Por J. Jesús Lemus/Zenzontle400
El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se ha dicho -entre otros- opositor al proyecto del Tren Maya que aspira a ser una de las principales obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una razón para ello: más allá del riesgo que representa para el equilibrio ecológico del sureste, la operación de este tren, que se ha dicho será para detonar el turismo mediante el transporte de personas, también será para el transporte de carga.
La operación de un tren de carga, que conecte con la red ferroviaria nacional, sería la punta de lanza para detonar la explotación minera en la Península de Yucatán, hasta ahora la región menos desarrollada de todo el país dentro del sector minero, donde actualmente se realiza el transporte de materiales y productos mineros mediante el transporte por carretera, que resulta altamente costoso para las empresas asentadas en la zona.
Si bien es cierto, de acuerdo a los datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM), a excepción de Chiapas, el subsuelo de los otros cuatro estados (Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo) por donde se pretende hacer correr el Tren Maya, no es rico en metales industriales ni preciosos, pero si lo es en cuanto a minerales no metálicos de alta demanda en la industria de la construcción, como son agregados pétreos, arcilla, arena, azufre, caliza, dolomita, grava y yeso.
Por lo que hace al estado de Chiapas, el subsuelo de esta entidad no solo es rico en estos mismos materiales pétreos, sino que también cuenta con grandes reservas de oro, plata, cobre, plomo, zinc, barita, cuarzo, hierro, pero sobretodo titanio, mercurio y uranio, estos últimos altamente demandados por la industria militar internacional, cuya explotación a través de la concesión se ha reservado por parte del gobierno federal por la falta de vías de transporte.
Por eso la oposición no solo del EZLN, sino de la mayoría de los pueblos indígenas de sureste, a la construcción del Tren Maya, pues la puesta en operación de este será el principal aliciente a la industria minera internacional para comenzar con la explotación indiscriminada del suelo de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, donde a la fecha por lo menos 210 empresas mineras cuentan con solicitudes ante la Secretaría de Economía (SE) para la obtención de concesiones mineras.
La explotación de los derivados pétreos pareciera inicua frente a la forma en que se explotan otras regiones mineras del país, que hacen la obtención de metales preciosos e industriales; pero en realidad la extracción de materiales pétreos es igual de contaminante y devastadora para el suelo, pues aun cuando es proporcionalmente menor el consumo de agua para la obtención de estos materiales, todos se hacen mediante la operación de minas a cielo abierto.
Por lo que se refiere a la utilidad económica que representa la explotación de las minas de materiales pétreos, que es el sector minero menos desarrollado del país, en Chiapas, estas generan anualmente 4 mil 729 millones 996 mil 804 pesos; en Tabasco las utilidades son por el orden de los 9 mil 750 millones 641 mil 039 pesos; en Yucatán, la explotación de materiales pétreos deja 2 mil 481 millones 403 mil 070 pesos; en Quintana Roo la derrama promedio anual es por 4 mil 279 millones 823 mil 516 pesos, mientras que en Campeche la utilidad es por 10 mil 256 millones 729 mil 594 pesos en promedio anual.
En suma, según los datos del SGM la utilidad económica que se obtiene en estos cinco estados por la explotación de materiales pétreos es en promedio de más de 31 mil 495 millones de pesos, que representa apenas el 5 por ciento de las utilidades del resto de la industria minera que en todo el territorio mexicano explota materiales industriales y preciosos, con un beneficio promedio anual de más de 629 mil 900 millones de pesos.
Por eso el respaldo de las mineras ya asentadas y las que pretenden concesiones en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo al proyecto del Tren Maya, que en su vertiente de transporte de materiales habrá de dar un fuerte impulso a la explotación económica de la zona, que en ninguno de sus apartados contempla beneficios económicos o sociales para las comunidades indígenas propietarias naturales de las porciones de suelo que se pretenden detonar a través de la minería a cielo abierto.
De acuerdo al proyecto ejecutivo del Tren Maya dado a conocer por el gobierno federal, este pretende la conexión vía férrea de 38 municipios de los cincos estados que conforman la Península de Yucatán, donde -aunado al de pasajeros- se pretende hacer más dinámico el traslado de carga, que beneficiará a las empresas mineras de la zona, en donde están a la espera de ser entregadas en concesión más de 218 mil hectáreas de suelo ricas en derivados pétreos.
El Tren Maya pretende conectar 38 municipios de cinco estados del sureste, de los que dos (Balancán y Tenosique) están en Tabasco; dos (La Libertad y Palenque) se ubican en Chiapas; 17 (Bokobá, Cacalchén, Chemax, Chocholá, Halachó, Izamal, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Sudzal, Tekantó, Temozón, Tinum, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín, y Tunkas) son de Yucatán; ocho (Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carillo Puerto, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum) corresponden a Quintana Roo, y otros nueve (Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Escárcega, Champotón, Hecelchakán y Tenabó), se ubican en el estado de Campeche.
De estos municipios, según reporta el Servicio Geológico Mexicano, por lo menos 13 de ellos están ubicados dentro del Panorama Minero Nacional como zonas de alto potencial para la extracción de materiales pétreos; en Campeche las zonas mineras que se pretenden detonar con el Tren Maya se ubican en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Escárcega, Champotón y Hecelchakán; en Chiapas, solo se ubica en el municipio de La Libertad; en Quintana Roo, los municipios mineros con Benito Juárez, Cozumel y Felipe Carillo Puerto; En Tabasco solo es Tenosique, y en Yucatán se contempla solo al municipio de Mérida.
