El combate a la corrupción planteado por el presidente López Obrador, como parte de la Cuarta Transformación que pretende en el país, parece que va en serio; la detención en España del empresario minero, Alonso Ancira Elizondo, y la orden de captura contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así lo confirman.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, estos dos personajes podrían estar involucrados en un caso de corrupción y desfalco al erario por el orden de los 450 millones de dólares, los que de manera indebida fueron extraídos de las arcas nacionales mediante sobrecostos en la adquisición de una planta de fertilizantes que compró Pemex al grupo minero Altos Hornos de México.
La planta Agro Nitrogenados (de fertilizantes) que vendió el grupo Altos Hornos de México a Pemex, ubicada en el complejo industrial de Pajaritos de Coatzacoalcos, Veracruz, era prácticamente chatarra, con un valor estimado de 50 millones de dólares, pero Emilio Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, pactaron un sobreprecio de 500 millones de pesos, diez veces más el valor original.
Por esa transacción, la Fiscalía General de la República, con base en las investigaciones realizadas por Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), determinó imputar los delitos de Lavado de Dinero, Cohecho y Defraudación Fiscal al empresario minero y también al hoy ex director de Petróleos Mexicanos, quien estuvo al frente de la paraestatal del 2012 al 2016.
Efecto colateral
Esta acción, que sería la primera del presidente López Obrador para ir en serio contra la corrupción que privó en el país al menos en los últimos tres sexenios, podría tener otro efecto colateral: la revisión a fondo de la forma en que están operando algunas empresas mineras en el país, toda vez que en este escándalo se encuentra involucrado uno de los principales grupos mineros de México.
Si las investigaciones del gobierno mexicano, sobre la incestuosa relación que han mantenido empresarios del ramo minero con funcionarios del gobierno federal, continúan como se ven, podríamos estar ante un hecho histórico que develaría la perversa forma en que el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari entregó la planta industrial extractiva de la nación a la iniciativa privada.
Solo en el caso de Altos Hornos de México, propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo, hay que recordar que el gobierno federal decidió venderla a este Grupo Acerero del Norte en menos de una cuarta partes de su precio real, que se ubicaba en los 800 millones de dólares, pro fue ofertada en 178 millones de dólares.
Esa fue la pauta para el crecimiento de este grupo minero, que a la fecha, pese a una serie de descalabros económicos, se ha convertido en el principal productor de acero en México, el que prácticamente ha monopolizado la comercialización de hierro en todo el territorio nacional, con utilidades rentables que oscilan entre los 2 mil y los 3 mil 500 millones de dólares al año.
No es el primer escándalo de Altos Hornos
La relación de corrupción que hoy ha establecido la FGR sobre la empresa minera Altos Hornos de México S.A.B. de C.V. (AHMSA), no es el primer escándalo que se registra en el historial de esta empresa. Ya en 1999, a solo ocho años de haber sido prácticamente regalada por el gobierno mexicano, la minera estuvo imbuida en un conflicto financiero.
Argumentando pérdidas económicas, como supuesto resultado de la caída de los precios internacionales del acero, en 1999, la minera Altos Hornos de México suspendió en forma indefinida el pago a sus proveedores; con base en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, vigente hasta el año 2000, detuvo el pago de sus compromisos económicos y congeló sus deudas en pesos.
Los compromisos suspendidos por Altos Hornos de México fueron por el orden de los 2 mil 300 millones de pesos, afectando principalmente a las instituciones financieras Bank Of América, Banamex, JPMorgan y Bancomer, quienes solicitaron la mediación del gobierno federal mexicano para deshacerse de las deudas de la minera.
Como resultado de ese conflicto entre la minera y los bancos, la SHCP inició una investigación que concluyó en el 2003 con órdenes de aprensión contra una docena de directivos de la empresa, los que no pudieron ser llamados a cuentas. Aun cuando la empresa siguió operando con altas utilidades anuales, fue hasta mediados del 2016, cuando Altos Hornos de México volvió a asumir el compromiso de pago con sus acreedores.
…Y lo que hay en el trasfondo
Altos Hornos de México y su dueño Alonso Ancira Elizondo, son dos entes que mucho tienen de trasfondo en su actividad industrial. La empresa Minera del Norte S.A. subsidiaria de AHMSA, la que compra una gran parte del hierro extraído en Michoacán, y que refina en la planta de Minerales Monclova S.A. (MIMOSA), está señalada de nexos con el crimen organizado.
En Michoacán, la minera Altos Hornos de México mantienen negocios con muchos de los grupos de autodefensa y células de los carteles de La Familia, Los Caballeros Templarios y Los Viagra, a los que paga desde hace por lo menos seis años la cantidad de dos dólares por cada tonelada de hierro que saca de la entidad. Los pagos se hacen en función del “servicio de seguridad” que las células del cartel hacen para la empresa.
Este hecho fue denunciado en su momento por José Manuel Mireles Valverde el jefe fundador de los grupos de autodefensa de Michoacán, quien reconoció que los fondos aportados por la minera para el crimen organizado, “es lo que le ha permitido al cartel de Los Caballeros Templarios mantenerse activos”. De acuerdo a las cuentas de Mireles Valverde, solo el cartel de los Templarios habría de recibir en promedio, cada semana, una suma cercana a los 20 mil dólares, por cuidar los intereses de Altos Hornos de México en Michoacán.
Con la aportación de esos fondos, el cartel de los Caballeros Templarios, no sólo brinda protección a la zona perimetral de las minas del grupo Minera del Norte S.A., sino que también ha extendido sus “servicios” a labores de disuasión contra los grupos que se manifiestan inconformes por la actividad extractiva, la que no aporta ningún tipo de regalías a los vecinos propietarios originales de los predios en donde se encuentran los yacimientos de hierro.
No soportarían una auditoría
Igual que Altos Hornos de México, otra empresa minera que en Michoacán han comprado los servicios de seguridad a los carteles de los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana, el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Tercera Hermandad (H3), son Mittal Steel, la que trabaja las instalaciones que en algún momento fueron de la paraestatal Siderúrgica Lázaro Cárdenas y de la trasnacional Pacific Coast Miner, las que no sólo mantienen minas en activo, sino que trabajan en por lo menos una docena de proyectos en exploración.
Y no solo eso, Altos Hornos de México formó parte de un reducido grupo minero que se benefició con los favores de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, logrando la adjudicación de la mina de hierro de Santa María Zaniza, en el estado de Oaxaca, igual que lo hicieron la Minera El Mamey, con el permiso de explotación de la mina Cihuatlán, en Jalisco y la Minera Las Encinas que se apropió del proyecto de la mina San Miguel de Aquila, en Michoacán, y de la mina Pihuamo, en Jalisco.
Otras mineras que no soportarían una revisión a fondo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, por la forma en que se hicieron de las concesiones y por sus manejos financieros, serían la minera La Perla Minas de Fierro que explota el proyecto de la mina La Perla, en el estado de Coahuila; la Minera Las Encinas, que se hizo de la mina Cerro Náhuatl, ubicado en el estado de Michoacán; el Grupo Acerero del Norte que es propietario de la mina Hércules, en Coahuila; el Consorcio Minero Benito Juárez que se apropió de la mina Peña Colorada, en Michoacán; la minera Cerro de Mercado S.A. que se quedó con la mina Cerro del Mercado, en Coahuila, y la empresa Arcelor Mittal que se afianzó con el proyecto Las Truchas, en Michoacán.
