Por J. Jesús Lemus/Zenzontle400
El silencioso arrebato del agua que la planta industrial hizo en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fincado en la corrupción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) rayó en la criminalidad; solo basta ver -a manera de ejemplo- cómo las empresas SuKarne, Rancho Lucero y Bachoco, han despojado a la población del vital líquido sin que a la fecha ninguna instancia de gobierno haga algo para revertir esa situación.
El robo del agua que han hecho las gigantes agroindustriales en algunas regiones de Durango, Guanajuato y Puebla no solo ha significado desabasto a la población, también ha representado severos problemas de salud, fincados en la inmoralidad al garantizar el abasto de agua para vacas, cerdos y gallinas, antes que para la población humana.
El caso más más evidente de la deshonesta distribución del agua, solapada por la Conagua, se ubica en la localidad de Horizonte, del municipio de Tlahualilo, Durango, donde la perforación de pozos profundos por parte de SuKarne, ha generado problemas de salud irreversibles en una población de apenas 17 mil habitantes, en donde entre el 2014 al 2017 fueron 120 personas, principalmente de la tercera edad, la que sufrieron amputación de una o de sus dos extremidades inferiores.
En Horizonte, Durango, lo pocos pobladores amputados que sobreviven ni siquiera atribuyen su desgracia personal al arsénico en el agua, todos refieren “complicaciones de la diabetes”, “gangrena”, “dolor en los dedos de los pies” o “problemas de circulación”, como principal causa de la amputación de una o de las dos piernas, porque ese fue el argumento clínico que se les dio al momento de determinar el corte de sus extremidades.
Ninguno de los pocos adultos de la tercera edad afectados por el arsénico observan una relación directa entre su condición de salud y la instalación en la zona de Tlahualilo de la planta agroindustrial SuKarne, propiedad del empresario Jesús Vizcarra Calderón, la que ha logrado la concesión de la mayor parte del uso del agua de esa zona para el sostenimiento de más de 300 mil vacas, de las que al menos 244 mil se logran colocar en productos cárnicos cada año en el mercado nacional y de Estados Unidos, Japón y Centroamérica.
SuKarne se ostenta como la planta de producción de carne más grande América Latina, con ventas anuales que se ubican en los 2 mil 097 millones de pesos, según reconoce la empresa en su página oficial, pero lo que no dice es que esa rentabilidad se ha logrado con base en el despojo del agua a los habitantes del municipio de Tlahualilo, los que viven en la escasez del vital líquido en esta semidesértica región del país.
La empresa de quien fuera alcalde de Culiacán, Sinaloa, y diputado por ese mismo distrito, postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se beneficia con seis concesiones de agua, cinco a nombre de la Ganadería Integral Monarca S.A. de C.V. y otra más a título de la Ganadería Integral SK S.A. de C.V., mediante las cuales el gobierno federal le ha otorgado el derecho de explotación de los mantos acuíferos de la zona por el orden de hasta Un Millón 610 mil metros cúbicos de agua al año, que equivale al agua que se podría contener 1.5 veces en el estadio Azteca.
Solo para poner en contraste el uso del agua que para fines industriales utiliza la firma SuKarne en Tlahualilo, se debe señalar que el gobierno de ese municipio, a regañadientes ha logrado arrancar a la Conagua en los últimos diez años 82 permisos de uso de agua para atender la demanda de la población; los volúmenes concesionados solo amparan 312 mil 852 metros cúbicos de agua (equivalente a llenar solo una tercera parte un recipiente del tamaño del estadio Azteca), para abastecer a más de 22 mil 600 personas. Es decir, la empresa SuKarne utiliza para abastecer a sus vacas en un año casi cinco veces la cantidad de agua que se destina a la población.
Los beneficios de uso del agua para SuKarne solo se entienden al considerar las buenas relaciones que Jesús Vizcarra Calderón, el dueño de esta empresa, ha mantenido con las administraciones federales en los últimos 20 años, pues en el 2002 formó parte de la Comisión Nacional de Financiamiento del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mismo partido que en el 2003 lo postuló como diputado federal y le encomendó la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en donde también fue integrante de las comisiones de Energía y Hacienda y Crédito Público.
Por eso no extraño que SuKarne haya logrado que la CONAGUA le otorgara sendas concesiones de uso de agua en la zona de La Laguna, en Durango, en donde de por sí el agua es escasa, para establecer allí, en la localidad de Lucero, del municipio de Tlahualilo, la planta de producción cárnica más grande de América Latina, la que fue inaugurada el 30 de marzo del 2016 en un acto que fue atestiguado por el presidente Enrique Peña y el entonces gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera.
Como en todos los casos en donde el agua es entregada a borbotones a la planta industrial, SuKarne anunció, al inicio de sus operaciones, el quimérico sueño de un desarrollo económico permanente para la región, haciendo alarde de una inversión de 12 mil 500 millones de pesos y la oferta de generar 200 mil empleos para los habitantes de la zona, pero a la fecha, a más de tres años de haberse puesto en operación la planta, el desarrollo no ha llegado a la zona.
Por el contrario, existe desaliento entre los pobladores del municipio de Tlahualilo, al observar cómo se va extinguiendo el agua, pues solo en la localidad de Lucero, en donde se ubica la empresa, los habitantes cuentan con una concesión que ampara a la comunidad para abastecerse con Mil 500 metros cúbicos de agua al año, pero SuKarne tiene autorización para extraer solo en uno de sus pozos hasta 400 mil metros cúbicos al año, que representa 266 veces más el volumen de agua que se destina a las vacas frente al que se autoriza para el abasto humano.
No es exagerado decir que los pobladores de Lucero se encuentran prácticamente muriendo de sed, pues el abasto es tan escaso que se han registrado tomas clandestinas en los ductos de agua, mediante las cuales por las noches los pobladores sustraen el líquido concesionado a SuKarne, para atender sus demandas de consumo; es un fenómeno similar al del Huachicol que se acentúa en el estado de Puebla, donde grupos criminales sustraen ilegalmente hidrocarburos mediante tomas clandestinas en los ductos de Pemex, solo que en Lucero, Durango, la gente extrae el líquido para beberlo.
Contaminación y Afectación a la Salud
A la escasez de agua que se ha generalizado en Tlahualilo, tras la instalación de la planta SuKarne, se suman diversos problemas a la salud que la población ha venido denunciado: la polución causada por el pastoreo de las cientos de miles de reses en los establos que se extienden sobre 474 hectáreas han disparado los índices de afecciones respiratorias, oculares y de la piel.
Pero no solo eso. La alta población de vacas en esta parte del estado de Durango ha generado otra situación: han comenzado a aparecer decesos por rickettsias (un microrganismo que es transmitido por las garrapatas) a causa de los parásitos que son propios de las reses, los que han comenzado a infiltrar a parte de los habitantes de Lucero, muchas veces con precarias condiciones de higiene, consecuencia directa de la falta de agua.
El ejemplo más claro del problema de salud que significa la escasez de agua para uso doméstico en Tlahualilo se materializó a finales del 2017, cuando una familia de tres personas de 47, 31 y seis años de edad murió por rickettsiosis, al ser víctimas de una plaga de garrapatas que se trasladó más de siete kilómetros, desde el llamado Parque Integradora SuKarne Lucero hasta la zona poblacional de Lucero. La casa tuvo que ser incendiada para terminar con la plaga.
A la par de lo anterior, también aquí han crecido los padecimientos ligados directamente al uso de agua contaminada con arsénico, principalmente los relativos al hígado y riñón, que han crecido entre la población de mediana edad, entre los 35 a los 45 años, según reconocen fuentes de salud de la administración municipal de Tlahualilo, en donde se atribuye dicho incremento a la perforación cada vez más profunda de los pozos de agua para el abasto humano.
Hasta antes de que llegara la empresa SuKarne a este municipio, el agua para el abasto poblacional se encontraba a profundidades que oscilaban entre los 60 y los 120 metros, pero tras el agotamiento del recurso, generado a partir del 2016, la perforación de los nuevos pozos se ha tenido que hacer a profundidades mayores a los 200 metros, donde el agua se encuentra contaminada naturalmente por arsénico, además de flúor.
Si bien el flúor no es reconocido como extremadamente dañino en la salud humana y el padecimiento denominado fluorosis no es considerado como un problema de salud pública en nuestro país, este puede causar efectos emocionales en las personas que lo padecen debido a la apariencia aséptica de los dientes, que se manifiestan con vetas amarillas o puntos blancos, cuya pigmentación comienza durante el desarrollo dental.
El problema ya expuesto que se vive en las localidades de Lucero y Horizonte, se replica en otras 50 comunidades rurales del municipio de Tlahualilo, Durango, en donde pese a la situación la CONAGUA no ha puesto límites a la industria agroalimentaria en el uso del agua, al menos así también lo revelan las 12 concesiones otorgadas al Grupo Agroindustrial Lucero el que a la fecha, pasando sobre los intereses de la población, tiene derecho de extracción y uso del agua por volúmenes de hasta 5 millones 309 mil 775 metros cúbicos de agua año.
Este grupo agroindustrial, bajo la marca Rancho Lucero, es líder nacional en la producción de leche y engorda de bovinos, y presume tener el establo más grande de Latinoamérica, en donde dice contar con la más alta tecnología en cuanto las salas de ordeña, una de ellas considerada la más grande del mundo, en donde se pueden ordeñar 99 vacas a la vez, además de contar con la capacidad técnica para engordar hasta 136 mil animales.[1]
Pero lo que no dice el Grupo Agroindustrial Lucero es que el agua utilizada para la engorda de sus reses y la producción de leche es más de 3 mil 539 veces la cantidad de agua de la que dispone la población de Lucero, que en volúmenes es similar al gasto que hace la minera Frenillo PLC para explotar sus seis minas de oro, de las que cuatro se encuentran en Sonora, una en Durango y otra en el estado de Guerrero.
La sobreexplotación de los mantos freáticos a la que contribuye en el municipio de Tlahualilo el Grupo Agroindustrial Lucero, ha llevado a que la población, a través del sistema de agua potable local, a buscar en profundidades cada vez mayores el agua necesaria para el abasto, resultando un agua contaminada por arsénico y flúor que al consumirse hace que el metaloide genere severos problemas a la salud.
Así es como el mayor problema del agua, después de su escasez, en la zona de Tlahualilo, Durango, se convierte en la contaminación por arsénico y flúor, y para muestra allí está la localidad de Horizonte, que es una de las 51 comunidades -solo en el municipio de Tlahualilo- donde centenares de pobladores al buscar el suministro en profundidades cada vez mayores, exponen su condición física.
“El arsénico en el agua es un detonante de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, lo que ocasiona que se eleve el índice de mortalidad por estos padecimientos, en donde una de sus principales consecuencias es la amputación de extremidades”, explicó el doctor Uriel Galván Vásquez, médico de la comunidad de Horizonte, quien reconoció como un problema de salud grave el uso de agua profunda contaminada con arsénico.
De acuerdo al doctor Uriel Galván, el consumo de agua con arsénico en la localidad de Horizonte, también ha hecho que se disparen los casos de cáncer, lesiones cutáneas, padecimientos cardiovasculares y algunas de manifestación neurológica, lo que coloca a esta parte de La Laguna como uno de los epicentros nacionales de enfermedades en los adultos mayores.
De los pocos amputados que aún perviven en esta región, Juan Jáquez Muñoz, de 82 años de edad, dio testimonio de cómo fue menguando su salud al consumir agua contaminada durante más de dos décadas; hoy se encuentra amputado de un pierna y sufre problemas de orientación, lo que lo mantiene postrado en su cama, y a veces sujeto a una silla de ruedas.
Juan Jáquez refiere que nunca supo que sus problemas de salud estuvieran relacionados con el consumo de agua. Pero aun así reconoce que el agua en Horizonte, “dejó de estar buena desde hace años; luego de una escasez de más de seis meses, el agua que volvió a llegar a las casas sabía a salado”. Fue a los pocos meses cuando le tuvieron que amputar una de sus piernas, porque la pierna se le comenzó a poner morada.
En Horizonte también está el caso de Jose Ángel Contreras de 74 años de edad, que a causa del consumo de agua contaminada con arsénico se agravó su problema de diabetes y sufrió la amputación de una de sus piernas. Los médicos que lo amputaron no le dieron mayor explicación; “sólo me dijeron que mi problema de diabetes se había agravado por un descuido mío”, pero está consciente de que la escasez de agua en la zona se debe a la operación de empresas agroalimentarias, en donde la principal señalada de esta situación es SuKarne.
Y es que esta empresa ha venido a operar en la zona semidesértica de La Laguna, en el estado de Durango, de forma casi impune, pues ningún reclamo social -por el desmedido uso industrial del agua- ha sido respondido en forma puntual por la firma ni ha causado modificación en sus operaciones, lo que es atribuido por organizaciones sociales de defensa del agua a las buenas relaciones que el dueño de la empresa mantiene tanto con el gobierno estatal como funcionarios de la CONAGUA, del gobierno federal.
La empresa que Jesus Vizcarra logró instalarse en Tlahualilo luego de ser literalmente expulsada del municipio de General Escobedo, Nuevo León, donde también comenzaron a aparecer casos de enfermedades por rickettsias, además de ser señalada por los vecinos de las colonias Villas de San Francisco y San Miguel Residencial de ser un verdadero foco de contaminación, generador de infección respiratorias y del tracto intestinal.
La reubicación de la planta SuKarne de General Escobedo fue aceptada por el dueño de la empresa sin objeción, pero no tanto por los reclamos hechos por el grupo social de inconformes, sino porque en realidad ya se había agotado el agua a la que el gobierno de la administración del presidente Felipe Calderón le había dado acceso irrestricto mediante dos concesiones de explotación de seis pozos de agua, que en suma garantizaban el consumo de más 908 mil metros cúbicos de agua al año.
Este volumen de líquido del que gozó SuKarne, solo por colocarlo en contexto, es similar al que utilizó durante dos años la empresa minera Ternium S.A. de C.V. que a través de su subsidiaria Las Encinas mantiene en operación las cinco minas de hierro más importantes del país, las que se encuentran ubicadas en los estados de Jalisco y Michoacán; el mismo gasto también representa casi una quinta parte del agua que se utiliza para el abasto de la población urbana del municipio de Monterrey.
Por eso SuKarne no objetó su retiro del municipio de General Escobedo, buscando para sus operaciones una zona típica de las que han hecho su nicho las empresas trasnacionales grandes consumidoras de agua: poblaciones pobres, para vender el discurso de la generación de empleos, y marginadas, para ofertar desarrollo, a fin de evitar la oposición al uso de los recursos hídricos. Tlahualilo, Durango, cumplió con los requisitos.
Pero a efectos de certeza, hay que señalar que el consumo desmedido de agua que se registra en el estado de Durango, no solo es producto de la operatividad de SuKarne, sino que a ello contribuyen por lo menos medio centenar de empresas que se allí se han asentado, principalmente en la zona de La Laguna, una de las regiones más pobre de la entidad pero con un potencial de agua subterránea considerable, la que no es explotada por los gobiernos locales debido a los costos que representa, y que por lo mismo no se encuentra vedada a la industria.
Corrupción, la Base de la Industria
Así, observamos que solo en el municipio de Gómez Palacio, en donde la escasez de agua es producto de la falta de interés del gobierno local, la mayoría los mantos freáticos están siendo explotados a razón de un gasto promedio anual de 30 millones de metros cúbicos de agua al año, los que serían suficientes para suministrar las necesidades domesticas de una población de 100 mil personas durante tres año. Es decir, con el uso del agua que hacen solo tres de las principales empresas asentadas en esta zona, sería suficiente para garantizar el abasto durante un año de los más de 300 mil habitantes que registra el municipio de Gómez Palacio.
Pero ¿Por qué el uso tan inequitativo del agua en la zona de La Laguna? En la búsqueda de la respuesta surge a flote el tema de la corrupción. No se entiende de otra manera la razón por la que la CONAGUA, no solo aquí sino en todo el país, ha optado por privilegiar las necesidades de agua de la planta industrial frente a las carencias que manifiesta la población.
A la fecha, al no contar con una legislación para ello, no existe claridad en la forma en que se otorgan los permisos de concesión de uso del agua, mucho menos en la razón que beneficia a la planta industrial y se niega la perforación de pozos a los órganos de gobierno municipal encargados del suministro a la población; esta decisión es unipersonal y recae siempre en decisiones de uno o dos funcionarios que nadie conoce cuales fueron sus motivaciones para la entrega de concesiones.
Así, por ejemplo, mientras existen peticiones de perforación de pozos para el abasto de agua de la población en Gómez Palacio, Durango, las que se han tramitado ante la CONAGUA desde hace más de diez años y que no han tenido ninguna respuesta afirmativa, existen casos en donde en menos de tres meses se han resuelto las perforaciones de pozos de agua para abastecer con grandes volúmenes a la industria.
Uno de esos casos es el de la empresa Agropecuaria Campillo S.A. de C.V., la que en el referido municipio ha logrado cinco concesiones que garantizan 900 mil metros cúbicos de agua al año para sus actividades agrícolas, lo que es un volumen de agua muy superior al que emplea la empresa Tubos de Acero de México en sus dos plantas de Veracruz y una en Tabasco, donde en suma utiliza 7 mil 518 metros cúbicos de agua para la fabricación de ductos industriales.
Otras de las empresas beneficiadas con las oscuras políticas de entrega de concesiones de agua en el estado de Durango, son Agropecuaria Estratto S.A de C.V., Agropecuaria Hermanos Gilio S. de R.L. y Agropecuaria Lula S.P.R. de R.L., la que en suma, con cinco concesiones, extraen anualmente 2 millones 569 mil 544 metros cúbicos del agua, el equivalente al volumen que utiliza la minera canadiense Gold Corp. Inc., en la explotación de la mina de oro ubicada en San Luis Potosí, la que prácticamente está consumiendo los mantos de abastecimiento para la población de la zona urbana de la capital de ese estado, en donde tres de cada 10 habitantes no tienen acceso al sistema de agua en sus domicilios.
Otra de las grandes consumidoras de agua en la zona de La Laguna, es la empresa Bachoco, la que desde el 2003 comenzó a adjudicarte parte de los mantos freáticos que estaban siendo inicialmente explorados por el gobierno municipal para atender la escasez de agua en esa localidad; mientras la CONAGUA había negado en forma sistemática la perforación de pozos al sistema municipal -bajo el argumento de los escasos niveles de los mantos freáticos-, de manera extraña la dependencia federal no tuvo ningún empacho en entregar 12 permisos de explotación a la empresa industrializadora de huevo.
El sistema local de agua potable de Gómez Palacio, entre el 2003 y 2006, presentó solicitudes a la CONAGUA para perforar tres pozos para extraer 8 mil metros cúbicos de agua al año, lo que fue negado bajo el argumento federal de que los mantos no contaban con dicho volumen de extracción, a menos de que las reservas de agua se agotaran en tres años, sin embargo, la CONAGUA dejando de lado los argumentos de bajas reservas de agua, otorgó a Bachoco 12 permisos de perforación para extraer 589 mil 561 metros cúbicos de agua en los mismos sitios en donde había argumentado al gobierno local el abatimiento de los mantos freáticos.
El otorgamiento desmedido de los recursos hídricos por parte de la federación a la empresa Bachoco, hizo que la productividad de esa firma creciera en forma considerable, no solo a nivel nacional sino también en el ámbito internacional, haciendo posible la adquisición de otras empresas como la Perla Pet Food, dedicada a la elaboración de alimentos para perros y gatos bajo las marcas Can Pro, Choice Nutrition y Cat Catrina, así como la Ibertville Quality Foods.
Bachoco: Negocios de Familia
El crecimiento de Bachoco a partir del uso del agua del que despojó a la población de Gómez Palacio, fue reconocido por el propio gobierno federal mediante la entrega en el 2017 del Premio Nacional Agroalimentario, el que otorga el Consejo Nacional Agropecuario. El reconocimiento fue entregado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien en la ceremonia oficial resaltó “los estándares de calidad” y el “aporte social mediante la generación de empleos” que esta empresa hace en la zona de La Laguna.
El bastión productivo de esta empresa, fincado en el uso del agua, no solo se extiende en la región norponiente de Durango. También se extiende en los estados de Sonora, Puebla, Veracruz y Michoacán, donde de la mano del gobierno federal ha podido afianzarse como una de las más rentables del ramo agroalimentario de todo el país, dejando un rastro de señalamientos sociales no solo por el arrebato del agua, sino por los efectos contaminantes al medio ambiente.
Como dato extraordinario hay que señalar que Bachoco es propiedad de la familia de ex gobernador de Sonora José Eduardo Robinson Bours Castelo, quien fue investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por su probable responsabilidad en el delito de alteración de la escena de un crimen y falsedad en sus declaraciones, en torno a los sucesos del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, que cobró la vida de 49 niños el 5 de junio del 2009; la investigación que también tocó a la responsabilidad del entonces procurador general de justicia del estado de Sonora, Abel Murrieta, fue archivada por orden presidencial, según confirmó una fuente de la PGR.
Y es que Eduardo Bours fue hasta la pasada administración federal un miembro prominente de la clase política gobernante. Como militante del PRI, en el 2000 fue responsable de las finanzas del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional Francisco Labastida Ochoa, a la par que se logró postular como candidato al senado de la república, posición que obtuvo a pesar de la derrota del PRI.
Como Senador, Eduardo Bours Castelo fue presidente de la comisión de Fomento Económico, secretario de la de Relaciones Exteriores para Europa y África, y fue miembro integrante de las comisión de Comercio y Fomento Industrial, y de la de Comunicaciones y Transportes; solo así se entiende que haya librado la investigación por su responsabilidad en la muerte de los 49 niños de la guardería ABC, pero sobretodo que le haya podido dar un fuerte impulso a la empresa de la familia, la que a la fecha es una de las mayores depositarias del agua nacional, y que actúa sin mayor responsabilidad en la contaminación del medio ambiente.
Bachoco, a la que se le atribuye el control de más de la mitad del mercado nacional en cuanto a producción avícola y porcina, está asociada con las firmas trasnacionales Pilgrim´s Pride y Tyson, las que son señaladas desde el sector de la defensa del medio ambiente de ser responsables del brote de Influenza Humana (H1N1), la que en el 2009 paralizó a todo el país ante los efectos de pandemia declarados así por la propia Secretaría de Salud del gobierno federal.
La pandemia de influenza que afectó a la población mexicana, más allá de que su origen se haya dado o no en las granjas de Bachoco en el estado de Veracruz, causó un número de defunciones sin precedente en la estadística sanitaria del país, según lo reconoció la propia Organización Mundial de la Salud (OMS): solo entre 2009 y 2014 se registraron 269 mil 519 casos de influenza en todo el país, de los que 86 mil 129 fueron confirmados como influenza H1N1, de cuyo universo 2 Mil 962 pacientes llegaron a la defunción.[2]
El “Paciente Cero” de esta pandemia, identificado como Edgar Hernández, un niño de cinco años de edad, fue localizado en la comunidad de La Gloria, a solo siete kilómetros de la comunidad de Rosa Mística, en las inmediaciones del municipio de Perote, Veracruz, justamente en donde Bachoco opera uno de sus más de 700 centros de producción porcina, los que de manera insistente ha sido señalados por autoridades locales como verdaderos centros de contaminación sobre los que las autoridades federales no han ejercido ningún tipo de sanción.
Más allá de la contaminación generada por las granjas de Bachoco en el estado de Veracruz, a las que se les atribuye en las inmediaciones los índices al alza de enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias, allí se vive un sordo reclamo ante la autoridad por el desmedido uso del agua que estos centros porcícolas siguen haciendo: a la fecha Bachoco cuenta con 28 permisos de explotación de agua en todo el estado, los que garantizan el suministro de 2 millones 057 mil 156 metros cubico de agua al año, una cantidad de líquido potable que es similar al que utilizan la minera Ternium de México en su planta industrial de elaboración de acero en el estado de Nuevo León.
No solo eso, Bachoco también cuanta con permisos oficiales de la autoridad federal para desechar agua contaminada cobre los causes hidrológicos de Veracruz, por el orden de los 102 mil 200 metros cúbicos de agua por año, lo que representa 2 veces el agua contaminada que generan las zonas urbanas de las ciudades de Xalapa y el puerto de Veracruz, donde los gobiernos municipales están obligados a pagar un impuesto a la federación por la emisión contaminante, además de mantener un estricto programa de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en el caso de Bachoco la CONAGUA es laxa en cuanto al cobro de impuestos por aguas residuales descargadas y solo obliga a la operación de una planta de aguas negras por cada uno de los centros de engorda de cerdos.
El problema del uso desmedido de agua para fines industriales de Bachoco no se centra en el estado de Veracruz, aun cuando allí se registra el mayor consumo de agua; este fenómeno también se observa en el municipio de Acatlán de Osorio en el estado de Puebla, así como en las localidades de Torrecillas y Los Ángeles, en el municipio de Villagrán, y en la comunidad de Crespo, del municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato.
En Acatlán, una de las localidades más pobres de la zona de la mixteca del estado de Puebla, donde solo 4 de cada 10 personas del municipio tienen acceso al agua entubada en su domicilio, la empresa Bachoco cuenta con la autorización del gobierno federal para utilizar, contaminar y desechar a las causes superficiales hasta 9 mil 064 metros cúbicos de agua al año, una cantidad que sería suficiente para atender la demanda de agua potable de más de la mitad de los 25 mil pobladores que no tienen acceso a ese servicio, y que para abastecerse tienen que recorrer hasta cinco kilómetros para llevar el agua a su domicilio.
Lo mismo sucede en las poblaciones de Torrecillas y Los Ángeles, del municipio de Villagrán, Guanajuato, en donde Bachoco es la dueña absoluta de 163 mil 453 metros cúbicos de agua al año, y en Celaya de 946 mil 420 metros cúbicos, de los que dispone en forma directa desde el subsuelo para el sostenimiento de sus granjas en esas localidades, en donde la polución y los desechos orgánicos han hecho que aumenten las enfermedades respiratorias de los habitantes de la zona, los que han insistido en la reubicación de las granjas, sin que las autoridades municipales y estatales hagan algo para solucionar el conflicto.
Solo en el estado de Guanajuato, Bachoco utiliza una cantidad de agua similar a la que sería suficiente para abastecer a los más de 45 mil habitantes de esas dos localidad que a la fecha no tienen suministro en sus domicilios, y que de alguna manera representa el doble del agua que utiliza en un año la empresa Cementos Mexicanos S.A. de C.V., filial de Cemex S.A.B. de C.V., que opera en los límites de Guanajuato y San Luis Potosí, donde el gobierno federal le ha entregado también concesiones de uso de agua en forma discrecional.
Agua a Discreción
Tan discrecional es la entrega de concesiones de uso del agua para fines industriales en nuestro país, que los principales beneficiarios de esa política son los actores políticos ligados a la industria, un fenómeno nada extraño en México, en donde desde la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari la clase empresarial es la que ha venido haciendo de los mandos de gobierno en todos los órdenes constitucionales.
No es descabellado señalar que de cada 100 políticos que son electos en cualquiera de los órdenes de gobierno en México, al menos 70 de ellos cuentan con empresas que en el menor de los casos se ven beneficiadas con los programas de gobierno manejados a su favor, en donde la apropiación del agua es uno de los renglones que de manera muy discreta –gracias a las políticas oscuras de la CONAGUA, de entrega de concesiones- es el más codiciado y el más rentable.
Eso es lo que ha hecho que solo durante las administraciones de Felpe Calderón y Enrique Peña Nieto el uso del agua para fines industriales se haya priorizado por encima del abasto a la población marginada. Las estadísticas hablan por sí solas: de acuerdo al Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), la llamada industria autoabastecida de todo el país (la que gestiona con sus propios recursos el suministro de agua para sus operaciones productivas) haya pasado de utilizar 2 mil 971 millones de metros cúbicos de agua en el 2006 a 4 mil 266 millones de metros cúbicos en el 2017. Es decir, en solo dos sexenios la industria aumentó el uso del agua en Mil 295 millones de metros cúbicos.
En lo que hace a la industria agrícola y agroalimentaria, que es una de las principales consumidora del agua potable disponible en nuestro país, los volúmenes de uso aumentaron en una mayor proporción, pasando en el 2006 de 59 mil 666 millones de metros cúbicos a 66 mil 799 millones de metros cúbicos de agua en el 2017, lo que significó un incremento de 7 mil 399 millones de metros cúbicos de agua, la que de alguna forma dejó de ser entregada a las comunidades rurales que manifestaron la necesidad de ésta.
La desigual política nacional de los últimos dos sexenios de distribución de agua también se observa en los volúmenes destinados a la generación de energía eléctrica, en donde las plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas, las carboeléctricas y la nucleoeléctrica, registraron incrementos que pasaron del pasaron de mil 273 millones de metros cúbicos en el 2006 hasta llegar a 4 mil 147 millones de metros cúbicos en el 2017, lo que significó un aumento de 2 mil 884 millones de metros cúbicos.
Por lo que refiere el REPDA, se sabe que el abasto de agua a la población, clasificado como de abastecimiento público, pasó en las últimas dos administraciones federales de 10 millones 741 mil metros cúbicos de agua, en el 2006, a 12 millones 628 metros cúbicos en el 2017, registrando un incremento de apenas Mil 887 millones de metros cúbicos para toda la población del país, que en términos de distribución real significa que solo 1 de cada 10 habitantes que no tenían agua pudieron acceder a ese servicio.
En suma, la distribución del agua para la industria autoabastecida, agrícola, agroalimentaria y eléctrica, creció en los dos últimos sexenios en 11 mil 578 millones de metros cúbicos, mientras que el suministro a la población apenas registró un aumento de Mil 887 millones de metros cúbicos de agua, lo que en términos reales significa que por cada millón de metros cúbicos de agua entregados al abasto de población, el gobierno federal decidió –con base en decisiones unipersonales- concesionar 9 mil veces más esa cantidad de agua a la planta industrial.
Cifras de Miedo
Como lo señala el investigador y defensor del agua Gerardo Pérez, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, “los números que se señalan en las estadísticas oficiales del manejo del agua, por si solos puede que no nos digan mucho, pero si se traducen en el consumo que requiere la población, cobran una dimensión apocalíptica”.
Tal aseveración tiene sentido. En la danza de cifras que maneja la CONAGUA a través del REPDA se encuentra implícita una realidad insoslayable: con la mitad del agua que fue entregada a la planta industrial autoabastecida durante los dos pasados sexenios, habría sido posible atender el problema de desabasto del líquido que afecta al grueso de la población que a la fecha carece de ese servicio en todo el país.
De acuerdo a la visión de la OMS, en México el uso del agua para la generación de energía es inconsistente con la realidad, pues mientras que en el resto de América Latina y el Caribe el 22.7 por ciento de la energía eléctrica se produce a partir de fuentes renovables, principalmente eólica, en nuestro país solo en 7.9 por ciento de la energía eléctrica tiene este origen, por lo que el 92.1 por ciento se genera a partir de fuentes que afectan el medio ambiente, entre ellas la sustracción del agua tanto de fuentes superficiales como de mantos profundos.
A ello se atribuye lo que refiere la OMS, que “México tiene problemas de deterioro ambiental asociados con la sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas por deforestación, degradación en sus suelos, deficiente calidad del aire y del agua”,[3] lo que invariablemente tiene un impacto en la salud de la población, que se agrava con la escasez del agua para el sostenimientos de las actividades domésticas diarias y de higiene personal.
De acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informativa (INEGI), con fecha de corte a marzo del 2018, en nuestro país son más de 44 millones de personas los que no tienen acceso al agua, una cifra que se estrella contra la realidad expuesta en el Censo Económico de la misma institución, en donde se reconoce que en México se encuentran establecidas más de 5 millones 655 mil empresas, entre pequeñas, medias y trasnacionales, de las que ninguna de ellas carece de servicios de suministro de agua.
De las más de 5 millones 655 mil empresas que operan en el país, por lo menos 61 mil 693 de ellas que se encuentran dentro del padrón de Empresas Extranjeras que Realizan Actos de Comercio en México, así como en el Listado de Registro de Sociedades Mexicanas con Inversión Extrajera en su Capital Social, en donde se encuentran incluidas las que se consideran grandes consumidoras de agua, a quienes se les privilegia el suministro por el encima de las necesidades de la población.
Y es que desde la óptica del gobierno mexicano estas empresas significaron en los últimos seis años una inversión directa en nuestro país por el orden de los 181 mil 793 millones de dólares,[4] recursos que poco o nada se reflejan en la mayoría de las comunidades a las que se les ha arrebatado el agua, y con ello se les ha obligado a sumirse más en la miseria al no contar con el satisfactor más indispensable para su desarrollo.
[1] Página oficial http://www.rancholucero.com/
[2] Organización Mundial de la Salud, Estrategia de Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con México 2015-2018, p. 16, 2015
[3] Organización Mundial de la Salud, Estrategia de Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con México 2015-2018, p. 11, 2015
[4] Secretaría de Economía, boletín informativo 041/18, México, a 21 de mayo de 2018
