En medio de la confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los órganos reguladores del Estado mexicano, los comisionados presidentes de estos organismos se han manejado en sus cargos con sesgos de opacidad.
En la mayoría de los casos, estos funcionarios han presentado sus últimas declaraciones patrimoniales en 2014, se han negado a revelar ingresos mensuales o anuales, o tienen percepciones superiores a las del jefe del Ejecutivo federal.
Es el caso de Guillermo Ignacio García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien en 2018 tuvo ingresos anuales por su cargo por 2 millones 722 mil 910 anuales, es decir, 226 mil 909 pesos mensuales.
Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta del Instituto Federal de Competencia Económica (Cofece), así como Teresa Bracho González, comisionada presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), presentaron su última declaración el 30 de mayo de 2014.
En ambos casos, las funcionarias no especifican el monto al que asciende su salario como servidoras públicas y sólo detallan experiencia laboral y grados de estudio.
También estuvo en esa situación Juan Carlos Zepeda García, excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que renunció en noviembre pasado a ese cargo. En la plataforma digital Declaranet, el funcionario no reportó datos de su ingreso salarial como servidor público y evitó dar a conocer su situación patrimonial.
Aparte, Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reportó en su última declaración patrimonial de 2018 tener un salario neto de 2 millones 205 mil 918 pesos anuales, es decir, 183 mil 826 pesos mensuales, más de lo que gana el jefe del Ejecutivo federal.
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presentó su última declaración patrimonial en 2014, en donde dijo tener un ingreso mensual de 97 mil 122 pesos por su cargo como servidor público.
Apenas el pasado 12 de febrero, López Obrador aseguró que organismos reguladores del Estado mexicano operaron el “saqueo” de recursos públicos, al facilitar concesiones a los particulares.
“Se creó toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares”, sostuvo.
Pero antes, el 8 de diciembre, el jefe del Ejecutivo federal señaló que órganos autónomos, como el INAI, y los organismos regulares de energía, “son ejemplo de opulencia, en lugar de funcionalidad”.
“Tienen presupuestos millonarios sin que hayan demostrado su valor. El instituto de la transparencia, cuesta 2 mil millones mantener ese organismo, y ¿en qué ha contribuido para detener la corrupción? Al contrario, aumentó la corrupción”, anotó.
Cuestionó además que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación gasta mil 500 millones de pesos anuales, así como los organismos reguladores del sector energético.
“En el caso del sector energético, órganos reguladores, como hongos después de la lluvia surgieron, aparecieron órganos regulares para el gas, para electricidad, para el petróleo, de energía; los sueldos también de 300 mil pesos”.
No obstante, organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), asegura que estos órganos reguladores “gozan de independencia técnica y de gestión, lo que supone que tengan garantizada su solvencia, sin depender de negociaciones políticas”.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de ese organismo, afirma que con esta independencia de los órganos reguladores “se ha garantizado que funciones clave a cargo del sector público, como la política monetaria en el caso de Banco de México, la estadística nacional en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y la organización de las elecciones por el Instituto Nacional Electoral (INE), por citar algunos casos, no sean influenciados por la coyuntura política, ni cooptados por grupos de interés”.
Al respecto, el jurista Gonzalo Sánchez de Tagle comenta en el ensayo El modelo del Estado regulador en México, que la mera existencia de agencias reguladoras supone la cesión o transmisión de facultades de un órgano del Estado a otro.
Es decir, anota, “aquello que la entidad reguladora hace, implica que en algún momento un poder del Estado con la facultad de toma de decisiones respecto a la distribución de competencias e incluso para decidir en torno a políticas sociales y económicas, colocó en una entidad no mayoritaria, la atribución para regular mercados, hacerlos eficientes y expedir normatividad especializada general”.
“En ese sentido, analizar el modelo de Estado regulador y sobre todo, su legitimidad y legalidad, consiste también, en abordar el acto primario de cesión”, indica.
En la actualidad existen diez órganos con autonomía reconocidos por la Constitución.
–Banco de México (Banxico)
–Instituto Nacional Electoral (INE)
–Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
–Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
–Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
–Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
–Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece,)
–Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
–Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
–Fiscalía General de la República (FGR)
Sánchez de Tagle expone que con la reforma a la Constitución del 11 de junio de 2013, se elevó a rango constitucional el modelo de Estado regulador.
“Es a partir de entonces, que esta figura cobró plena vigencia como parte o rama del derecho constitucional, sobre todo, por medio de las competencias directas y de origen atribuidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica y también a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, destaca.
