El robo de hidrocarburos, un mal en aumento

Por Juan Alberto Alva Álvarez

El robo de hidrocarburos se ha convertido en un mal que ha ido en aumento, sobre todo en los últimos 12 años. Principalmente en esta administración ha sido un ilícito que ha crecido y vulnera cada día más a la sociedad y, desde luego, los recursos públicos del Estado.

En principio, debe señalarse que actualmente la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos dispone, en su artículo 8, que se sancionara con pena de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo general vigente en el lugar de los hechos, a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Así, como lo he mencionado, en la administración de Enrique Peña Nieto ha habido un crecimiento exponencial de la perforación de ductos para el robo de combustible, lo que se traduce en un aumento de hasta un 79 por ciento, según datos de Petróleos Mexicanos.

Se han contabilizado un total de 28,736 tomas clandestinas en todo el país entre 2013 y 2017, lo que significa un promedio de una perforación cada 90 minutos.

De acuerdo a los informes que dicha empresa productiva del Estado ha rendido, las entidades federativas más afectadas por este problema son en primer lugar Guanajuato con 1,852 tomas clandestinas, seguido de Puebla con 1,443, Tamaulipas con 1,100, Hidalgo con 1,064 y Veracruz con 1,012.

Tan solo en estos cinco estados se concentra el 62 por ciento de la totalidad de los casos en el país.

Un caso más que debe considerarse es el de la Ciudad de México, pues de una toma clandestina que se tenía registrada en el año 2013, pasó a 91 el año pasado, lo que significa un crecimiento del 90 por ciento. Igual situación ocurre en Morelos, que de una toma en 2013 pasó a 378 en 2018.

Ahora bien, en materia económica, el robo de combustible representó para México una pérdida por 25 millones de pesos en promedio en los últimos cinco años.

Sin embargo, ha habido esfuerzos por erradicar este mal, por ejemplo, se han puesto en marcha varios sistemas de vigilancia, se han establecido puestos de mando y centros coordinadores de operaciones avanzados, así como un monitoreo permanente de los sistemas de transporte por ductos, para detectar en tiempo real las variaciones de flujo, presión y temperatura en un punto determinado.

Del mismo modo, en el mes de mayo del año 2017, el gobierno federal anunció el inicio de un plan integral contra el robo de combustible en todo el país, integrado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal del Consumidor y las entidades federativas.

En ese sentido, es importante destacar que dichos esfuerzos y logros Institucionales han derivado en avances importantes en el combate al robo de hidrocarburos. Por ejemplo, en la zona norte del país, en donde se ha podido observar que en entidades como Durango, Coahuila o Zacatecas, el número de tomas clandestinas decreció a cero en el año 2017.

Igualmente, se han clausurado alrededor de 70 estaciones de servicio en diversas entidades federativas que no comprobaron la procedencia lícita de los combustibles que comercializaban. Además, ha habido la recuperación de casi 15 millones de litros de hidrocarburos que fueron sustraídos de manera ilegal.

En ese mismo sentido, debe referirse que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, a través del estudio intitulado “El robo de combustible: asalto a la nación”, precisó que el robo a través de la extracción de combustibles en los ductos de Petróleos Mexicanos se supone realizado por una estructura bien definida y organizada, compuesta por un buen número de individuos vinculados – o no – con actores legales y con conocimientos del tratamiento, infraestructura de la red de ductos, así como de los periodos de tiempo más convenientes para su extracción ilegal, lo que acusa un conocimiento de todo el procedimiento técnico que conlleva su extracción, almacenamiento y distribución”.

Lo anterior nos lleva a interpretar que detrás del robo de combustible hay organizaciones del crimen organizado que han sido nombrados en recientes fechas como huachicoleros.

Bajo esa óptica, debe prevalecer el interés del gobierno federal por erradicar en su totalidad este mal, ya que se trata de un mal que impacta en la economía y seguridad nacional. Los esfuerzos del gobierno son de destacarse, sin embargo, no ha sido suficiente y se debe continuar con el avance en ello.

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