Por J. Jesús Lemus/Zenzontle400
El flujo migrante ilegal en nuestro país, sigue creciendo en forma acelerada sin que la federación vislumbre una política humanitaria y eficiente para la atención de este fenómeno. Al cierre de diciembre de 2019, ya eran de 769 mil 382 los inmigrantes extranjeros que llegaron ilegalmente a México, de los que solo 186 mil 750 de ellos fueron deportados.
De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), hasta enero de este año no se sabía qué hacer con 582 mil 632 migrantes extranjeros que fueron detenidos, en su mayoría, en la frontera sur, tras haber ingresado ilegalmente por la frontera de Guatemala, provenientes principalmente de África, Centro América, Islas del Caribe, América del Sur, Asia y en menor medida de Europa, incluso de Estados Unidos y Canadá.
El INM al no saber qué hacer con la mayoría de los migrantes detenidos, al no tener en regla sus documentos de ingreso al país y no contar con los recursos necesarios para su repatriación, optó por dejarlos en libertad para que continuaran su libre tránsito por territorio nacional, los que en mayor medida fueron liberados en el estado de Chiapas, donde el flujo ya acusa una crisis social.
La principal razón por la que el INM se ha visto incapaz de atender eficientemente el problema migratorio, es la falta de recursos económicos, pues a pesar de que el ingreso de migrantes ilegales va en aumento constante, no ha sido en esa medida la asignación presupuestal para atender este problema que ha sido reconocido por el propio gobierno federal como un asunto de seguridad nacional.
Solo en 2019, según lo refiere la respuesta pública que emitió el INM el 31 de diciembre de 2019, marcada en el oficio INM/DGA/DGAAR/DRF/1472/1919, firmado por Adrián Flores Hernández, director de Recursos Financieros de la dependencia, el costo de repatriación de inmigrantes ilegales ascendió a 413 millones 779 mil 987 pesos con 60 centavos.
De esos recursos gastados en la repatriación de inmigrantes ilegales, 77 millones 616 mil 376 pesos con 18 centavos, corresponden a gastos de boletos de avión; 5 millones 559 mil 438 pesos con 45 centavos se gastaron en alimentación y hospedaje de los inmigrantes, mientras que 330 millones 604 mil 172 pesos con 97 centavos se aplicaron a la partida de gastos por servicios de traslado de los repatriados.
Disminuyen recursos
En términos generales, de 2016 a 2019, el flujo migrante ilegal que ingresa por la frontera sur del país ha visto un crecimiento sostenido del 19 por ciento anual, pero los recursos asignados a la dependencia para atender ese problema, no ha sido siquiera en la misma proporción, según lo refieren los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación en ese periodo.
De acuerdo a los datos de los proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2016 el INM contó con un fondo de 8 mil 342 millones de pesos, en 2017 el monto de recursos de ese instituto se redujo a 7 mil 377 millones de pesos, para 2018 el monto de recursos signados fue de 5 mil 480 millones pesos, mismo que volvió a bajar en 2017 cuando se destinaron solo mil 7779 millones pesos. Para 2019, el presupuesto del INM fue de solo mil 331 millones de pesos.
La disminución de ingresos, según lo refiere una fuente del INM en Tapachula, “ha impactado principal en el programa de repatriación de los inmigrantes ilegales, lo que ha generado que la instrucción oficial –al menos para la estación migratoria de Tapachula– sea en el sentido de ser omisos ante el flujo migrante, permitiendo que la mayor parte de los ilegales detenidos sean puestos en libertad”.
Las condiciones económicas para la repatriación de migrantes ilegales se observa difícil para este 2020, cuando a pesar de que se ha incrementado en un 10.5 por ciento el prepuesto de gastos, con relación a 2019, y se cuenta con mil 487 millones de pesos, estos no serán suficientes para atender devolver a sus países de origen a los cientos de miles de migrantes que actualmente se encuentra en territorio nacional.
Cada vez más personal
Parte de lo que hace que sea difícil la atención puntual a las demandas de repatriación de los cientos de miles de migrantes ilegales, es porque casi el 70 por ciento del presupuesto se destina al gasto de operación del INM que absorben los sueldos de los más de 5 mil 532 funcionarios con los que cuenta la dependencia, donde a pesar de la estrechez económica, sí ha venido en aumento la contratación de personal.
Según lo refieren los datos oficiales del INM, al considerar la atención del problema de inmigración ilegal como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la contratación de personal, tanto administrativo como de campo, ha venido en aumento en los últimos cuatro años; de 2016 a 2019 la plantilla laboral de esa dependencia ha registrado un aumento del 12 por ciento.
En 2016 el INM contaba con una plantilla laboral de 4 mil 869 funcionarios, misma que al cierre de 2019 era ya de 5 mil 532 trabajadores, en su mayoría agentes de campo; así en 2017 el número de agentes incorporados al INM era de 4 mil 827, mientras que en 2018 se llegó a los 5 mil 231 elementos, que finalmente no han logrado frenar el flujo de migrantes.
Repatriados a todo el mundo
De los 186 mil 750 inmigrantes ilegales que el INM presentó para su repatriación en 2019, con cargo directo al erario, mil 228 eran de América del Norte; 23 de Canadá y mil 205 de Estados Unidos. 157 mil 691 fueron de Centroamérica: 91 de Belice, 22 de Costa Rica, 22 mil 267 de El Salvador, 52 mil 525 de Guatemala, 79 mil 627 de Honduras, 3 mil 138 de Nicaragua y 21 de Panamá.
De acuerdo a la estadística oficial del INM, en 2019 también fueron repatriados 11 mil 486 inmigrantes ilegales procedentes de las Islas del Caribe: uno de Bahamas, 7 mil 428 de Cuba, 75 de República Dominicana, 3 mil 980 de Haití y dos de Jamaica.
El grupo de los deportados hacia América del Sur, fue de 2 mil 432 inmigrantes: 65 de Argentina, 62 de Bolivia, 463 de Brasil, 274 de Chile, 711 de Colombia, 305 de Ecuador, uno de Guayana, tres de Paraguay, 57 de Perú, 16 de Uruguay y 575 de Venezuela. Por lo que hace a los inmigrantes ilegales deportados desde México hacia Europa, en el 2019, fueron 150: cinco ciudadanos de Alemana, uno de Andorra, dos de Austria, cuatro de Bélgica, uno de Croacia, dos de Eslovaquia, 28 de España, seis de Finlandia, ocho de Francia, uno de Grecia, tres de Hungría, uno de Irlanda, 11 de Italia, cuatro de Kosovo, uno de Lituania, tres de Holanda, cuatro de Polonia, uno de Portugal, 11 de Reino Unido, 19 de Rumania, 26 de Rusia, cuatro de Serbia, dos de Suiza y dos de Ucrania.
Durante el año pasado, también se deportaron 6 mil 408 inmigrantes ilegales de países de Asia: mil 561 eran de Bangladesh, 2 mil 395 de India, 329 de Nepal, 200 de Pakistán, 583 de Sri Lanka, 69 de Yemen, 27 de Vietnam, diez de Uzbekistán, cuatro de Turquía, seis de Siria, tres de Palestina, tres de Birmania, cuatro de Japón, 8 de Israel, 20 de Irán, 21 de Irak, 6 de Filipinas, dos de Georgia, seis de Corea del Sur, 78 de China, 10 de Camboya, cinco de Armenia, y uno, respectivamente, de Arabia Saudita, Chipre, Jordania, Líbano, Mongolia, Omán, Singapur, Tailandia, Taiwán y Tayikistán.
Finalmente, los deportados a países africanos durante el año pasado fueron 7 mil 352, de los que 867 eran de Angola, tres de Argelia, 10 de Benín, 49 de Burkina Faso, dos de Burundi, 3 mil 324 de Camerún, uno de la República Centroafricana, mil 870 de El Congo, 34 de Costa de Marfil, cinco de Egipto, 375 de Eritrea, 31 de Etiopia, dos de Gabón, ocho de Gambia, 196 de Ghana, 178 de Guinea, uno de Guinea Bissau, dos de Guinea Ecuatorial, dos de Kenia y uno de Lesoto.
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