Gobierno de la CDMX muestra su vena autoritaria y discriminatoria en desalojo de campamento Triqui, Nahua y Otomí

Hay que actuar como si fuera posible

transformar radicalmente el mundo.

Y tienes que hacerlo todo el tiempo.

Angela Davis

Texto, fotos y videos: Priscila Alvarado

Los vecinos de la Colonia Juárez pueden estar tranquilos. Las familias indígenas han sido removidas. En Londres 7 no queda nada, sólo presencias y cuerpos sepia que buscan aliviar el frío de la madrugada, sentados o recostados en el asfalto, frente a la estructura que hace apenas dos años comenzó a ser su hogar.

La calle está “limpia”. Un grupo de hombres enviado por la Secretaría de Gobierno de la CDMX logró desaparecer hasta el último rastro de los Triquis, Nahuas y Otomíes, que dormían en un campamento extendido en la vialidad.

Las colchas tejidas por mujeres de la comunidad. Los bordados estampados en bolsas, muñecas, pulseras y artesanías diversas, que dan a la exigua economía un respiro. Los colchones con resortes rebeldes. Las televisiones de aire antiguo. Los juguetes, trastes, ropas. Los documentos de aquellos que por espabilo cuentan con actas de nacimiento y hasta registros electorales.

Todo fue apilado en camionetas de carga grabadas con el nuevo logotipo del gobierno de la ciudad, irónicamente con motivos prehispánicos, para luego ser custodiadas a un espacio en Circuito Interior.

Aquello que parecía inservible, como lonas, pedazos de madera, tarimas, retazos, juguetes rotos o bloques grisáceos de ladrillos baratos, tuvo un destino fatídico en la trituradora de camiones basureros que, durante cuatro horas, se deshicieron de todo.

“Por fin hacen algo bien”, grita con orgullo y algo de entusiasmo una mujer joven desde un Toyota que transita por la calle “liberada”, frente al Museo de Ripley.

El ánimo festivo vibra entre los vecinos. Henedina Sánchez, representante y coordinadora del Comité de Vecinos de la colonia, relata la intervención gubernamental en el despojo, la expulsión y las sanciones (como separarlos de sus pertenencias) como un logro que costó quejas, comentarios en redes sociales y desprecio social.

“Nos daba miedo salir a la tienda, aunque, sinceramente, no tenemos pruebas para decir que ellos asaltaban o vendían droga. En esta colonia nunca se había visto un campamento así y nos daba miedo. Por eso los vecinos pidieron que los quitaran de aquí y se logró”.

Pero la frenética algarabía no alcanza a resonar entre los indígenas desalojados. Hoy Sandra, una triqui que no supera los 35 años, y sus tres hijos –una de 11, otro de 8 y la pequeña de 2 años– intentarán conciliar el sueño en algún espacio rígido de la banqueta.

No tienen a dónde ir. Han vivido en el mismo lugar desde hace 30 años y el sismo del 19 de septiembre del 2017 los expulsó a la calle. “Mis papás vivían aquí. Llegué cuando tenía 6 años. Tenemos que dormir aquí, en la calle porque no tenemos otro lugar. Nos quitaron todo”.

Ventanas rotas en Londres

En 1969 un prestigioso psicólogo blanco de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, creó la inigualable y estigmatizante teoría de las ventanas rotas. Su objetivo era demostrar que las “conductas inmorales o incívicas” se contagian debido a la estética precaria del entorno urbano.

Desde entonces los brotes políticos de las hegemonías gubernamentales, como Estados Unidos y México, han utilizado el discurso de la belleza urbana para crear políticas públicas o justificar actos de violación de derechos humanos, como el ocurrido el 30 de mayo en Londres 7, en la Colonia Juárez.

Tras el violento desalojo –o “retiro”, como lo nombró Larisa Ortiz Quintero, titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México– de las comunidades indígenas que habitaban precariamente en dicha calle, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el hecho se trató de una simple “recuperación” de los espacios públicos”.

A pesar de la inexistente orden de desalojo, el subsecretario indicó que las familias indígenas no fueron desalojadas de ningún inmueble, sino de la vía pública, lo que justifica el “retiro”. Sin embargo, dos horas después, un grupo de civiles ingresó al predio para remover las pocas cosas que quedaban dentro. Hecho que, de acuerdo con elementos de Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (número de patrulla L54-04), tenía como objetivo reforzar la seguridad del lugar.

Esto ha afectado aproximadamente a 40 mujeres, niñas, niños y hombres indígenas. Pero Medina declaró a medios que en el lugar sólo “habitaban nueve personas de manera permanente, cuidando el lugar”.

El apoyo es inexistente. La comunidad indígena está dividida desde el sismo de hace casi dos años por cuestiones de ideología. Unos sobreviven en el campamento de la calle Roma 18. Los otros habían hecho lo mismo en Londres 7 hasta el día de hoy.

“Se les hicieron invitaciones para retirarse del espacio, para a no perforar los servicios públicos. Sin embargo, hubo una negativa y continuaron con los trabajos. Pero el gobierno de la ciudad está abierto al diálogo, sólo que no nos han pedido ayuda”, aseguró el subsecretario.

Pero la realidad parece imponerse con otro discurso. El grupo de mujeres triquis aseguró que nunca les avisaron nada, “sólo llegaron y se llevaron nuestras cosas”. El sanitario que aparentemente fue el motivo central de la presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Pública, y el desfile de camionetas-basureros permanecía colocado por la comunidad en una coladera.

Las tazas –una negra que quedó destrozada y la blanca que permaneció intacta después de la intervención policial– fueron puestas encima de ladrillos grises, pegados con cemento.

La violencia de la SSP capitalina no se hizo esperar. Especialmente del oficial de apellido Rivera, que comenzó a agredir a la comunidad indígena ante sus gritos de desesperación y furia. Exigían acercarse a sus pertenencias, tomarlas, salvarlas, llevarse lo que pudieran cargar.

Cuando el desfile de camiones se reactivó para desaparecer las “pocas cosas que hemos obtenido con mucho esfuerzo”, el esposo de Sandra, un hombre enjuto de piel agrietada, dejó caer el cuerpo en el camino para evitarles el paso. Inmediatamente los policías se abalanzaron contra él. Sandra, con su hija envuelta en el rebozo, gritaba mientras Rivera, con el rostro a punto de estallar, las empujaba con el escudo.

“Sólo queremos saber qué van a hacer con nuestras cosas, a dónde las llevan. No se lleven nuestras cosas”, rogaban.

“No tenemos la culpa de ser indígenas”: antecedentes de la violencia

La comunidad Otomí en México se ha enfrentado a facetas múltiples de la violencia, dentro y fuera de la capital, durante más de 50 años. A finales de los noventa fueron expulsados de su tierra en Querétaro, debido al continuo deterioro ecológico, provocado por la tala inmoderada de los bosques y el uso extensivo de las tierras agrícolas.

Ante ésto, y la necesidad de encontrar oportunidades de vivienda, trabajo y educación, llegaron al Distrito Federal; sin embargo, los escenarios urbanos de cargas racistas, los sentenciaron a tiempos de miseria y marginación.

Las familias dormían en la calle; subsistían de limosnas; y enfrentaban el ánimo violento de autoridades y habitantes adinerados que apelaban a favor de su expulsión de la capital; argumentando que los indígenas atraían problemas de salubridad, inseguridad y deterioro del paisaje en las colonias.

Así vivieron durante casi tres años, hasta que encontraron refugio en un terreno abandonado de la antigua Embajada Española de los tiempo franquistas, dentro de la colonia Benito Juárez. Desde su arribo, los integrantes de la comunidad indígena se enfrentaron, nuevamente, a la violencia de vecinos, transeúntes y autoridades locales.

El grado de vejación llegó a tanto, que algunas mujeres, niños y hombres aún cargan con el recuerdo de cierto rifle desfilando entre sus rostros; mientras un hombre alto, corpulento y prepotente intenta exprimir falsas declaraciones: ¿quién de ustedes, secuestró y mató a la mujer que encontraron en la maleta?

Pronto algunos cadáveres en vida los implicaron en turbios asuntos que les venían grandes y que nunca acabaron de entender. Los otomíes perfilaban como ladrones, secuestradores y hasta narcomenudistas en el imaginario perverso de los citadinos.

“Los vecinos de aquí enfrente empezaron a decirnos que éramos unos impostores, que éramos unos ladrones, rateros, invasores, drogadictos. Si fuéramos narcotraficantes viviríamos en un penthouse, no es un lugar así. Si yo fuera narcotraficante qué voy a estar sufriendo aquí, donde se hunde, donde se sale todo lo de la coladera”, Marisol agitaba sus brazos tostados, cortando el aire y zumbando la mesa.

“Le tenemos miedo a la gente de la ciudad”

El “Bastión de Babel”; del Otomí al español

La comunicación sigue perfilado como uno de los muros más gruesos para la comunidad. Muchos han abandonado su lengua materna con el objetivo de aumentar la venta de sus productos, comunicarse con los empleadores, pero  principalmente, soslayar el racismo.

Cuando Marisol era una niña, sus padres tuvieron que abandonar un terreno en Querétaro, para buscar trabajo en la ciudad. No hablaban español, sólo Otomí -la septima lengua indígena más hablada en México-, lo que provocó que les fueran negados servicios básicos como el baño y la comida; y ni se diga de encontrar trabajo, no existía espacio para ellos en ningún negocio. No hubo más, aprendieron a pedir limosna y Marisol, atenta, comenzó a grabarse algunas palabras en español que,de vez en cuando, ayudaban a su familia: “Una monedita para comer”; “por favor”; “gracias, que Dios lo bendiga”.

Han pasado más de 20 años, sus padres ya no viven y ellas es mamá soltera. Ninguno de sus hijos habla Otomí “aunque lo entienden”; porque a “los niños en la escuela los han discriminado por eso”.

En el mismo tiempo, Elvira se casó tuvo que salirse del pueblo “porque allá la costumbre es que cuando te casas ya no puedes regresar a tu casa. Y pues uno no tiene ni tierra, ni casa, ni trabajo”.

Tampoco hablaba español, pero tuvo que aprender en el camino para poder sobrevivir. Tiene una hija de seis años que habla poco Otomí, para evitar que la molesten en la escuela, y prefiere aprender inglés.

“Nos salimos de allá, de donde somos y pues venimos acá buscando algo mejor para nuestros hijos, para que estudien, que los apoyen para eso”.

Pero no se trata sólo de oportunidades laborales o académicas; algunas mujeres han sido agredidas por transeúntes que consideran indeseable la comunicación a través de dialectos indígenas. Marisol evita hablar en otomí cuando está en la calle, le da miedo desde aquella vez…cuando un grupo de residentes en Polanco se detuvo, en aras de adoctrinamiento, a gritarle: “Regresate a tu pueblo, pinche india. Aquí no hables así”.

El crecimiento del tormento es exponencial. A parte del dialecto, también evitan vestirse con la ropa típica de su comunidad porque “nos gritan cosas en la calle”.

“La vez pasada una señora me dijo que somos un par de indios, que para qué estamos aquí, que por qué no nos vamos a nuestro pueblo. Que para qué andamos causando lástimas aquí, si somos ricos del pueblo. Pero si supieran que allá no hay nada. Si fuéramos ricos como ellos dicen, no dejaríamos lo que más queremos, porque allá está más limpio que aquí, pero no hay dinero”.

Porque al menos en la capital hay dinero. Con ventas de 100 o 50 pesos diarios, “ya tienes para comer. Con eso nos conformamos, para la comida, para darle a nuestros hijos”; en el pueblo una jornada de 12 horas arando la tierra, en temporada de siembra (de marzo a junio), está valuada en 70 pesos, “no alcanza ni para lo menos”.

Sin embargo, el hambre sigue. El frío cala. La salud se degenera…Pero al menos: aquí hay dinero.

Abandono y desalojo: éxitos de la “camarilla Juárez”

La decisión de emigrar sigue pesando toneladas: el abandono de la dignidad y las costumbres, sumado a la separación familiar y el reemplazo de paisajes exquisitos en valles y montañas intermontanos, con numerosos espejos de agua; a cambio de bosques de yeso, asfalto asfixiante y un aire denso, cubierto con marañas químicas de automóviles, motocicletas y vicios. Da como resultado el absurdo…pero “es lo que hay”.

Así podría traducirse la vida de Marisol y Elvira, que deambularon en las lacerantes calles de la metrópoli, cargando con hambre, extrañeza y familia. Tras meses de ánimo desesperado, llegó el consejo anónimo que las orilló a refugiarse en el predio abandonado de Roma 18, en la colonia Juárez.

Durante 20 años el edificio sombrío y ruinoso fue su hogar, junto a otras 60 familias otomíes que, rodeados por grandes caserones y edificios señoriales, se abrieron paso entre el desprecio, las ofensas y la marginación.

“Mucha gente nos trata mal. Que somos unos indios y que los Zapatistas no tienen que entrar aquí a mandar; que a la chingada todos; que éramos una bola de rateros todos”, recuerda Marisol con la mirada extraviada y envilecida de resentimiento.

Como si no fuera suficiente, dos afrentas se sumaron a la tragedia. Primero el 19 de septiembre de 2017: los muros del abandono tronaron enfurecidos. Los techos cayeron fragmentados; en las columnas se dibujaron caminos asimétricos; y los pasillos se transformaron en estancias ventiladas e inaccesibles.

No hacía falta ser poeta o sabio para saber que iban a ser malos tiempos. Aunque para los transeúntes, vecinos y autoridades que andaron a la caza de su expulsión y, en tanto, la apropiación del edificio durante más de 10 años, la suerte parecía dilatarse.

La convulsión de 7.1 en la escala de Richter consiguió en minutos lo que todos habían intentado en años: Expulsar a los indígenas.

Todas las familias otomíes del predio, quedaron atrapadas entre piedras, pedazos de loza, madera y alambres oxidados. La puerta de metal rojo, que acababan de instalar para evitar el acceso de desconocidos, se desprendió del yeso y bloqueó la salida.

“No pudimos salir”

La reclusión extendida en pánico e incertidumbre duró varios minutos, que figuraron en horas. Hombres, mujeres, niños y ancianos comenzaron a sacar con las manos, toda la tierra que tenían encima. Una vez liberados se dirigieron a la puerta y empujaron con fuerza hasta derribar el encierro.

Nadie quería volver a entrar. Las pocas pertenencias atesoradas durante años, estaban perdidas. Ropa, juguetes, alhajeros de plástico, cobijas deshiladas, espejos opacos, zapatos con uso excesivo, adornos viejos y baratos colgados en paredes, muebles deshechos y cajas de cartón humedecidas, quedaron enterrados y abandonados.

Pasaron días sin conocer el estado del edificio; la rutina tardía de autoridades dedicadas a verificar la posible reincorporación de la vivienda o el derrumbe, de manzanas enteras, llegó tarde. Las familias se instalaron frente a la fachada frágil, “estorbando” – como muchos vecinos declararon- el paso peatonal.

El campamento se levantó con casas de campaña que civiles, transformados en patriotismo, donaron. Las lonas, carpas y toldos de plástico provenían de la empatía obligada del gobierno; y la comida, al principio, llegaba en brazos de cristianos o fundaciones de gesto amable y acceso al paraíso.

La pérdida total de la vecindad “zapatista”, condujo y ensalzó el ánimo ofensivo y segregante de los colindantes. Ofensas, robos, imputaciones y olvido configuraron el destino de los otomíes.

“Con el temblor vino SEDEREC a entregar colchonetas, carpas y cobijas, entonces los vecinos de aquí enfrente empezaron a decirnos que somos unos impostores; unos ladrones, rateros, invasores, drogadictos, unos indios y que los Zapatistas no tienen que entrar aquí a mandar, que a la chingada todos. Pero la razón por la que vivimos aquí afuera es porque están los cuartos cuarteados. Si viene otro temblor no da tiempo de salir”. Elvira dejó deslizar una pausa grave.

A pesar del padecimiento, la comunidad no podía detenerse; las guardias para cuidar el predio y a la comunidad, comenzaron a funcionar. Mientras algunos dedicaba el tiempo a la custodia de los escombros, otros salían a trabajar vendiendo huipiles, muñecas de trapo y bolsas hechas a mano, o cigarrillos, chicles y paletas.

“La primera semana del temblor vinieron varias personas. Unos venían a apoyarnos con tanques de gas, se los llevaban y jamás los van a regresar. Luego venían con otras cosas y ya no quisimos. No, no y no. A veces vienen a decirnos que si no nos vamos van a venir los granaderos y nos van a levantar. Nos espantan” Marisol libera un suspiro sofocante que separa el acento mustio del gesto tieso.

El desasosiego, el miedo y la miseria labraron dureza, cortedad, furia y orfandad en la identidad y entidad de un grupo indígena que pisó el asfalto citadino con esperanza, aspiraciones y ventura.

“Nosotros queremos una vivienda digna para ellos, no queremos que nos las regale el gobierno, porque aquí nada es regalado, pero que nos digan si sí va a haber solución para esto. Viene y nos dicen que va a mandar un apoyo de cuatro mil pesos por cinco meses y ¿luego de esos meses?, ¿nos van a volver a traer aquí?, ¿o ya no nos van a traer aquí?” Una línea de voz abatida rompe el silencio del campamento y Marisol enlaza los dedos con la mirada desplomada en la distancia.

Un juego de niños… con la muerte

Telésforo, un hombre Otomí de aire benévolo y aspecto intachable que transmite serenidad y confianza en cada gesto, recorre, con la muerte apenas a unos metros, los pasillos y las habitaciones que durante 20 años lo arroparon con la vehemencia de un hogar.

“Ya casi nunca entramos, porque está a punto de caerse, sólo a bañarse. Desde el temblor que no subimos, hasta ahorita”.

En la penumbra una cortina putrefacta y polvorienta reviste por la mitad a dos cuerpos delgados y tostados, los niños sonríen brevemente y se ocultan apresurados.

“Se están bañando para ir a la escuela” explica Telésforo. ““Sólo entramos aquí para bañarnos, pero hay gente que ya no quiere entrar por miedo”.

El juego inocente se descubre en el primer piso, amenazado por un derrumbe al filo de cualquier movimiento áspero. Los techos agrietados dejan ver barillas, muros y pasillos del piso contiguo. Agujas de luz polvorienta caen en diagonal e insinúan hileras de objetos destrozados.

Las recámaras deshabitadas fueron sustituidas con lonas a la intemperie. Tubos de acero, tablas de madera, cobijas sucias y pedazos de cartón hacen de caserón frente al purgatorio de bolsillos pudientes de la Roma y so cielos sembrados de nubes negras o agujas de calor.

En lo alto a penas se sostiene un piso atróz. Nadie sube.

Muebles húmedos y desechos cubren el acceso a los sitios más peligrosos: “Esas tablas son para que nadie entre. Ese cuarto está a punto de caerse”, Telésforo señala con el dedo delgado y seco un arco de piedra tapizado con tablas, pedazos de silla y alambres oxidados. El camino de cemento está sembrado con pequeñas lagunas marrón que despiden un aliento mezclado de óxido, tierra mojada y estancamiento.

Un largo corredor asciende hasta una bocanada de aire fresco que entra por un arco de piedra, al frente con una lámina de polvo se cubre el suelo brillando como arena fina.

El paisaje endosado con platos de unicel, retazos de ropa y juguetes carcomidos con suciedad, delata cinco mecates que sostienen ropa acartonada que horas antes del terremoto del 19 de septiembre se extendió al sol.

Recorridos de pasos insoportables que demuestran la relegación despiadada y ofensiva que encarnan la presencia indígena en nuestro país.

Suspiros infernales

Después vino el desalojo. A menos de un año de la realidad dantesca que habitaba en el patio y las banquetas de Roma 18, la comunidad Otomí fue agredida por un grupo de granaderos con la orden de desalojo.

Cargados con armas largas, los policías amenazaron sin distinción a niños, mujeres, ancianos y hombres que tenían como única defensa almohadas, piedras sueltas del asfalto, tubos oxidados y algunas tablas de madera carcomida.

Al parecer la estructura de presencia desatendida, ahora pertenece a la Inmobiliaria Eduardo S.A de C.V, quienes, de acuerdo con el abogado asesor de los indígenas, Víctor Caballero, mantienen un pleito con Ivan N., un preso  del Penal de Barrientos que, aparentemente, nada tiene que ver con la propiedad.

“Nunca nos mostraron nada. Yo estaba hablando con una secretaria que estaba muy enojada y cuando volteo ya estaban golpeando a mis compañeros. Me salí corriendo”, cuenta Telésforo mientras desayuna un taco de pollo, sentado en el asfalto del nuevo campamento. Ahora todos viven en la calle. No hay ropa, ni actas de nacimiento, ni libros para los niños, ni material para trabajar; todo está bajo el resguardo de la Policía Bancaria de la Ciudad de México.

Lo único que permanece intacto es el desprecio -ese que también duele-, de los vecinos en la colonia Juárez. Para ellos los indígenas duermen, comen y subsisten en la calle “porque no quieren trabajar”, o bien, en algunos casos “es más cómodo vivir así”. Incluso la lógica alcanza para criminalizar a la comunidad y reafirmar, o reiterar, que los recursos (al menos los que creen que existen) de las familias otomíes, tienen el origen ilícito del narcomenudeo o, ¿por qué no?, hasta de la trata infantil.

Así han pasado dos meses de traducciones maquiavélicas en tertulias políticas de los representantes otomíes con las figuras de SEDEREC, INVI y Gobernación; tertulias de esencia autodeterminante con Marichuy, el CNI-CIG y el EZLN; tertulias de consagraciones altruistas y limpiezas moralinas con asociaciones civiles, estudiantes de todas las gamas y, en casos salpicados, vecinos de la colonia que intentan empatizar el rugir de las entrañas y el dolor de los huesos en la intemperie marginal.

Pero la tormenta, aunque activa, parece haber engañado a la normalidad flagelante de los indígenas en la capital; componiendo rutinas, enfrentamientos a oídos sordos y conciencias agotadas, a través de la esperanza tejida con promesas institucionales.

¿Y ahora qué?

Desdichas paralelas

La distancia es utópica para la comunidad Otomí. En Querétaro la división estatal no impidió la consonancia entre ellos, prolongando con orgullo costumbres, fiestas y solidaridad; en la metrópoli el vínculo fue soldado con el aislamiento y la exclusión apabullante.

Todos llegaron con objetivos idénticos: Educación, vivienda, trabajo y salud. Pero terminaron con el alma rota.

En la calle Roma 18, el edificio fue habitado hace más de 20 años por familias otomíes, que abandonaron su tierra junto a los demás.

“Queremos algo mejor para nuestros hijos. Como le acabo de comentar, nuestros hijos son más necesitados, ya que vivan en una casa digna, donde puedan estar. Que lleguen a tener lo que tiene los demás niños. Por eso lo hacemos, no por lo que dice la gente de que nosotros queremos estar aquí. No es por eso”, Mari, una mujer de mediana edad y pelo completamente negro pulcramente anudado en un moño, frunce el ceño con los brazos enlazados.

“No es por eso”, remata Francisca, incrementando el volumen de la voz y estrechando las manos de aspecto tronco.

Punto extra para el desahogo de máquinas de combustión, escapes gaseosos y lugareños burgueses, los indígenas soportan en cualquier momento escarnios, imputaciones, intimidación, atropellamientos y ataques.

“Que no debemos estar aquí porque estorbamos la entrada. Igual nos discriminan mucho por ser indígenas y la realidad es que no sabemos hablar bien español. Vamos aprendiendo por el tiempo que llevamos aquí”, Mari sujeta rabia en cada vocablo. El gesto cansado y seco pretende ocultar la penuria y el enfado.

A veces Francisca y Mari sonríen

Cuando recuerdan el mole negro de su pueblo, el aroma fresco de columnas gruesas de árboles con fruta, la música en los festivales de junio, octubre y diciembre, o el gesto de sus padres mientras aran la tierra, sonríen.

“La escuela allá está a una hora caminando. Luego cuando era tiempo de lluvias, antes usábamos chanclitas y pues con las calcetas… la lluvia, pues así a veces nos íbamos y llegábamos a la escuela todos mojadotes”, el júbilo amargo en la risa de dos mujeres humilladas y confundidas es ofensivo. Risotadas de suspiros infernales que anudan la voz y abofetean la inteligencia.