Por Redacción Reversos
La situación de alta vulnerabilidad que enfrentan los migrantes centroamericanos que transitan por territorio nacional y la población mexicana desplazada por la violencia se ha agravado, pues ahora cargan con el estigma de ser fuente de contagio del coronavirus COVID-19, afirmó el doctor Jorge Mercado Mondragón, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los derechos humanos, tanto de los extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos como de los habitantes desalojados de sus lugares de origen por la inseguridad son violados en forma constante, en un escenario en el que además de sufrir el acoso de policías y agentes del Instituto Nacional de Migración enfrentan ahora el rechazo social, al ser percibidos como propagadores del SARS-CoV-2.
El investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco de la UAM advirtió que ambos grupos padecen manifestaciones de xenofobia, discriminación y homofobia que transgreden sus garantías fundamentales, por lo que en el contexto actual el Estado debe brindarles condiciones adecuadas de higiene para disminuir la posibilidad de transmisión.
El gobierno mexicano debe prestar atención particular a las circunstancias de pobreza, vulnerabilidad social y falta de acceso a insumos que propician la movilidad forzosa de gente, un fenómeno que de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados, en 2018 registró una cifra global de 338 mil personas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública –realizada por el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Gobernación– un millón 133 mil oriundos de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, principalmente, debieron cambiar su residencia para protegerse de la delincuencia entre 2017 y 2018, citó el docente de la UAM.
El reto para los tres niveles de administración –federal, estatal y municipal– es hacer un seguimiento de los lugares de arribo de quienes abandonan sus domicilios y de los migrantes, con el propósito de brindarles materiales necesarios para su protección y resguardo, además de que “la autoridad debe estar atenta a detener los brotes xenófobos y agresiones contra mujeres migrantes, quienes viven una situación” de triple fragilidad.
Los exiliados provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras buscan refugio en albergues ubicados en Tenosique, Tabasco; Tapachula, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Ixtepec, Oaxaca; Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, y la Ciudad de México, pero esos lugares carecen de higiene y servicios médicos adecuados, debido a que “están sobrepoblados y no tienen agua, gel ni doctores, por lo que la insalubridad podría ser factor de propagación de la enfermedad”, en particular entre embarazadas y portadores de VIH, que pertenecen a los grupos de mayor riesgo.
Médicos Sin Fronteras ha pedido a México permitir el regreso voluntario de extranjeros a sus países, aunque el cierre de las fronteras ordenado por Guatemala imposibilita el paso de personas.
Ante la problemática, las autoridades deben atender a quienes se encuentran en ruta hacia Estados Unidos y sometidos a una complicada vulnerabilidad, la cual se ha incrementado en tiempos de COVID-19, concluyó el doctor Mercado Mondragón.
