Por Rivelino Rueda
Viajes por 1 millón 160 mil pesos y hospedajes en hoteles de lujo por 71 mil 543 pesos, son algunos de los gastos, con recursos públicos, que se realizaron en 2019 a través del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), instrumento que fue uno de los 109 que desaparecerán para el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.
Luego de que investigadores, académicos y científicos de ese centro educativo recriminaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a diputados federales de Morena el “haber dado la espalda” a la ciencia, la cultura y a la tecnología con la desaparición de estos fideicomisos, el Fideicomiso del CIDE reportó el año pasado, en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el rubro “Contratos de obras, bienes y servicios”, egresos por 3 millones 412 mil 403 pesos en viajes y hospedajes de hotel.
Y aunque investigadores del CIDE, como Lorena Ranuro, reclamaron al coordinador de los senadores de Morena, Mario Delgado, que el gobierno federal “quiere el control” de los recursos de estos fideicomisos, y que ello es una “irresponsabilidad mayúscula”, los registros de transparencia de ese centro educativo reportaron, por ejemplo, un contrato con la agencia de viajes El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V., por 1 millón 160 mil pesos, firmado el 4 de abril del año pasado.
“¿Cómo vamos a compensar el presupuesto cada vez más chafa que nos manda el gobierno federal? Los sueldos de los investigadores están por los suelos, y con estos fideicomisos nos compensamos un poquito”, reprochó Lorena Ranuro a Delgado Carrillo el pasado 6 de octubre, previo a la aprobación en el Pleno de San Lázaro del dictamen para la desaparición de estos 109 fideicomisos.
Sin embargo, el reclamo de la investigadora sobre el “presupuesto cada vez más chafa” también contradice el argumento de otros investigadores del CIDE respecto a que dicho fideicomiso no recibe recursos públicos.
Carlos Heredia Zubieta, profesor asociado del CIDE, aseguró en una columna del periódico El Universal, el pasado 9 de octubre, que “el objetivo de cada proyecto que realiza el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es incidir en la agenda pública y resolver problemas que afectan al país. El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología (FideCyT) del CIDE es una entidad distinta, con su propio registro federal de contribuyentes, pero sin estructura ni personal, que no recibe fondos del presupuesto federal”.
Pero en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia se dice otra cosa. En el apartado “Monto, uso y destino del patrimonio” del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología (FideCyT) del CIDE se establece, en la columna denominada “origen de los recursos”, que estos son “públicos y privados”.
Incluso, el último monto total recibido para este fideicomiso, reportado en la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha del 4 de abril de 2020, coincide con el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados (que fue aprobado por mayoría en el Pleno del recinto legislativo de San Lázaro, el pasado 9 de octubre, con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones), que es de 332 millones 969 mil 290 pesos.
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Lo anterior es superior a lo que recibe cualquier hospital o instituto de alta especialidad de la Secretaría de Salud de presupuesto anual, a excepción del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, que en 2020 tuvo un presupuesto de 468 millones 527 mil 342 pesos.
Al respecto, Leo Zuckermann Behar, quien fue secretario general del CIDE, donde actualmente es profesor afiliado de la División de estudios políticos, afirmó en su columna del periódico Excélsior, del 7 de octubre, que “la extinción de los fideicomisos a rajatabla es un retroceso, como los muchos que ha habido en este sexenio”, ya que “se regresa a la práctica a la práctica del clientelismo de las élites”.
El opinólogo, quien forma parte de la élite privilegiada de académicos e investigadores que se hicieron fuertes en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, argumenta en su columna que se va “al cesto de la basura una figura administrativa que servía para otorgar apoyos, pero, sobre todo certidumbre temporal y jurídica, a académicos, científicos, creadores, cineastas, víctimas de la violencia y afectados por fenómenos naturales. Ahora, dice el gobierno, estos apoyos se darán de manera directa”.
“Los fideicomisos permitían llevar a cabo proyectos del sector público que transcendían la anualidad del presupuesto gubernamental y los vaivenes del proceso político. Además, otorgaban la posibilidad de recaudar dinero de entes privados o de la sociedad civil para trabajar en conjunto con recursos públicos. Con la desaparición, se anulan estas ventajas”.
Y Zuckermann Behar añade: “Antes las decisiones del manejo de los recursos de los fideicomisos los tomaba su Comité Técnico. Supongo que había instituciones donde estos órganos funcionaban mejor que otros. Pero la idea era despolitizar las decisiones de los beneficiarios. Ahora, con la promesa de que éstos se darán de manera directa por parte del gobierno federal, pues, no por ser mal pensado, pero ya sabemos que habrá fuertes presiones para darlos a aquellos que comulguen con el proyecto de la Cuarta Transformación”.
Pero estos argumentos del opinólogo, en el sentido de “trabajar en conjunto con recursos públicos” y “tomar decisiones del manejo de los recursos de los fideicomisos por un Comité Técnico” distan mucho de lo que reportaba, por ejemplo, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología (FideCyT) del CIDE.
En todos los gastos de viajes y hospedajes en hoteles de lujo que reportó ese instrumento en la Plataforma Nacional de Transparencia se consultó a un Comité Técnico o se “trabajó en conjunto” con estos recursos públicos, ya que la apoderada legal del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., Jimena Moreno González, es la que aprobaba directamente estos egresos.
Un ejemplo es la celebración de un contrato –firmado por la apoderada legal del CIDE—del 25 de junio de 2019, para un evento que organizó esta institución de educación superior con recursos de su fideicomiso, por la cantidad de 71 mil 543 pesos, que se realizó en el hotel Grand Fiesta Americana Guadalajara Contry Club, de Grupo Posadas.
Otro contrato –también firmado por la maestra Jimena Moreno como responsable legal del fideicomiso—se dio con la empresa Intertour Uquime S.A. de C.V., el 30 de abril del año pasado, por un monto de 158 mil 864 pesos. En su portal de internet, la empresa se anuncia como una agencia de viajes “con 20 años de experiencia en viajes, que nos respaldan como una de las agencias mexicanas con mejores ofertas, beneficios y servicios en todo México”.
Una más. El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE también contrató los servicios con la misma empresa, el 17 de septiembre de 2019, que estableció la compra de 19 boletos de avión Ciudad de México-Chihuahua-Ciudad de México, para el desarrollo del proyecto de investigación “Diplomado Alta Gerencia en Administración Pública”, que tuvo un costo de 198 mil 175 pesos.
Los contratos que reporta el fideicomiso –de los cuales sólo algunos se pueden consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que otros únicamente aparecen en el listado de erogaciones–, y que están membretados con papelería oficial del CIDE con el texto “Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. Oficina de Vinculación y Desarrollo”, establecen en la Cláusula Octava, sobre “confidencialidad”, que:
“LAS PARTES se obligan a mantener estricta confidencialidad y a no divulgar la información contenida en el presente contrato, así como de la que tengan conocimiento por el cumplimiento del objeto del mismo, respetando los derechos que sobre la información tiene “EL FIDEICOMISO” y “EL CIDE” y se responsabilizan, en su caso, del mal uso, o uso no autorizado que de ella se haga aún después de la terminación del presente instrumento jurídico, hasta por un periodo de 3 años, a partir de la terminación de este instrumento jurídico.
“EL PROVEEDOR se obliga a mantener estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con el presente contrato, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y, por tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de un tercero”.
Bajo el mandato de Carlos Elizondo Mayer-Serra, director general del CIDE; Leo Zuckermann Behar, secretario general, como representantes legales, y Blanca Heredia Rubio, secretaria académica del CIDE; Sylvia Beatriz Ortega Salazar, secretaria académica del CIDE, y Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, como vocales, el Fideicomiso del CIDE se constituyó el 21 de septiembre de 2000.
En aquel entonces –en plena efervescencia por la alternancia en la Presidencia de la República, luego de que el panista Vicente Fox Quesada ganó las elecciones presidenciales de julio y Ernesto Zedillo se convirtió en el último presidente del PRI, tras 70 años de gobiernos de ese partido–, y hasta hoy, el Fideicomiso tuvo como “área responsable” el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Previo a la sesión de la Cámara de Diputados donde se eliminaron estos 109 fideicomisos, la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, aseguró que en el sexenio anterior “el 40 por ciento del dinero público que uso el Conacyt en fideicomisos públicos fue usado para beneficiar al sector privado, lo que hizo caer los índices nacionales de innovación y de eficacia en ciencia y tecnología”.
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