Por Redacción Reversos
Greenpeace exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación clara al actual Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, socio fundador de la empresa Enerall, megaproyecto agrícola que está afectando acuíferos en la Península de Yucatán.
“El mandatario del actual gobierno, Andrés Manuel López Obrador, hizo el compromiso de crear conciencia sobre el uso racional de las aguas e insistió en que será inflexible en castigar los delitos ambientales”.
El organismo ambientalista internacional recordó que en su discurso de la conferencia matutina del pasado 3 de marzo, AMLO pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiguen al respecto para que no exista impunidad, además de que mantiene su compromiso de protección a los mantos acuíferos.
“En Greenpeace exhortamos al mandatario a que cumpla con estas declaraciones”, enfatizó Greenpeace.
En su edición de hace dos semanas, el semanario Proceso publicó el reportaje “Un cacique del agua en el paraíso maya”, en donde reveló que la compañía biotecnológica Enerall “se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%”.
Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. (Alfonso) Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia”, destaca la investigación de Proceso, firmada por Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón.
Aquí puedes ver el texto de Proceso:
https://www.proceso.com.mx/
Greenpeace señaló que este proyecto está ocasionando contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas, como consecuencia de la recepción de escurrimientos originadas por el riego, lo cual origina que también se depositen sustancias químicas utilizadas en los cultivos.
Además, advirtió que “la disponibilidad del acuífero descendió casi un 50 % en diez años, mientras que Tizimín, municipio en el que se encuentra esta empresa, experimenta una sequía extrema”.
“Este proyecto causó deforestación de especies de árboles como el chaká, el jabín, el yaxché, el koopó y el tsalam. Además, ha contribuido a que especies como la tortuga caja amarilla (Terrapene mexicana), endémica de Yucatán, sujeta a protección especial por la vulnerabilidad de sus poblaciones, así como de tortuga mojina (Rhinoclemmys areolata), en categoría de amenazada, según la Norma Oficial Mexicana de la Semarnat, murieran a causa de la pérdida de su hábitat”.
El organismo ambientalista indicó que este proyecto “viola los derechos de los trabajadores y ha ocasionado un desastre ambiental en la península de Yucatán que no ha sido sancionado como se merece”.
“Se ha cometido un delito federal por esta empresa que ahora está en manos de familiares de Alfonso Ramos, un empresario al que le dan risa estas declaraciones sumamente alarmantes”, sostuvo.
Greenpeace subrayó que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), deben intervenir de manera urgente para que el cenote que ha sido afectado sea restaurado, se realicen las auditorias y los monitoreos de agua a la empresa Enerall, pero sobre todo para que proyectos de esta magnitud, en los que no se garantiza la protección del medio ambiente ni se asegura el cumplimiento de los derechos humanos, no continúen operando y adquiriendo permisos para explotar los recursos naturales.
