Por Rivelino Rueda
CHILPANCINGO. 6 septiembre de 2015—Regularmente las personas que dan su testimonio señalan hacia el norponiente de esta ciudad, en dirección a los límites de Guerrero con los estados de Morelos, Michoacán y el Estado de México, en una de las zonas denominadas como “El triángulo de la amapola”.
No van más allá. Narran con palabras entrecortadas –y la mayoría de las veces presas de un miedo profundo– que muchos de los desaparecidos en la entidad son trasladados hasta allá para ser esclavizados en verdaderos campos de esclavitud para la siembra de la amapola.
“Existen y las autoridades lo saben y lo consienten. Son virtualmente campos de concentración enclavados en lo más recóndito de la región de la Montaña guerrerense”, afirma uno de los consultados.
Pero las versiones sobre estos campos no van más allá del mero testimonio, también si los relatos se hacen en Iguala, Taxco, Chilapa o Tlapa, aunque todos coinciden en algo: en los “levantones” que realizan los grupos del crimen organizado para reclutar a estos “esclavos” y para trasladarlos a esos campos colaboran –con omisiones o directamente en el traslado o en la vigilancia de rutas—elementos del Ejército y de las policías federal y estatal.
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La versión jamás ha sido descartada entre los padres de los 43 normalistas de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en la trágica noche de Iguala, entre el 26 y 27 deseptiembre del año pasado.
Padres, hermanos, amigos, compañeros y familiares de los estudiantes víctimas de desaparición forzada en ese hecho, que sin duda marcará un antes y un después en la historia de México, siempre han rechazado que “los muchachos” estén muertos e, incluso, abiertamente comentan que están en esos campos de siembra de amapola “haciendo trabajos forzados”.
En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), que se presentó este domingo 6 deseptiembre, el investigador Francisco Cox señaló, al inicio de su presentación, que la hermanade uno de los normalistas desaparecidos comentó:
“Yo lo que le puedo decir ahorita, que donde quiera que esté mi hermano, que tenga la fuerza y que tenga la esperanza de que lo vamos a encontrar, y agradeceré a dios y a todas las personas que nos han apoyado si mi hermano regresa con vida. Si mi hermano perdió la vida, igualmente agradeceré a todas esas personas”.
Una de las partes concluyentes en ese informe de 500 cuartillas también establece que en distintos momentos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvieron presentes, además de las policías municipales de Iguala y Cocula, elementos del Ejército, deinteligencia militar, de la Policía Federal y de la Policía Estatal.
Apenas el pasado 2 de septiembre, el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, al 31 de diciembre de 2014 Guerrero presentaba el mayor número de desapariciones forzadas del fuero federal, con 418.
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El 31 de octubre del año pasado, a 34 días de la desaparición de los 43 normalistas, se dio un hecho que por ningún motivo fue atendido en la “verdad histórica” de la Procuraduría Generalde la República (PGR) de Jesús Murillo Karam.
Una manta atribuida al “Gil”, lugarteniente del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, fue colocada en la reja de un terreno ubicado a un costado del 27 Batallón Militar, en el municipio de Iguala, en donde se aseguraba que los estudiantes desaparecidos se encontraban con vida.
La manta decía: “Ahí están sus nombres señor presidente de la República, ya que tenga el 80%de los detenidos de ellos yo me entregaré, menos no, y le diré tal y como fueron y son las cosas, y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy culpable, los mandos y los jefes son los hermanos Casarrubias y los Tilos (marranas negras o peques) no Abarca, no confundan a la comunidad, díganlas como son, y los estudiantes están vivos”.
En el mensaje de este grupo criminal también da los nombres de presidentes municipales, funcionarios estatales, federales y del 27 Batallón del Ejército que “recibían su nómina a cambiode desaparecer gente y secuestrar, como muestra de ello son las fosas que están apareciendo en todos los municipios”.
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En Chilapa –donde se han documentado 200 casos de desaparición forzada de julio de 2014 a julio de 2015, con sólo 101 denuncias—los familiares de los desaparecidos hablan de una “leva”de los grupos criminales y de fuerzas federales, estatales y municipales, incluidos elementos deEjército, para trasladar a las víctimas a esos “campos de esclavitud”.
“Vivimos con miedo, atemorizados día y noche, esperando a nuestros familiares desaparecidos o esperando ser los próximos”, comentó en mayo pasado el vocero de las familias de personas desaparecidas en ese municipio, José Díaz Navarro.
Entre el 9 y el 15 de mayo de este año, un grupo armado irrumpió en esa cabecera municipal y “levantó” a 30 personas (16 documentadas) sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Lo que llamó la atención fue que mientras este grupo criminal, Los Ardillos, actuaba en el municipio y “levantaba” a pobladores, unos 300 campesinos de municipios aledaños bloquearon todos los accesos de Chilapa, haciéndose pasar por policías comunitarios.
“Están amenazados. Saben cuál es su destino si no colaboran con ellos: o se los llevan a esoscampos de siembra de amapola o los matan”, comentó la madre de uno de los desaparecidos en la irrupción armada de mayo.
