociales que acompañan los procesos de defensa legal y política en la defensa de territorios ancestrales; un sacerdote derecho humanista, dos miembros del Partido Acción Nacional e integrantes de pueblos indígenas y de la academia.
Como resultado, al Gobernador Corral se le entregó un breve diagnóstico sobre las condiciones de los pueblos en los asentamientos urbanos y en las diversas regiones de la Sierra Tarahumara que le permitirá tomar decisionesen las diversas áreas de gobierno. Además se elaboróuna iniciativa de Ley para cambiar las funciones asistencialistas del organismo encargado de la política indígena a nivel estatal, esto con la finalidad de transitar hacia una política pública con un enfoque en Derechos, no en necesidades.
En la nueva relación que el gobierno debe iniciar con los pueblos indígenas, necesariamente debe concretarse en una política de carácter universal, con enfoque transversal y de pertinencia cultural.
La un universalidad garantiza el ejercicio de sus derechos a los pueblos originarios y migrantes que se encuentran en territorio chihuahuense, de forma temporal o definitiva. La transversalidad de la política pública implica la creación de unidades especializadas en todas las dependencias de gobierno, integradas por equipos interdisciplinarios e interétnicos y por traductores e intérpretes culturales de por lo menos hablantes de los idiomas indígenas mayoritarios en Chihuahua. La transverzalización facilita la alineación de las políticas hacia objetivos comunes y complementarios en las funciones substanciales de cada área de gobierno.
Estar atentos a que cada programa de gobierno se diseñe e implemente con pertinencia cultural representa observar la inclusión de conocimientos en sociedades culturalmente diferenciadas. Estos conocimientos se construyen a través de un dialogo de saberes en condiciones de reconocimiento y respeto. Esto es lo mínimo indispensable para que el nuevo gobierno inicie un proceso para saldar la deuda histórica que se tienen con los pueblos indios en nuestro estado.
La voluntad política del gobernador Corral, sin embargo enfrenta la herencia de un estado prácticamente en quiebra financiera que le dificultará trabajar los objetivos y metas planteadas. Lo más delicado, tendrá que accionar en medio de un clima inseguridad y violencia en el estado, particularmente en la Sierra Tarahumara. Otro factor que significa mucho, es que en su gobierno enfrentará, con honrosas excepciones, las mentalidades de funcionarios construidos culturalmente en una sociedad discriminatoria y racista, por ello les costará trabajo entender y aquilatar que en el nuevo amanecer para Chihuahua, necesariamente los pueblos indígenas son sujetos portadores de Derechos, no sujetos de atención misericordiosa.
