Por Fernando Leyva Martínez
Todo aquel que tuviere
Honor y ciencia
ha de querer que
viva la Independencia
La consumación de la Independencia de México es considerada por algunos historiadores como un proceso diplomático y político de suma importancia dentro de las gestas emancipadoras de la América española. El inicio de la lucha libertaria de Miguel Hidalgo, supuso la confrontación militar; en cambio, el movimiento iturbidista, que fue el logro de dicha empresa de emancipación, obedeció más a la búsqueda de una solución política viable para la sociedad toda.
En este ensayo se analizan los elementos distintivos del primer gobierno mexicano que buscó afanosamente la consolidación de un Estado Nacional, abordando el experimento del mandato con Agustín de Iturbide. La preocupación de los políticos mexicanos de la Regencia y el Imperio, con sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores e Interiores, se orientó básicamente en afianzar el régimen tomando en cuenta dos posturas delimitadas: la tradición colonial (monarquía) o la república federal.
Para efectuar el análisis del intento político por dotar a la nación mexicana de un modelo de gobierno adecuado a sus necesidades y tradición histórica, es menester tener en cuenta la trascendencia de algunos individuos protagonistas en este primer periodo de vida independiente.
El inicio de la proeza
En 1808, Fernando VII fue recluido por Napoleón Bonaparte en el castillo de Bayonne dejando a España sin monarca —impuso a su hermano José—, en tanto que los españoles se organizaron en juntas de gobierno y erigieron a una Junta Central que se encargaría, por lo demás, de los asuntos de ultramar. En la Nueva España la inquietud era la misma: ¿A quién corresponde la soberanía cuando el rey falta? Así, en general unos, como fray Melchor de Talamantes y Jacobo Villaurrutia, opinaban que la soberanía pertenecía al pueblo y que éste, de común acuerdo, la delegaba en la persona del rey. Otros, los miembros de los Consulados, Real Audiencia y allegados a los altos funcionarios virreinales, no apoyaban esta idea. Para los hispanos el peligro era evidente: si América desconocía el pacto de obediencia entre el rey y sus súbditos, el siguiente paso era la emancipación total.
La América española se encontraba en pie de lucha desde 1810. Las revueltas, motines y revoluciones fueron encabezadas por criollos que entreveían la oportunidad de alcanzar la separación política de sus regiones con respecto de la metrópoli. La Nueva España, una de las colonias más prósperas de aquella época, se debatió entre permanecer fiel a la Corona o buscar nuevos horizontes políticos.
La Nueva España se dividió. Comenzó la guerra. Los insurgentes querían cambiar a la sociedad; en cambio, los realistas defendían las tradiciones. Unos y otros anhelaban el triunfo, pero el gobierno virreinal aprovechó los errores de sus contrarios para imponerse, al menos por el momento.
Los ideales del cura Hidalgo y las propuestas políticas de Morelos, sirvieron para fortalecer el espíritu novohispano. Los insurgentes fueron militarmente derrotados, pero permaneció el legado: la búsqueda de la independencia. Sólo se necesitaba el momento oportuno para conseguirla.
Para 1820 la intensidad de las batallas había decaído los casos de Puente de Calderón, el sitio de Cuautla, el Cerro de las Cruces y la toma de Guanajuato, y muchos insurgentes se acogieron al indulto promovido por las autoridades virreinales, a tal grado que en ese año solamente había pequeñas partidas guerrilleras en las costas: las del sur con Vicente Guerrero y las de Veracruz, con Guadalupe Victoria.
Ese año fue decisivo. Las condiciones imperantes en España cambiaron radicalmente asimismo en todo el imperio. Los liberales arribaron al poder, como primera medida de gobierno hicieron jurar al rey Fernando VII la constitución de Cádiz de 1812. Con esto se pusieron en práctica las leyes reformistas, la desamortización de bienes eclesiásticos, la supresión de monasterios, la anulación de fueros especiales a sacerdotes y militares y probablemente la más significativa en aquel momento, la cancelación de los consulados comerciales. Lo anterior favoreció en gran medida la causa libertaria.
Después de once años de lucha ininterrumpida para obtener la Independencia, nuestro país tenía para el año de 1821 quizá no a los mejores exponentes ideológicos independentistas, pero sí a los negociadores más sagaces para incluir a toda la sociedad novohispana en el pacto político social resultado del Plan de Iguala: Vicente Guerrero y el realista Agustín de Iturbide.
Los planes políticos de algunos criollos se organizaron en torno de Agustín de Iturbide. Todas las tendencias —borbonistas, nativistas, republicanas e insurgentes— iban mas allá de la simple necesidad de independizarse; querían dotar a la nueva nación de las instituciones básicas de gobierno con el propósito de solventar los momentos cruciales por los que iba a atravesar. Algunos políticos virreinales, militares y clérigos se unieron en una alianza política plural que reunía a importantes personajes, quienes incluso mantenían posturas ideológicas antagónicas. Iturbide fue el artífice de la negociación entre los distintos grupos políticos. Por su iniciativa, se hizo la invitación a varios personajes para que sumaran esfuerzos y sirvieran a la causa libertaria, que se plasmó a través de un intercambio epistolar que tuvo con todos los altos oficiales criollos del ejército realista (Pedro Celestino Negrete, Antonio López de Santa Anna, Luis Quintanar, Ramón Gutiérrez del Mazo, José Antonio de Andrade y, en el ámbito local, con Manuel Velázquez de León, Juan José Espinosa de los Monteros y otros connotados funcionarios virreinales).
Agustín de Iturbide, criollo famoso en el medio militar, fue seleccionado por la clase noble del país para terminar, por las armas o mediante el pacto político, con el último de los insurgentes en pie de lucha: Vicente Guerrero, parapetado férreamente en el sur. Sin embargo, ambos personajes sellaron una alianza en la villa de Iguala, el 24 de febrero de 1821. El plan resultado del pacto enunciaba tres puntos básicos para la separación política de España: religión, unión e independencia.
Iturbide consiguió el entendimiento entre las facciones insurgentes y criollas, de tal manera obtuvo el consenso general; además logró la separación política con España al realizar una serie de convenios con el último Capitán General de la Nueva España, Juan de O´Donojú —los Tratados de Córdoba— para buscar un gobierno de corte monárquico.
El 28 de septiembre de 1821, los libertadores se congregaron para firmar el Acta de Independencia del Imperio Mexicano; entre los más importantes figuraron Juan José Espinosa de los Monteros, Carlos María de Bustamante, Anastasio de Bustamante, Juan Bautista Raz y Guzmán, José María Bocanegra, Francisco Fagoaga, Juan de O´Donojú y Manuel Velázquez de León, entre otros. Los participantes se plegaron a la moción de tomar como modelo político el sistema colonial. Con esto se inició una serie de retos relacionados con la estructura del poder. Así se crearon dos instancias principales: la Suprema Junta Provisional Gubernativa y la Regencia.
El sistema legal sería cubierto por la serie de órganos ya existentes desde tiempos coloniales, aunado a esto se destacaría la necesidad de un orden social más justo, como una demanda contemplada en el Plan de Iguala. Era urgente legalizar la incipiente vida nacional para encontrar el apoyo de las capas inferiores en el nuevo orden de cosas. Iturbide quiso mantener el proyecto de gobierno, en tanto se daba respuesta a la invitación expresada en los Tratados de Córdoba para que un monarca ya consolidado —el mismo Fernando VII o alguno de sus parientes— se entronizara en México.
La situación del Imperio mexicano se tornó difícil. Por un lado, había necesidad de un orden jurídico, por otro, romper el vínculo político con España. Estas dos cuestiones fueron básicamente el pilar de las acciones políticas trazadas por las capas altas de la sociedad (terratenientes, militares, mineros y aristócratas) para llegar a un acuerdo y que de esta manera se conformara un nuevo pacto político en la nación recién independizada.
Cuando Iturbide obtuvo el mando político del nuevo país mediante su designación como Regente, creyó oportuno trabajar con las clases depauperadas de la sociedad, es decir con barrenderos, limosneros y mendigos, quienes habían probado su confiabilidad y apoyo político incondicional; contaba, por otra parte, con la Iglesia y la nobleza, interesadas en conservar los privilegios que habían gozado durante decenios, y que habían vislumbrado el éxito al operar jurídicamente sobre las bases estatales de la época colonial.
El gobierno iturbidista se consolidó en el poder y obtuvo un amplio apoyo de las facciones políticas existentes. Sin embargo, una vez instalado, resintió los efectos de la clientela política, que reclamaba el cumplimiento de las ofertas de campaña del Plan de Iguala, aunque éste fue un intento para lograr el consenso general. Incluso proponía una garantía a los intereses tradicionales, la conservación y respeto a la riqueza. La ambición que despertó la independencia fue una dura prueba para el futuro del Plan.
La Regencia del Imperio mexicano, compuesta por la gente más notable de la antigua Nueva España, y que estaba dirigida por Iturbide, necesitaba de la manera más apremiante un sustento político para evitar el caos total, porque las fuerzas políticas aglutinadas en torno a Iturbide, debido al rechazo español, comenzaron a dispersarse, como consecuencia de la poca viabilidad del proyecto gubernativo.
Los políticos legitimistas presionaban por el apego irrestricto al Tratado de Córdoba, en cuanto al cumplimiento del artículo segundo que daba el trono de México a un miembro de la casa reinante española, esto desencadenó una serie de fricciones entre los grupos consumadores de la independencia.
La viabilidad del triunfo para el proyecto monárquico, tomando como punto de referencia a la sociedad, supuso que tal modelo sería la continuidad de lo ya experimentado, no se tenía todavía una gran experiencia democrática. Además, la monarquía moderada se plasmó en los Tratados de Córdoba. De está forma, el partido absolutista fuerte, compacto, poderoso, dueño del gobierno, de la Iglesia, y del capital, se disponía a no dejarse arrebatar en un momento y a perder tal vez para siempre lo que había constituido su fuerza durante trescientos años.
Los dirigentes políticos durante este régimen tuvieron la necesidad de consolidar la monarquía como modelo de gobierno. Para conseguir tal meta era necesario la unión de todos los mexicanos ya fueran españoles, mestizos o criollos, lo cual garantizaría la paz social. Se aprovechó toda ocasión para fomentarla. Al respecto, Romeo Flores señala: “el gobierno del imperio siempre estuvo en favor de cimentar la unión de sus ciudadanos. Para tal objeto aprovechaba los festivales públicos, vistiendo a las españolas a la manera indígena, y a las indígenas a la española, como señal de unión y observancia de la tercera garantía.”
Los problemas hicieron su aparición. Todos los participantes de la empresa libertadora se sentían con la capacidad para llegar a ser la máxima autoridad del Estado, por lo tanto, tenían que quitar a Iturbide del camino, de manera que apareció con ímpetu una corriente política que comenzó a confabularse y a planear su arribo a la jefatura del Estado.
Las medidas de gobierno del Imperio mexicano no satisfacían a amplios sectores de la sociedad (españoles adinerados, terratenientes, mineros y la alta curia eclesiástica). Los partidarios del republicanismo, entre quienes destacaba Mariano Michelena, tenían la impresión de que Iturbide prolongaba y manipulaba el sentimiento de inseguridad, que existía en México, con el fin de contar con un pretexto para imponer su autoridad en el país, y lo acusaban de oponerse a que los soldados españoles salieran de México.
Una de las cuestiones que evidenciaron la lucha por el control del Estado entre Iturbide y el Congreso, fue que éste se adjudicó desde un principio la soberanía, mientras que hacia notar que él había nombrado al emperador, chocando así con las pretensiones de Iturbide de abrogarse la misma soberanía.
La situación de México en aquellos días era complicada, debido a que Iturbide tenía amigos y enemigos, estos últimos empeñados en lanzarlo del trono. Veía por tanto una situación que no podía conjurar: faltábale el prestigio, y el hombre público que lo pierde debe tenerse por nulo; carecía también de aquella prudencia y disimulo tan necesarios en los reyes; sin eso no se pueden gobernar, según la máxima que se refiere a que gobernante que no sabe reinar está perdido. Iturbide para alguno de sus contemporáneos era de genio altivo, enemigo de toda resistencia a sus ideas, y como no había sufrido contradicciones en la empresa de emancipación de su patria, y no estaba educado en la escuela de la diplomacia, le era penoso hacer el menor sacrificio de sus ideas de gobierno.
La incertidumbre originada por la falta de reconocimiento extranjero al nuevo gobierno, complicó su existencia, pues ningún gobierno español anterior a mediados de la década de 1830 estaba dispuesto a aceptar la realidad de la pérdida del Imperio. Esto propició la actuación en el interior del país de grupos que originalmente habían apoyado el proyecto independentista; la Regencia y posteriormente la Junta pretendieron a toda costa cohesionar los frágiles lazos de unión desde el norte del Imperio hasta Centroamérica. Por ejemplo, esta última sufrió la expedición del general Vicente Filisola para atraer aquel territorio al Imperio. La situación era grave debido a que el gobierno podía adoptar dos posibles políticas para enfrentar la situación; una era la conciliación con sus enemigos, y la otra, un llamado a la movilización.
En suma, durante el gobierno de Agustín de Iturbide, que comprende desde septiembre de 1821 hasta marzo de 1823, hubo una serie de sucesos a los que tuvo que responder con medidas para preservar y consolidar la independencia. Su primer paso fue seleccionar de entre los personajes ilustres de la Colonia a los miembros de la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Lo siguiente sería nombrar a los integrantes de la Regencia. Enseguida quiso dotar a la nación de un Poder Ejecutivo a la altura de las circunstancias. La Regencia estableció cuatro departamentos ejecutivos: Hacienda, Guerra y Marina, Justicia y Negocios Eclesiásticos, y el más importante, Relaciones Exteriores e Interiores. Los poderes de la Junta se establecieron de manera vaga y en general no hubo durante este periodo una distinción clara entre las funciones legislativas y las ejecutivas, dado que el propio Iturbide participaba en todas las actividades del Estado.
La institución de gobierno y el éxito monárquico
La creación del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores obedecía a una inquietud de conservar los privilegios heredados de la época colonial, por ende, los criollos en el poder se adueñaron de la gran mayoría de los cargos públicos. Con esta característica especial, una vez que la consumación de la independencia fue un hecho, se prosiguió con la ratificación o nombramiento de los funcionarios que juraron fidelidad a las nuevas autoridades. La tarea fue encomendada a José Manuel Herrera, quien, a través de decretos, bandos, oficios y circulares, ratificó el procedimiento del protocolo. Todo aconteció en medio de un ambiente de optimismo desbordado.
La primera administración de la Independencia mostró a través del Ministerio de Relaciones los pormenores políticos que caracterizaron aquellos años: falta de reconocimiento internacional, pugnas políticas por el poder y, por si fuera poco, la negativa española a reconocer la emancipación.
El país necesitaba alcanzar tres metas: la pacificación, el cumplimiento del Plan de Iguala y el respeto a los Tratados de Córdoba, entendiendo que José Manuel Herrera sería el responsable de las acciones de gobierno y que de él dependería la aplicación de las medidas pertinentes para dotar al Estado de un marco gubernativo.
Agustín de Iturbide optó por designar como encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores a este reconocido insurgente de las huestes de Morelos, y quien durante la consumación de la Independencia le sirvió como secretario particular: José Manuel Herrera. Las preguntas que se pueden plantear acerca de este fenómeno político en donde se reparten los cargos y a José Manuel Herrera le fue asignado el principal de los ministerios son: ¿cómo obtuvo el cargo? ¿Cuáles fueron sus méritos? Su nombramiento se debió, en gran medida, a la simpatía que gozaba por parte del propio libertador, además de ser un exponente de la insurgencia, con lo cual se pretendía resarcir y atraer al sector revolucionario y liberal, como efectivamente sucedió.
La inclusión de José Manuel Herrera en el gabinete iturbidista, se consideró una medida que sustentaba la perspectiva de involucrar a todos los sectores sociales en una visión de gobernabilidad plena: independencia, unión y religión. Los lineamientos del antiguo representante de Morelos en Washington estaban perfectamente delimitados. Su labor se orientaba a dirimir conflictos entre las organizaciones y jefes políticos, así como también en gobernar el vasto territorio, que vagamente se cohesionaba gracias a la idea de pertenencia colectiva.
Los enconos criollos
De la primera experiencia de administración pública que comprende los primeros años de vida independiente, se pueden precisar seis sucesos que fueron cruciales para la caída del gobierno. La censura del panfleto Consejo prudentísimo sobre una de las garantías, la relación abrupta con algunos integrantes del Congreso, la disolución del mismo, los levantamientos de Felipe de la Garza y de Antonio López de Santa Anna y por último el Plan de Casamata, muestran cómo el ministro de Relaciones concilió, ejecutó órdenes, dirimió e hizo cumplir de alguna manera la vigencia de la ley.
Veamos parte por parte. El hecho más sonado fue la circulación de un folleto que analizaba un aspecto relevante para la preservación de la Independencia. La garantía de unión sintió su primera sacudida importante cuando apareció el folleto titulado Consejo prudentísimo sobre una de las garantías, por Francisco Lagranda. Consideraba éste que los esfuerzos de Iturbide por defender a los españoles fracasan, porque el pueblo, en quien residía la soberanía, no lo quería.
El caso del panfleto y la recurrente manifestación de ideas con carácter sinceramente antiiturbidistas, mantenidas en pláticas por los distintos personajes opositores al gobierno, quienes objetaban abiertamente la dirección y la forma de proceder del libertador, concibieron deponerlo del poder por vía de la confabulación.
Lo que agravó más la situación fue lo impreciso en la división de poderes, lo cual desencadenó una serie de disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los conflictos hicieron su aparición inmediatamente después de la instauración del Congreso mexicano, el 24 de febrero de 1822. Algunos diputados, entre ellos fray Servando Teresa de Mier, esbozaban la tendencia republicana de que la soberanía reside en el pueblo. La polémica fue, en un primer momento, por saber y detectar quién ostentaba la base de poder, si el Congreso o la Regencia del Imperio. Ante tal situación, Herrera tuvo que mediar entre Agustín de Iturbide y los diputados adversos a la monarquía.
Las relaciones entre los diputados y el Ministerio eran cordiales en apariencia, pero se enturbiaron cuando los distintos personajes políticos vinculados con la masonería, comenzaron a cuestionar la legitimidad del monarca mexicano. Algunos de ellos se encontraban en el Congreso, en calidad de diputados, otros en escuelas y en misiones diplomáticas. La pregunta en ese momento era: ¿qué hacer?
El Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores supo mediante agentes, que se preparaban conspiraciones, la prontitud de la actuación política de sus funcionarios retardó un poco la caída del gobierno iturbidista. Los informes que llegaban se referían a las actividades de connotados republicanos cuyo lugar de reunión era la casa del representante de Colombia. Al respecto Timothy Anna señala:
El nombramiento de un emperador nativo dio ímpetu a las intrigas de la oposición. Los republicanos habían desplegado una gran actividad en la ciudad de México desde marzo, cuando Miguel Santamaría, veracruzano y veterano de la expedición de Mina en compañía del padre Mier, llegó en calidad de ministro de la Gran Colombia en México, con la misión de establecer relaciones amistosas… Poco después de su llegada, Santamaría comenzó a criticar la tendencia a la monarquía.
La confabulación en contra del gobierno se extendió entre algunos sectores de la sociedad: intelectuales, militares y religiosos. La aprehensión de los diputados adversos al régimen fue una acción promovida por Agustín de Iturbide, quien, para lograr la desaparición de la oposición, consultó a altos funcionarios de su gobierno, quienes firmaron las órdenes de detención. La certeza de que, del gobierno de enfrentarse a una oposición política bien organizada, que pensaba en la vía militar para el derrocamiento del monarca, urgió a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores a actuar prontamente, para preservar la legalidad manifestada en tres documentos específicos: la Constitución de Cádiz, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba.
La premura de la respuesta gubernamental y la petición de algunos sectores de la población, orilló la detención de los diputados. La demanda de castigo y sometimiento, debido a la conjura del Congreso fue extendiéndose. Algunos generales adeptos al Imperio, entre ellos Antonio López de Santa Anna, urgían al gobierno monárquico a reprimir la maquinación de los diputados con fuerza ejemplar.
Como consecuencia de la captura de los diputados contrarios al monarca, figura el levantamiento aislado del general encargado de la plaza de Tamaulipas, Felipe de la Garza. Para contrarrestar el pronunciamiento, José Manuel Herrera solicitó a los distintos jefes militares y políticos informes del desarrollo de la situación. Las noticias llegaban continuamente al Ministerio, se tenía la idea clara de las posibilidades del levantamiento. El gobierno pretendió anular la posición del rebelde al mostrarse condescendiente. Este acontecimiento no significó gran cosa para la política iturbidista, pues rápidamente las fuerzas militares del gobierno anularon al pronunciado. De la Garza fue remitido a la ciudad de México, y para sorpresa de muchos, fue perdonado por el propio emperador y reinstalado en su puesto.
En este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores actuó conforme a las distintas noticias que le llegaban de las comandancias militares y de los subdelegados del Ministerio, lo cual permitió tener una idea aproximada de la situación que el levantamiento traería consigo. Por fortuna para los políticos, De la Garza fue rápidamente sometido, y los informes de la región a su mando señalaban la escasa inquietud prevaleciente en esa región.
En aquellos tiempos la suerte les cambió a los políticos. Las condiciones de 1821, de optimismo desbordado, se habían transformado radicalmente para finales de 1822; la euforia por la consumación de la Independencia se truncó en un constante roce ideológico con el Congreso, hasta llegar a la situación de sospecha en contra del brigadier López de Santa Anna. El cariz de los acontecimientos durante el segundo año de la emancipación del Imperio mexicano vislumbró una serie de conflictos que confluyeron en los sucesos en torno al derrocamiento del gobierno.
Utilizando el pretexto de la prisión de los diputados —agosto de 1822— y la clausura del Congreso —noviembre del mismo año— así como las acusaciones en su contra y los continuos avisos y pedimentos para elevarlo a la jefatura militar de la región veracruzana, además de sus constantes entrevistas con el jefe español Lemuar, acantonado en el Castillo de San Juan de Ulúa, el general Santa Anna se rebeló contra el gobierno monárquico.
Agustín de Iturbide decidió viajar hasta Jalapa para entrevistarse con él. Tuvieron varias pláticas. El monarca le pidió al general veracruzano que se integrase a la Corte; éste pretextó la imposibilidad de que se cumpla prontamente la orden, alegando la solución de algunas deudas. Le prometió alcanzar al grupo en Puebla. Después, sabedor de que se le quería quitar el mando de la plaza de Veracruz, decidió hacer caso omiso de la invitación pronunciándose en contra del emperador.
López de Santa Anna esgrimió la inconstitucionalidad de la prisión de los diputados y, en consonancia con el embajador de Colombia en México, Miguel Santa María, a quien para ese entonces el gobierno mexicano había pedido salir del territorio, elaboró el plan de acción para derrocar al monarca mexicano. El ministro plenipotenciario colombiano pidió el apoyo de las logias masónicas para destruir el Imperio y crear una nueva república. Los ritos yorkinos y escocés —agrupaciones políticas de filiación republicana—, secundaron el llamado de Miguel Santamaría a la insurrección armada en contra de la monarquía. Algunos generales recién ingresados en las logias se sumaron al movimiento santanista, entre ellos Vicente Guerrero. En vista de tal cantidad de políticos y generales confabulados para derrocar al emperador, éste abdicó en una sobria ceremonia ante el restaurado Congreso. La emancipación estaba en peligro, debido al proceder de grupos políticos que pretendían poner en práctica distintos modelos de Estado que no iban de acuerdo con la tradición gubernamental de la región. Como ejemplo de ello, estaba la actuación del grupo borbonista y la de los republicanos. Dentro del modelo de Estado monárquico constitucional, impuesto por los iturbidistas, se vislumbró el continuismo histórico del modelo colonial.
A pesar de los conflictos entre las diversas facciones, ocasionados por el reconocimiento político del nuevo país, se pretendió dotar a la nación de la vertiente tradicional. Las instituciones heredadas de la Colonia sirvieron de modelo al Imperio mexicano para su posterior transformación republicana.
Conclusión
Del primer esbozo de política interior diseñada por José Manuel Herrera, en cuanto a las circunstancias públicas de su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores, es importante resaltar la particularidad del momento histórico, en la que el país apenas se conformaba como nación y con él a toda la clase política que principiaba su participación en las lides del gobierno.
La implicación política de la transición de la Colonia a nación independiente, tiene como punto de concordancia la necesidad de los libertadores por asumir la responsabilidad para otorgar a los gobernados paz social. Eso se logró con la recuperación del modelo histórico colonial: la Secretaría de Cámara del Virreinato.
Los políticos de la era independiente concibieron la conveniencia de aplicar el modelo, ya que la sociedad no se transformó radicalmente con la consumación de la Independencia, sino que el tipo de gobierno estipulado en el Tratado de Córdoba como una monarquía constitucional tendría como compañero de sistema gubernativo a un conjunto de ministerios extraídos del modelo político fundamental del pasado próximo, pero modificado, para hacer frente a los retos: la conservación de la independencia política del nuevo Estado y el fortalecimiento del gobierno.
La transición de Colonia a nación independiente estuvo caracterizada por una búsqueda de un modelo gubernativo. Tal tentativa involucró desde la separación política del Imperio mexicano a todos los personajes de la política desde Manuel Velázquez de León, pasando por Lucas Alamán hasta llegar a Valentín Gómez Farías y la generación liberal de l857. En todo este período histórico ¾que algunos estudiosos lo han catalogado como la etapa de la anarquía¾, el común denominador, en la historia política del momento, fue tratar de implantar un tipo de gobierno acorde a la idiosincrasia del mexicano, sin olvidar que la modernidad indicaba que la república de carácter federal era la mejor manera de constituir naciones civilizadas.
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