La revelación del nuevo espionaje con el malware Pegasus a dos periodistas del semanario Ríodoce, de Culiacán, Sinaloa, confirma la existencia de un patrón sistemático de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos.
Las organizaciones Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, subrayaron que con este intento de espionaje a los periodistas Ismael Bohórquez y Andrés Villanueva, de ese medio sinaloense, suman ya 24 casos documentados de ataques con el malware Pegasus en México.
Una nueva investigación de la agrupación Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, retomada por el diario estadounidense The New York Times, reveló que estos nuevos ataques ocurrieron entre el 17 y el 26 de mayo de 2017, días después del asesinato del periodista Javier Valdés, fundador y colaborador de Ríodoce.
El ataque se dio con al menos seis mensajes de texto, vinculados a la estructura de Pegasus, a los teléfonos de Bohórquez y de Villanueva, algunos suplantando la identidad de sitios web de noticias, como Animal Político.
John Scott-Railton, de Citizen Lab, detalló que de haber hecho clics en estos enlaces, este malware habría infectado sus teléfonos, garantizando a sus atacantes acceso a sus archivos, documentos, así como a la cámara, micrófono y GPS del dispositivo, entre otros.
“Comenzamos a investigar una empresa israelí de ciberguerra. No teníamos ni idea de los ataques que íbamos a encontrar en México. A lo que llegamos es que este ha sido el caso de mayor abuso y de mayor irresponsabilidad que hemos visto en nuestra vida profesional”, señaló el investigador canadiense.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, destacó que en esas fechas en que Bohórquez y Villarreal recibieron los mensajes, la Procuraduría General de la República (PGR), único operador probado y reconocido de Pegasus en México, ya se encontraba en Culiacán, realizando las indagatorias sobre el crimen de Rubén Valdés.
El 17 de mayo de 2017, añadió, día del primer ataque documentado contraRíodoce, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en un evento oficial las “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”, y puntualizó que en esta presentación el Ejecutivo federal y las autoridades presentes se comprometieron a combatir la impunidad en casos de agresiones, así como frenar la violencia contra la prensa.
Sin embargo, recalcó que este caso “confirma la absoluta indolencia del gobierno saliente frente a las denuncias de abuso de los sistemas de vigilancia gubernamental”.
“Mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un serio obstáculo para el ejercicio del periodismo libre, un grave riesgo para las personas que han sido atacadas con Pegasus, y una serie amenaza contra las instituciones democráticas”, anotó.
Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, consideró que se observa muy complicado que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda controlar este esquema ilegal de espionaje, ya que es de uso común entre las policías, la PGR y las Fuerzas Armadas.
Al respecto, las organizaciones solicitaron al próximo gobierno “aceptar las recomendaciones realizadas por varios organismos internacionales de derechos humanos y establezca un mecanismo que garantice una investigación independiente, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, así como a los responsables de perpetrar los ataques, con el objetivo de que enfrenten la justicia”.
Además, “impulsar una reforma integral de las normas e instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia que establezca controles estrictos en la adquisición de sistemas de vigilancia y garantice la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en su utilización”.
También, “que garantice la cooperación absoluta con las investigaciones que llevan a cabo órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien la semana pasada anunció la apertura de un procedimiento de verificación”.
Finalmente, pidieron que “se acepte la instalación de una mesa de trabajo entre representantes del nuevo gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que hemos documentado el abuso de los sistemas de vigilancia, con el objetivo de implementar las recomendaciones internacionales en materia de vigilancia”.
