Bolivia, los primeros rebeldes contra la imposición anglosionista en América Latina

Por Jesús Alberto Erazo Castro

Hay pueblos que olvidan. Y hay pueblos que recuerdan demasiado. Bolivia es de los segundos. En sus montañas, en sus altiplanos, en el polvo rojo de sus minas, existe una memoria que no se doblega ante los decretos de Washington ni ante los comunicados de la OEA. 

Lo que ocurrió en 2026 no fue una protesta más. Fue algo que América Latina no había visto en décadas: una insurrección generalizada contra un gobierno que llegó prometiendo reconciliación y entregó, en cambio, la nuda y cruda agenda de quienes nunca dejaron de gobernar desde las sombras.

Rodrigo Paz Pereira no cayó del cielo. Es la tercera generación de una dinastía que se ha entronizado en el poder boliviano como si el Palacio de Quemara fuera una herencia de familia. 

Su abuelo, Víctor Paz Estenssoro, fue presidente en múltiples ocasiones. Su padre, Rodrigo Paz Zamora, ocupó la misma silla entre 1989 y 1993. Y ahora él, con el mismo apellido, regresó en noviembre de 2025 con el discurso sedoso del “centro-derecha moderado”, de la “tercera vía”, de la paz entre hermanos. 

Prometió cambio. Prometió diálogo. Prometió que no sería una vuelta al pasado. Y en menos de seis meses, su aprobación se derrumbó del 65% al 52%, mientras la desaprobación se duplicaba, porque el pueblo boliviano no es tonto: conoce la cara del engaño cuando la ve.

Evo Morales no fue un santo, y este texto no pretende canonizarlo. Pero durante catorce años su gobierno hizo algo que la derecha nunca perdonó: le enseñó al pueblo boliviano a organizarse. 

No fue el Estado el que salió a las calles en 2026; fueron las federaciones, los sindicatos, las milicias campesinas, las mujeres con pollera y sombrero, los mismos que Evo supo tejer desde el Chapare hasta el altiplano. 

Cuando Paz llegó al poder pensando que heredaba una nación de súbditos desmovilizados, se encontró con una nación de ciudadanos que ya sabían cómo se bloquea una carretera, cómo se sostiene un cabildo, cómo se mira a un presidente a los ojos y se le dice “no”. 

Eso no se lo regaló Evo. Se lo regaló el pueblo, que aprendió, en los años del MAS, que la calle es también un parlamento.

Lo primero que hizo fue eliminar el subsidio a los combustibles. Lo llamó “urgente”. Lo presentó como una medida técnica, inevitable, racional. Pero en las calles de El Alto y La Paz se sintió como un latigazo. 

Luego vino la Ley 1720, esa norma agraria impulsada desde el Senado por Branko Marinković, que abría la puerta para que las tierras campesinas e indígenas terminaran, por la vía del crédito y la presión, en manos del gran agro-negocio. 

Los indígenas de la Amazonía caminaron 28 días hasta La Paz para decir basta. Los maestros salieron a exigir salarios dignos. Los mineros cooperativistas, con dinamita en las manos, recordaron al país que la protesta boliviana no es una marcha pacífica de cartulinas: es la memoria histórica hecha piedra y pólvora. 

Y fueron los Ponchos Rojos, esa mística guardia indígena de El Alto que hereda la memoria de Túpac Katari, los primeros en lanzarse a los bloqueos cuando el gobierno intentó quebrar la protesta con represión. Con su poncho rojo al viento, con la wiphala en el pecho, con la certeza de que no hay dignidad posible sin la eterna memoria ancestral.

Y entonces, cuando el pueblo se levantó, el gobierno mostró su verdadera cara.

No fue una represión ordinaria. Fue una cacería humana. La Central Obrera Boliviana lo denunció con esas palabras exactas: cacería humana. Dirigentes vecinales como Justino Apaza fueron secuestrados de sus casas sin orden judicial, reducidos por la fuerza, trasladados a la cárcel de San Pedro con acusaciones de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa. 

Sí, terrorismo. Esa es la palabra que hoy se usa en Bolivia para describir a un dirigente sindical que pide pan y trabajo. La exsenadora Simona Quispe fue arrestada por encapuchados, subida a un minibús sin chapa, y solo la presión popular logró su liberación al día siguiente. 

Yesenia Vargas, dirigente cocalera, fue detenida después de decir en una radio comunitaria: “No voy a permitir que este gobierno esté cinco años más saqueando a nuestro país”. Seis meses de detención preventiva le dictaron. Por hablar. Por organizar. Por existir.

Mientras tanto, el aparato internacional se puso en marcha para legitimar la represión. La OEA, esa misma OEA que en 2019 emitió un informe que contribuyó a derrocar a Evo Morales, llegó en julio de 2026 con una misión de “alto nivel” encabezada por Albert Ramdin. 

Su discurso oficial: escuchar todos los puntos de vista. Su mensaje real, desde el primer comunicado: apoyar al gobierno “democráticamente elegido”. Como si las urnas de un día fueran un escudo eterno contra la indignación de un pueblo traicionado. 

Evo Morales, desde el Chapare, les recordó lo que muchos saben: esa organización no tiene autoridad moral para hablar de democracia en Bolivia. Pero la OEA no vino a escuchar. Vino a validar.

Y detrás de la OEA, con una claridad que ya no asusta, sino que indigna, estaba Washington. El secretario de Estado Marco Rubio, desde el Departamento de Estado, lanzó su sentencia: “No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente”. 

Christopher Landau, subsecretario de Estado, fue más explícito: “Aquellos que perdieron abrumadoramente en las urnas están intentando derrocar al presidente”. 

Así se criminaliza a un pueblo entero. Así se etiqueta como “narcoterrorismo” la protesta de los maestros, de los campesinos, de las madres que en El Alto hacían cola por una garrafa de gas cuando los caminos estaban bloqueados no por capricho, sino por desesperación.

La alianza “Escudo de las Américas”, ese proyecto de Donald Trump para reconfigurar la Doctrina Monroe en el siglo XXI, funcionó como una malla de contención diplomática. 

Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Honduras, Paraguay, todos saltaron a defender a Paz. El gobierno de Javier Milei, sin perder tiempo, envió un avión militar con “ayuda humanitaria”. Muchos en las calles de Bolivia sospecharon, con razón histórica, que entre la ayuda venía material para reprimir. 

Porque ya se sabe cómo funciona el mecanismo: primero viene el FMI con sus cartas de intención, luego vienen los ajustes estructurales, luego viene el subsidio a los ricos y el sacrificio para los pobres, y al final, cuando el pueblo grita, viene el escudo anglosajón a tapar la boca de los indígenas con la palabra “terrorismo”.

Rodrigo Paz no es un presidente aislado. Es un eslabón. Su gabinete se llenó de rostros de la derecha más rancia, de aquellos que el mismo Paz decía criticar en campaña. Su agenda económica fue, palabra por palabra, la receta del Consenso de Washington: quitar subsidios, reducir el gasto social, abrir el mercado, devaluar la moneda. 

El 29 de junio de 2026, el gobierno terminó la paridad fija del boliviano con el dólar. El tipo de cambio flotante, presentado como modernidad, fue en realidad la entrega del salario popular a la especulación. 

Mientras tanto, el país seguía importando el 60% de su combustible y el 90% de su diésel, dependiendo del exterior para moverse, mientras el oro boliviano (ese oro que debería ser patrimonio nacional) se fugaba por toneladas hacia Dubái en aviones de carga, con documentos falsos y la complicidad de estructuras que el propio gobierno denunciaba, pero no detenía.

La corrupción de Paz no es una hipótesis. Es un expediente sucio. En febrero de 2024, la Fiscalía de Tarija lo imputó por irregularidades en la construcción del llamado “Puente Millonario” durante su gestión como alcalde. 

Cuando asumió la presidencia, salió a denunciar 15.000 millones de dólares en corrupción de gobiernos anteriores, como si lavarse las manos en público fuera suficiente para ocultar que su propio apellido lleva décadas asociado a la administración del Estado boliviano. 

Y cuando las protestas estallaron, su respuesta no fue sentarse a negociar de buena fe. Fue declarar el estado de excepción por 90 días, militarizar las calles, y usar a la Fiscalía como un brazo represor contra el sindicalismo.

Pero aquí está lo que Washington y sus aliados no calculan. El pueblo boliviano no es una variable económica. Es un sujeto histórico con memoria profunda. Los aymaras, los quechuas, los guaraníes, los mineros, los cocaleros, los Ponchos Rojos, las federaciones de mujeres campesinas que con sus sombreros y polleras han parido medio siglo de resistencia, no se arrodillan ante un comunicado del Departamento de Estado. 

Cuando la COB convocó al paro el 1 de mayo de 2026, no lo hizo por capricho. Lo hizo porque había un límite. Y ese límite se llama dignidad.

En las calles de La Paz se vivió un escenario de guerra civil sin guerra declarada. Más de 67 carreteras bloqueadas. Más de 5.000 camiones varados. La ciudad sitiada. Decenas de muertos. Cientos de heridos. Dirigentes detenidos en operativos clandestinos. Periodistas como Violeta Tamayo baleadas por cubrir la verdad. 

Y todo esto, todo, bajo la mirada cómplice de una comunidad internacional que prefiere llamar “orden constitucional” a lo que en realidad es un cerco militar y diplomático contra un pueblo que se niega a morir de hambre en silencio.

Mientras tanto, en el resto del continente, los pueblos observamos. Desde Honduras, desde México, desde Colombia, desde cada rincón donde también se siente el aliento del FMI y la mirada cínica de la OEA, los pueblos de América Latina sabemos que lo que pasa en Bolivia no es un problema boliviano: es un aviso. 

Y los grandes medios de comunicación, esos que callaron cuando la policía secuestraba dirigentes sin orden judicial, esos que repitieron como loros el discurso de “golpe” desde Washington, una vez más demostraron de qué lado están. No del lado de la verdad, sino del lado de quien paga la pauta.

Lo que está en juego en Bolivia no es solo el destino de un país de doce millones de habitantes. Es la demostración de que hay un límite a la imposición. Que cuando los supuestos ajustes se vuelven saqueos, cuando la democracia se vuelve fachada, cuando el presidente es el tercer miembro de una dinastía familiar que se cree dueña del Estado, el pueblo responde. 

Y responde con una fuerza que no entienden los junta letras de Washington ni los burócratas de la OEA.

Bolivia 2026 no es un episodio aislado. Es el primer gran estallido de una resistencia que puede recorrer el continente. Porque lo que se probó en las calles de El Alto y La Paz es que hay pueblos que no se dejan. Que hay memorias que no se borran con decretos. Que hay dignidades que no se compran con bonos ni se amedrentan con cárceles.

Mientras tanto, la OEA cerrará su misión con un comunicado edulcorado y aséptico, alabando la “estabilidad institucional” de un gobierno que solo se sostiene gracias a la gasolina importada y al silencio cómplice de Washington. 

Marco Rubio twiteará sobre la defensa de la democracia sin mencionar ni una sola vez a los campesinos con balas en la espalda ni a los dirigentes pudriéndose en celdas de prevención. Y Rodrigo Paz Pereira, el heredero, se tomará la foto del triunfo en la Casa Blanca, convencido de que su apellido le otorga un derecho divino a administrar el altiplano como si fuera una hacienda del siglo XIX.

Pero lo realmente amargo de esta historia, lo que quema en la garganta, no es la hipocresía de la OEA ni la cara de yeso de la derecha internacional. Lo verdaderamente corrosivo es que el propio Paz sabe que su «victoria» es puro maquillaje. Porque en Bolivia, el que gobierna contra el pueblo no gobierna: solo patalea, aferrado a un polvorín de memorias que en cualquier momento le vuela el trono en la cara.

Fuentes:

• Central Obrera Boliviana. «Comunicado sobre cacería humana y operativos clandestinos contra dirigentes sindicales». La Paz: COB, 7 de junio de 2026.
• Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. «Informe sobre violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2026». La Paz: Defensoría del Pueblo, junio de 2026.
• Departamento de Estado de los Estados Unidos. «Declaraciones del secretario Marco Rubio sobre situación en Bolivia». Washington D.C.: Departamento de Estado, junio de 2026.
• Departamento de Estado de los Estados Unidos. «Declaraciones del subsecretario Christopher Landau sobre protestas en Bolivia». Washington D.C.: Departamento de Estado, junio de 2026.
• Diálogo Político. «Bolivia: ¿qué hay detrás de la crisis y hacia dónde va el país?». Diálogo Político, 2026. https://dialogopolitico.org/agenda/analisis/bolivia-crisis-rodrigo-paz/
• El Deber. «Gobierno estima que 1.800 millones de dólares en oro se fugan al contrabando anualmente». Santa Cruz de la Sierra: El Deber, 2026.
• El Deber. «Policía impide salida de 189 kilos de oro con destino a Dubái en Viru Viru». Santa Cruz de la Sierra: El Deber, 22 de julio de 2026.
• Fiscalía de Tarija. «Imputación a Rodrigo Paz por presuntas irregularidades en el Puente Millonario». Tarija: Fiscalía Departamental de Tarija, febrero de 2024.
• Granma. «Cacería humana, denuncia central sindical de Bolivia». La Habana: Granma, 7 de junio de 2026. https://www.granma.cu/mundo/2026-06-07/caceria-humana-denuncia-central-sindical-de-bolivia-07-06-2026-10-06-33
• Infobae. «Crisis de combustible en Bolivia: más de 5.000 vehículos afectados por gasolina de mala calidad». Buenos Aires: Infobae, febrero de 2026.
• Ipsos Ciesmori. «Encuesta de aprobación de la gestión del presidente Rodrigo Paz». La Paz: Ipsos Ciesmori, abril de 2026.
• La Izquierda Diario. «Periodista Violeta Tamayo herida de bala durante cobertura de marcha en La Paz». La Paz: La Izquierda Diario, junio de 2026.
• La Razón. «Evo Morales afirma que la OEA no tiene autoridad moral para evaluar la democracia en Bolivia». La Paz: La Razón, agosto de 2026.
• Organización de los Estados Americanos. «Misión de alto nivel de la OEA viaja a Bolivia». Washington D.C.: OEA, julio de 2026.
• Página Siete. «Bolivia importa cerca del 60% de nafta y 90% de diésel». La Paz: Página Siete, 2026.
• Página Siete. «COB declara persona no grata a diputado Carlos Alarcón y rechaza Ley Anti-bloqueos». La Paz: Página Siete, agosto de 2026.
• Página Siete. «Diputado Alarcón presenta Ley Anti-bloqueos con penas de hasta 20 años». La Paz: Página Siete, diciembre de 2025.
• Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. «Declaraciones del presidente Rodrigo Paz sobre corrupción en gobiernos anteriores». La Paz: Presidencia, noviembre de 2025.
• Senado del Estado Plurinacional de Bolivia. «Proyecto de Ley de Reglamento de Estado de Excepción». La Paz: Senado, junio de 2026.
• Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. «Resultados elecciones generales 2025, primera vuelta». La Paz: TSE, 2025.
• Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. «Resultados elecciones subnacionales 2026, departamento de La Paz». La Paz: TSE, marzo de 2026.
• Asamblea Legislativa Plurinacional. «Ley N° 1720 de modificación al régimen de clasificación de tierras». La Paz: Asamblea Legislativa, abril de 2026.
• Wikipedia. «2026 Bolivian protests». Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Bolivian_protests
• Wikipedia. «Crisis económica en Bolivia de 2023-presente». Wikipedia, La Enciclopedia Libre, 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_en_Bolivia_de_2023-presente
• Wikipedia. «Protestas en Bolivia de 2026». Wikipedia, La Enciclopedia Libre, 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Bolivia_de_2026