De haberse aplicado el mismo argumento de “temporalidad” en contra de exservidores públicos de esta administración que sí fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), como Carlos Lomelí Bolaños o Miguel Ángel Lozada Aguilar, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, también hubiera corrido la misma suerte que ambos funcionarios.
Y es que la semana pasada la secretaria de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, argumentó que uno de los pilares fundamentales en la “exhaustiva investigación” para exonerar a Bartlett Díaz fue que los supuestos delitos por los que se le acusa (conflicto de interés e inconsistencias en su declaración patrimonial) no se dieron en el periodo en que ha fungido como director de la CFE (del 1 de diciembre de 2018 a la fecha).
Sin embargo, el exdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, fue sancionado por parte de la Secretaría de la Función Pública por irregularidades que cometió en 2015, cuando era diputado federal de Morena y faltaban tres años para que fuera designado en ese cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En mayo, Lomelí Bolaños se separó de su cargo y, el 13 de septiembre, la SFP resolvió imponerle a sus empresas farmacéuticas sanciones administrativas. A la empresa Lomedic, S.A de C.V y a Laboratorios Solfrán se les otorgó una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos, además de inhabilitar a ambas compañías por 2 años y 6 meses.
Antes, Sandoval Ballesteros había anunciado que la SFP le había abierto siete carpetas de investigación a Lomelí Bolaños, cuatro son por conflicto de interés y las tres restantes por infracciones a la Ley Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre las que se presume presunto cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento.
La semana pasada, al dar a conocer los resultados de la investigación que se le abrió a Bartlett Díaz, la secretaria de la Función Pública argumentó que “el actual director general de la CFE inició su encargo el primero de diciembre de 2018, por lo que las posibles omisiones en su declaración patrimonial, tendrían que analizarse conforme a las exigencias de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
“Además, no debe perderse de vista que, como siempre lo he señalado, y que fue a lo que me referí en mis primeras declaraciones sobre el tema, la SFP únicamente tiene atribuciones para investigar y en su caso sancionar los actos cometidos de servidores públicos durante su desempeño en la administración pública federal y hasta siete años después cuando las responsabilidades prescriben”, anotó.
En el mismo caso se ubica la sanción de destitución e inhabilitación por 10 años (que apenas se anunció el 11 de diciembre) para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, al exdirector general de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar.
La propia SFP señaló en un comunicado que la sanción a este funcionario “se deriva de las acciones que, desde principios de año, fueron informadas por la propia Irma Sandoval en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema de la Estafa Maestra”.
La dependencia señaló que “se identificaron indicios a partir de los cuales se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones relativas a su evolución patrimonial (en contra de Lozada Aguilar), para detectar y documentar probables inconsistencias resultado de posibles conductas irregulares”.
Estos procedimientos, añade el comunicado, “arrojaron omisiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales de cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos”.
“¿Cómo se van a investigar ellos mismos?”: AMLO
Hace casi cinco años, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces presidente del Consejo Nacional de Morena, señalaba que en Estados Unidos, así como en otros países del mundo, “son los jueces, quienes son verdaderamente independientes y autónomos, quienes se encargan de castigar a los corruptos Ey los mandan a la cárcel”.
Era el 4 de febrero de 2015. En esos días el principal tema de la agenda nacional era el escándalo conocido como la “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto, en Lomas de Chapultepec. El exmandatario priista había ordenado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Virgilio Andrade, una “exhaustiva investigación en ese tema”.
“¿Cómo se va a investigar a él mismo? Porque esa secretaría pertenece al Ejecutivo y el titular del Ejecutivo es él (Peña Nieto) ¿Dónde se ha visto eso?”, cuestionó el hoy presidente de la República.
Casi cinco años después, el jefe del Ejecutivo federal defendió la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública (SFP) de su gobierno, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, que el jueves de la semana pasada resolvió exonerar a Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del conflicto de interés y falseo en su declaración patrimonial.
La polémica surgió luego de una investigación periodística que señalaba que Bartlett presuntamente tiene una fortuna de 51 millones de pesos y declaró un ingreso de 11 millones de pesos anualmente. Además, el reportaje denunciaba que el director de la CFE supuestamente tiene 25 casas y dos terrenos, que alcanzarían un valor de hasta 800 millones de pesos.
Tras las presiones de la ciudadanía, sobre todo a través de redes sociales, la SFP abrió una carpeta de investigación en contra de Bartlett Díaz el 10 de septiembre tras una denuncia anónima.
Al día siguiente, en su conferencia mañanera, López Obrador declaró que “el reportaje es un intento de desprestigio, de manchar al nuevo gobierno”. Sin embargo, sostuvo que “no prosperará”, pero que se respetará el derecho a disentir y que la SFP iba a investigar todo.
Cabe destacar que AMLO comenzó su acercamiento con Manuel Bartlett en diciembre de 2011, cuando el controvertido exsecretario de Gobernación con Miguel de la Madrid (1982-1988) fue postulado por el Partido del Trabajo (PT) para una senaduría.
Ese instituto político, dirigido sempiternamente por Alberto Anaya, había realizado una alianza con el PRD y con Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) para los comicios presidenciales de 2012, que abanderó López Obrador, así como para cargos legislativos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
El 6 de diciembre de 2011 se le preguntó a López Obrador su opinión sobre esta postulación, y dijo que él no lo había invitado, sino que se trataba de “un asunto de los partidos, del PT en particular. Los partidos tienen su derecho a elegir a sus candidatos”.
Para el 9 marzo de 2012, en medio de la campaña presidencial de aquel año, AMLO argumentó que la única condición que puso a los partidos que formaron la alianza que lo designó como su candidato fue que “para la postulación de candidatos es que se hagan encuestas y que sean los ciudadanos los que decidan quién debe ser candidato”.
“Ya en este caso (el de Bartlett) se hicieron tres encuestas. Él resultó el mejor posicionado y por eso yo tengo que acatar esa decisión. No fue un acuerdo cupular”, anotó el tabasqueño.
Argumentó además que en ese caso “se hizo una consulta en Puebla, fueron tres encuestas, y él resultó mejor posicionado. Lo demás (su polémico pasado político en las filas del PRI) él va a tener que explicar”.
“Lo único que puedo decir es que bienvenidos todos los que de buena fe luchan por la transformación del país, y si en el pasado tuvieron algún acto reprobable, pero si están en condiciones sinceras de enmendarlo y de actuar con rectitud, poniendo por delante los intereses del pueblo y de la nación, debe permitirse la participación de quienes en otros tiempos actuaron de manera incorrecta”, dijo.
