Por Rivelino Rueda
Foto: Eladio Ortiz
«¿Qué tan negocio es la política que se andan matando entre ellos?», preguntó el taxista cuando el locutor de la radio daba cuenta de la última de las 21 personas asesinadas en las campañas electorales, ya sea candidatos, promotores del voto, militantes u operadores de campaña.
A sólo cinco días de los comicios, Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a diputado federal del PRD para los distritos de Xico y Valle de Chalco, Estado de México, es quien cerró la lista de víctimas en uno de los procesos electorales más sangrientos de los últimos años en México. Un grupo armado de sicarios entró a su casa de campaña y lo acribilló sin más.
La pregunta se repite y se repite por las calles y avenidas donde avanza el taxi. De Obrero Mundial, esquina con Doctor Vértiz, en Narvarte, a Insurgentes Sur esquina con Montecito, en la Colonia Del Valle.
En bardas, postes, pero sobre todo en spots en medios electrónicos, continúa el interminable bombardeo de campañas grises, de propuestas arcaicas, del único acercamiento que tienen los políticos con sus electores en tres o cinco años, según dure el cargo. Y la próxima en elección la misma fórmula, para otro puesto público y, muchas veces, bajo otras siglas partidistas.
¿Es negocio la política en una delegación como la Benito Juárez, con casi mil millones de pesos de presupuesto? ¿Es negocio la política en un estado como Tamaulipas, con una bolsa de egresos de 41 mil 668 millones 479 mil 114 pesos? ¿Es negocio ganar la Presidencia de la República y manejar recursos por 4 billones 694 mil 667 millones de pesos?
Tres ejemplos que surgen al azar. El primero por el taxi que avanzaba lento por esta demarcación capitalina, a las ocho de la mañana de un viernes. El segundo porque lleva a responderle al taxista una parte de su pregunta. El 28 de junio de 2010 fue asesinado el candidato del PRI al gobierno de aquella entidad, Rodolfo Torre Cantú, por un comando armado cuando se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria.
El tercer ejemplo despejará las dudas de un chafirete de preguntas incómodas y taxímetro enloquecido. Luis Donaldo Colosio, Lomas Taurinas, Tijuana, 23 de marzo de 1994. Un crimen no esclarecido 21 años después, sobre todo en lo referente a los móviles del asesinato y los fines que se perseguían con impedir que el sonorense llegara a Los Pinos.
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Y es que el negocio de la política no solamente se enmarca en el reparto de recursos públicos entre partidos políticos, que este año fue de 5 mil 356 millones 771 mil 247 pesos.
En la distribución discrecional y con fines partidistas a los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, que en 2015 es de 7 mil 339 millones 166 mil 195 pesos para la Cámara de Diputados y de 4 mil 269 millones 177 mil 269 pesos para el Senado de la República, o la canalización de multimillonarios presupuestos a estados, municipios y jefaturas delegacionales, también utilizados con propósitos partidistas.
Nada de eso. El gran negocio de la política se encuentra en la realización de negocios al amparo no sólo del poder, sino de la impunidad. Las jugosas bolsas extra presupuestales por distintos actos de corrupción y, lo más delicado, los «pagos de favores» de los grupos de la delincuencia organizada, principalmente los cárteles del narcotráfico, para asegurarles el control de corredores, rutas, plazas y territorios.
Un dato. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que en 2014 la corrupción en México tuvo un costo de 1 billón 529 mil 300 millones de pesos, equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que Transparencia Internacional (TI) reveló que el país pierde 100 mil millones de dólares anuales por actos de corrupción.
Otro dato. De acuerdo al Reporte Estratégico Internacional sobre el Control de Narcóticos 2013, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a México ingresan entre 19 y 29 mil millones de dólares, procedentes de la Unión Americana, por la venta de drogas.
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Tras los trágicos acontecimientos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado, en donde perdieron la vida sieste personas y fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quedó al descubierto el estrecho y lamentable vínculo del crimen organizado con un segmento de la clase política mexicana.
En la endeble «verdad histórica» de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre este caso, se reveló que el grupo criminal «Guerreros Unidos» –supuestamente responsables de la desaparición y ejecución de los 43 normalistas– recibían entre 2 y 3 millones de pesos mensuales del alcalde perredista de ese municipio y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, para su protección, mientras que éstos personajes también recibían parte de las ganancias del trasiego de drogas por Iguala, principalmente de opio y mariguana.
Tampoco es casual que en las pasadas campañas electorales una precandidata a la presidencia municipal en Ahuacuotzingo y un candidato a la alcaldía de Chilapa, en Guerrero, hayan sido asesinados en hechos con todo el sello del narcotráfico.
La precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, fue secuestrada el 10 de marzo por un comando armado.
Al día siguiente fue encontrado el cuerpo decapitado de la perredista en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, en la Región de la Montaña Baja de Guerrero, con el mensaje «Esto les va a pasar a todos los políticos que no se quieran alinear».
Para el 1 mayo, el candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, fue asesinado por un grupo de sicarios en la comunidad de Atzacoloaya, luego de terminar un mitin de campaña.
Los hechos ocurrieron en una carretera de ese municipio, en donde según testigos un grupo armado detuvo el vehículo del abanderado priista, obligó a los pasajeros a bajarse y, tras golpear al candidato, lo asesinó.
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Tanto Ahuacuotzingo como Chilapa forman parte del corredor de trasiego de opio que va de la Región de La Montaña a las ciudades de Chilpancingo, Acapulco, Taxco e Iguala, en Guerrero, o hacia Cuernavaca, Morelos, e incluso hacia la Ciudad de México, y que se disputan los grupos criminales «Los Rojos», «Los Ardillos» y «Guerreros Unidos».
De hecho, los líderes del cártel de «Los Ardillos», que irrumpió del 9 al 14 de mayo en esta comunidad, y que «levantaron» al menos a 30 personas del municipio (16 documentadas) tienen nombre y apellido, además de un brazo político bien definido: Bernardo Ortega Jiménez, presidente del Congreso del Estado de Guerrero.
El diputado local del PRD es hermano de los líderes de esa banda criminal, Celso y Antonio Ortega Jiménez. El legislador lo acepta sin tapujos y siempre argumenta que no tiene nada que ver con su familia.
El grupo antagónico de esta banda, «Los Rojos», tienen como su brazo político al presidente municipal, el priísta Francisco Javier García.
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El taxista sigue hablando de política y de la difícil situación del país, también de las próximas elecciones (las del pasado 7 de junio). Cobra el pasaje, se despide y metros adelante le hacen la parada. Seguramente tendrá tema de conversación. Fresquecita, por cierto.
El edificio del World Trade Center de la Ciudad de México se levanta imponente y la pregunta sigue presente: «¿Será negocio la política para que entre ellos mismos se maten?»
