Por Argel Jiménez
La presentación del peritaje final de uno de los muchos casos lamentables que ha sufrido el país tiene como sede el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha hospedado en la Ciudad de México a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El auditorio de dicho Centro espera el resultado que dará el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras los familiares de los normalistas desaparecidos se encuentran desperdigados por todo el recinto.
Todos ya saben el veredicto. Los más jóvenes se encuentran en unos sillones que están en la parte trasera del auditorio. Platican de cualquier cosa mientras toman café y sonríen entre si.
Los más grandes permanecen en la parte delantera. Sentados, con las fotos de sus hijos recargadas en sus piernas, escuchan con atención a los expertos argentinos.
Después de un año de trabajo intenso, a pedido de los familiares desaparecidos y avalados por el presidente Enrique Peña Nieto, el grupo interdisciplinario conformado por veintiséis peritos provenientes de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá, da su informe final.
En lo que se refiere al análisis presentado, éste contiene un informe de sitio (el basurero de Cocula) y otro de laboratorio.
En lo relativo al incendio que supuestamente incineró los cuerpos de los 43, en la llamada “verdad histórica” del gobierno federal y de sus voceros oficiales, el EAAF concluyó que:
“Al examinar los insectos recolectados… no podrían utilizarse para afirmar exclusivamente la existencia de restos humanos, dado que por su tipo surgen también de restos no humanos y otro material orgánico como el encontrado en el sitio”.
En lo que se refiere a la flora que está en rededor del basurero, llegaron a la conclusión de que:
“No se encontraron señales de fuego abundantes en dichas plantas, como tendría que haber sido el caso de ocurrir un fuego de grandes magnitudes… (ya que) la mayor parte del follaje circundante no mostró señales de haber sufrido los efectos del calor, ni signos de haberse decolorado o marchitado”.
Otro punto importante aclara que “en la zona del basurero… se encontraron plantas que empezaron a crecer entre junio y agosto del mismo año – es decir, meses antes del 26 de septiembre-, las cuales en su mayoría no muestran señales de haber sido expuestas al fuego, siendo el caso que de haber existido un incendio necesariamente habrían resultado incineradas”.
También se analizaron 17 tocones ubicados en el basurero y estos “no presentaron efectos de calor significativos, aun cuando se encuentran justo en el sitio donde la PGR afirma que los cuerpos habrían sido quemados. Los tocones no presentaron los daños que les habría causado un incendio de grandes dimensiones”.
Pero aclaran que “desde el año 2010 han existido múltiples fuegos en el basurero de Cocula, a partir tanto de la revisión de imágenes satelitales como del análisis de las capas del subsuelo de dicho lugar, (por lo que) no es posible ligar la evidencia ahí recabada a un solo evento de fuego”.
Concluyen que es imposible que se haya producido un fuego tan grande que redujera a cenizas a 43 cuerpos. Esta evidencia científica es cotejada con la evidencia testimonial que dieron los presuntos perpetradores que presentó grandes contradicciones en relación a como “se colocaron los restos de las victimas, los neumáticos, los troncos y el resto del material varía significativamente”.
En relación “a los restos óseos recuperados (en el basurero de Cocula)”, puntualizan que están alterados térmicamente y severamente fragmentados, lo que “imposibilita la realización de análisis genéticos en la mayoría de ellos; además, el peritaje determina la existencia de restos animales mezclados entre los humanos”.
Lo concerniente a la materia balística se refiere a que “se encontraron en el lugar 132 casquillos… que habrían sido disparados por al menos 39 armas de diversos calibres, mayoritariamente correspondientes a armas largas. Esta evidencia científica se contrapone a la testimonial, pues los supuestos perpetradores (declararon) haber usado exclusivamente armas cortas”.
Otra seria irregularidad cometida por la PGR en el basurero de Cocula es que “personal (de dicha instancia) realizó un levantamiento de evidencia después de que dicho lugar permaneciera sin custodia al menos durante diez días, sin presencia de los peritos independientes”, esto aunado al hallazgo de “41 casquillos todos juntos… deja en clara evidencia que la ubicación de los mismos no es producto de la disposición que debería darse al ser eyectados o extraídos de un arma de fuego que fuera disparada en el lugar, sino que estos fueron colocados por alguna persona en ese lugar”.
Los peritos del EAAF concluyen que bajo la evidencia física recolectada y analizada proveniente del basureo de Cocula “es imposible que se hayan consumido en llamas los cuerpos de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos”.
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Termina el informe y los padres de familia toman el micrófono de manera fugaz. De ellos salen frase y palabras que muestran su sentir: “Nos decían locos porque decíamos que ahí no estaban las condiciones para quemar a los estudiantes”. “La mentira histórica se ha hecho pedazos”.
Piden también que las investigaciones tomen otras líneas, ya que ha quedado demostrado que en el basurero no fueron incinerados.
Les queda claro a los progenitores que la investigación en basurero de Cocula no fue más que un distractor, para verdaderamente buscarlos.
Dejan en claro que la “verdad histórica” del gobierno federal les ha causado sufrimiento y que no creen nada en las instituciones.
Las palabras “engaño” y “sufrimiento” son mencionadas por todos ellos. No es para más, las sienten y las han padecido por casi año y medio.
En la sección de preguntas y respuestas se puede palpar el sentir de los periodistas, que también puede ser el de una sociedad. Unos que quedan conformes con todo lo explicado por los peritos, mientras los otros buscan poner en entre dicho lo ahí expuesto. Dos visiones de uno de los hechos más abominables que ha tenido México.
