Por José Miguel Rueda
Foto: Camila Rueda Loya
Este domingo primero de junio hubo elecciones en México. Millones de personas salieron a votar, y millones más decidieron no hacerlo.
De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), de alrededor de 100 millones de ciudadanos que podían participar, solamente acudió a votar entre el 12,57 % y el 13,32 %, con un resultado de 9 millones de votos nulos, más del doble de lo que obtuvieron Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres, con 4.890.047 votos y 4.070.819 sufragios, respectivamente (por favor corrijan la cifra porque de seguro no es exacta).
Pero no perdamos de vista que fue una elección inédita, ya que por primera vez en la historia de México, los ciudadanos y no la presidenta, escogieron por medio del voto a jueces, ministros de la Suprema Corte y magistrados de todo el país. Todo proceso lleva su tiempo y, en lo personal, creo que esta participación irá en aumento para los siguientes periodos.
Ahora, tampoco perdamos de vista que el voto es un derecho. No fue un regalo. Fue una conquista histórica: luchas, huelgas, sangre, desapariciones, mujeres que alzaron la voz. Y sin embargo, hoy, cuando ese derecho está garantizado para todas y todos, muchas personas decidieron no ejercerlo.
Esa decisión no se trató sólo de apatía, a veces es cansancio. A veces, protesta. O la sensación de que nada cambia. O que todo ya está decidido antes de que el voto sea ejercido y esto revela una tensión profunda: En la jerga jurídica se prevén distintos escenarios, entre ellos, la paradoja del derecho no ejercido.
Entiendo que se refiere a la «situación en la que un derecho existe formalmente, pero en la práctica no puede ser ejercido o tiene consecuencias contrarias a las esperadas debido a la forma en que el derecho es estructurado o implementado».
Entonces, tener un derecho no implica querer usarlo. Y si el entorno político lo vacía de sentido o lo desacredita, se vuelve una pieza simbólica más, sin poder real.
Pero también vivimos otra tensión aún más desconcertante: La paradoja del individuo moderno.
Se nos dice que somos libres, autónomos, responsables de nuestro destino. Pero cada vez se nos ofrece menos participación real en lo común. Puede percibirse como una forma de despolitizar la vida pública, ya que se nos convence de que todo puede decidirse desde lo personal.
Lo irónico es que mientras muchos dudan del valor de su voto, otros sectores de poder promueven que algunos derechos de participación deben ser cancelados. He ahí la paradoja.
El domingo primero de junio no solo fueron elegidos representantes, también se discutió públicamente si el pueblo debe o no elegir al Poder Judicial.
Hay quienes afirman que esa decisión no le corresponde a la ciudadanía, sino al presidente. Como si lo popular solo contara cuando coincide con el poder.
Pero ¿No es extraño que, en nombre del pueblo, se niegue el derecho del pueblo a decidir?
¿Cómo se puede reclamar soberanía, quitando al pueblo las herramientas para ejercerla?
Lo preocupante no es solo que la gente no vote. Lo verdaderamente alarmante es que nos quieran convencer de que no deberíamos votar en ciertos temas.
Todo esto nos deja preguntas urgentes:
— ¿Qué significa la democracia cuando se usa el discurso popular para reducir la participación?
— ¿Cómo sostener lo colectivo cuando se sabotea desde el mismo lenguaje que dice defenderlo?
— ¿Qué hacemos cuando se pide que el pueblo confíe, pero no decida?
No se trata de imponer una respuesta. Se trata de recuperar la conversación.
Porque el futuro no se construye solo con votos.
Pero tampoco sin ellos.
