UIF detecta “riesgo medio” de financiamiento al terrorismo en dos organizaciones sin fines de lucro

Por Rivelino Rueda

Una institución con actividades educativas y culturales, así como una asociación religiosa, acreditadas como Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), fueron ubicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un nivel de “riesgo medio” de presunto financiamiento al terrorismo.

     Estos riesgos de posible subvención de organizaciones civiles sin fines de lucro, según el documeto Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fueron detectadas tras un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), titulado Tipologías del GAFI sobre el Riesgo de Abuso OSFL, en donde se advierte que dichas instituciones “son susceptibles de colaborar en el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.

     Las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI), a cargo de Pablo Gómez Álvarez, se empezaron a encender tras una evaluación de riesgo de las 5 mil 957 OSFL en el año 2022, a partir de una metodología de factores inherentes, mitigantes e intensificadores de riesgos, en donde si bien no se detectaron niveles “altos” de riesgo de posible financiamiento al terrorismo, los resultados arrojaron que dos cuentan con un “riesgo medio” y otras ocho con “riesgo medio-bajo”.

     En el espectro de “riesgo medio-bajo”, la UFI ubicó a “tres asociaciones religiosas, tres educativas/culturales y dos sociales/fraternales”.

     “Los resultados arrojados por la matriz de riesgo de financiamiento al terrorismo, una vez evaluadas alas Organizaciones Sin Fines de Lucro, de acuerdo con factores inherentes, mitigantes e intensificadores de riesgos, indican los siguientes factores de riesgo: en riesgo medio se encuentran dos OSFL; en riego medio-bajo se ubican ocho OSFL; y, por último, en riesgo bajo se localizan la gran mayoría de las OSFL, reportando el 99.93% de los sujetos obligados analizados, equivalente a 5 mil 957 OSFL”, detalla el informe.

     El documento destaca que, en concordancia con la Nota Interpretativa de la Recomendación 8 del GAFI, “un enfoque efectivo para identificar, prevenir y combatir el abuso terrorista de las OSFL debe incluir un elemento de supervisión y monitoreo de dicho sector”.

     Por lo anterior –añade el informe– “la UFI emitió en 2020 la Guía para Combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las OSFL que, junto con un plan de monitoreo, que incluye la participación  y coordinación de varias instituciones, es crucial en el combate de este riesgo y al cumplimiento de los estándares internacionales”.

     De acuerdo con el informe Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM) 2022, que presentó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) el 30 de noviembre de 2023, dichos organismos manejaron, en 2022, un monto de 823 mil 413 millones de pesos, lo que significó un promedio de proporción del 2.9% respecto al PIB nacional.

     El informe de la institución señala que en 2022 el 38% del total del PIB de las Organizaciones Sin Fines de Lucro lo aportaron las asociaciones que prestan servicios educativos; el 29% asociaciones y organizaciones que se caracterizan por ofertar servicios a bajo costo; 8.1% organismos de salud y asistencia social; 8.1% asociaciones de servicios gubernamentales; 7.7% de servicios financieros; 3.1% de servicios profesionales, científicos y tecnológicos.

Además, el Inegi detalla en el informe que estos organismos también engrosaron el PIB del sector con el 2.4% de asociaciones sin fines de lucro dedicadas a servicios culturales; 0.4% de servicios inmobiliarios y alquiler, 0.1% de alojamiento temporal y alimentos, y 2.4% otros servicios.

     El concepto “otros servicios” se refiere, fundamentalmente, a cría y explotación de animales; minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; construcción; industrias manufactureras; comercio; transporte; correos y almacenamiento; información en medios masivos; corporativos, y servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación.

     En respuesta a una solicitud de información que formuló Reversos a las Fiscalía General de la República (FGR) en marzo de 2022, referente a las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en dicha institución en contra de personas nacionales o extranjeras con vínculos o presuntos vínculos con grupos terroristas internacionales en el periodo del 11 de septiembre de 2001 (fecha de los atentados en Estados Unidos) y el 2 de febrero de 2022, el organismo afirmó que no tenía ninguna indagatoria sobre ese tipo de casos.

     Cuatro meses después de dicha respuesta de la institución que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, el gobierno de Argentina informó que había inmovilizado un avión de Venezuela que fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos, el cual despegó de la ciudad de Querétaro, en México, donde viajaban cinco tripulantes integrantes de la Fuerza Quds, brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que en abril de 2019 fue declarada por el Departamento de Estado de la Unión Americana como una una “organización terrorista extranjera”.

     En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en una auditoría de desempeño al Instituto Nacional de Migración (INM) que el organismo que preside Francisco Garduño Yáñez había reportado a otras autoridades, entre 2015 y 2018, un total de 19 casos de extranjeros presuntamente relacionados con terrorismo que fueron detenidas en la frontera con de México con Guatemala.

     “En el caso concreto de los 19 informes sobre presuntos terroristas, el documento detalla que tres corresponden a 2015; siete a 2016; cuatro a 2017 y cinco a 2018. Estos últimos fueron extranjeros originarios de Yemen y Centroamérica, sin precisar de qué países de esa región. El INM los identificó en el estado de Chiapas”, anota la auditoría.

     Para junio de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), reveló que de 2019 a 2024 al menos 368 personas señaladas como terroristas por las autoridades de la Unión Americana ingresaron a ese país a través de la frontera con México.

     A pesar de estas alertas, la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, de la SHCP señala que “el nivel de amenaza del terrorismo en México es poco significativo, ya que los blancos nacionales o extranjeros con residencia o tránsito en territorio nacional que han presentado simpatía con dicho fenómeno han sido casos aislados, en el plano retórito y aspiracional, más por causas personales que ideológicas, por exposición a propaganda terrorista en internet”.

     “Para México un foco de atención es que connacionales vulnerables estén más expuestos a consumir vía internet propaganda extremista o sean blancos de radicalización por agentes externos vinculados al terrorismo, quienes tienen como objetivo aleccionar a ‘lobos solitarios’ para perpetrar ataques y financiar actos terroristas”.

     Aunque el riesgo de terrorismo en México obedece primordialmente a dinámicas y fuerzas motrices externas –añade el informe–, “el país cuenta con vulnerabilidades que plantean el peligro de que sea utilizado como plataforma de agentes extremistas, incluyendo la posibilidad de que mexicanos o extranjeros residentes sean radicalizados”.

     La Secretaría de Hacienda señala que entre las vulnerabilidades que motivan a que México desarrolle una agenda preventiva para atender el terrorismo como un riesgo latente y permanente a la seguridad nacional, se encuentran la contigüidad geográfica e integración económica de México a Norteamérica y al resto del mundo, así como la estancia o flujo en el país de migrantes de riesgo en términos de terrorismo y de delincuencia organizada trasnacional.

     Además, la “presencia en territorio nacional de oficinas y representaciones diplomáticas susceptibles de ser objeto de atentados; la accesibilidad a tecnologías de la información y comunicación con fines disruptivos, y la presencia en México de sectores socialmente vulnerables que se identifiquen con el terrorismo o el extremismo violento”.

@RivelinoRueda

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