Por Rivelino Rueda
El gobierno de Veracruz, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) emplazaron a la Fiscalía General de la República (FGR) asegurar que en el caso de Tierra Blanca no quede en la impunidad la colusión entre elementos del crimen organizado y autoridades estatales para la comisión de conductas delictivas respecto a delincuencia organizada.
Esto, luego de que el pasado viernes 8 de marzo un juez federal resolvió declarar fundado un incidente por desvanecimiento de dato, ordenando la libertad de 21 personas detenidas, entre ellas 8 policías, por el caso Tierra Blanca acusadas del delito de delincuencia organizada relacionado con los hechos que tuvieron lugar el 11 de enero de 2016 en el que policías estatales en colusión con el crimen organizado, desaparecieron y posteriormente ejecutaron a cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz.
Ante la exigencia de las familias para obtener justicia por los hechos, el gobierno veracruzano, la CEAV y el Centro PRODH calificaron de preocupante que con esta decisión se abone a la impunidad y aleje la justicia.
“Reiteramos el llamado a las instituciones encargadas de garantizar la justicia a que se comprometan a realizar investigaciones adecuadas y con debida diligencia que aseguren procesos sólidos que se sostengan jurídicamente hasta llegar a la sanción de los responsables”.
Recordaron que tanto en la Recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como en el dictamen de reparación integral emitido por la CEAV, “se contempla como una de las principales medidas el acceso a la justicia, haciendo énfasis en que los procesos que se encontraban abiertos tanto por desaparición forzada como por delincuencia organizada debían asegurarse hasta llegar a las condenas correspondientes, por lo que estos organismos estarán vigilantes de los procesos que se lleven a cabo por las instituciones de justicia”.
Puntualizaron además que las personas detenidas enfrentan también procesos por desaparición forzada en la Fiscalía del Estado de Veracruz, por lo que hicieron un llamado para asegurar que dichos procesos se mantengan de manera sólida, se coordine con la FGR y se asegure que las investigaciones cuenten con elementos de prueba idóneos para asegurar las condenas respectivas.
Al respecto, emplazaron a la Fiscalía a evitar llegar a un escenario como el que ocurre actualmente respecto a los procesos federales, e indicaron que “lo resuelto por el Juez Federal es un llamado para que las instituciones encargadas de la justicia realicen su trabajo correctamente, de lo contrario, estarían abonando a la impunidad en un caso paradigmático como el de Tierra Blanca”.
El pasado 4 de marzo se llevó a cabo un evento de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a las familias de los 5 jóvenes desaparecidos, en el que se enfatizó los pendientes respecto a la justicia y en el que se dieron compromisos relevantes para vigilar los procesos penales en contra de las personas detenidas.
En ese sentido, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló:
“Un acto como éste cobra sentido mientas se acompañe también de la búsqueda de la justicia. (…) Por eso nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad (…).”
Por su parte, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, refirió: “Somos conscientes que su exigencia por la justicia es su principal demanda y debe ser también nuestra principal preocupación. Sabemos que los procesos que se siguen en contra de las personas detenidas deben llegar a buen puerto, con procesos adecuados que aseguren las condenas respectivas, tanto por desaparición forzada, como por delincuencia organizada.”
Cabe señalar que, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz, la FGR interpuso los recursos legales correspondientes frente a la resolución del juez federal.
En ese sentido, el gobierno de Veracruz, el Centro PRODH y la CEAV exigieron mantener abiertas las investigaciones relacionadas con el delito de delincuencia organizada, realizando nuevas acusaciones que corrijan las deficiencias actuales y asegurándose de obtener las pruebas idóneas para acreditar la responsabilidad de las personas detenidas por el delito de delincuencia organizada, ya que de lo contrario “se abonaría a la impunidad en este lamentable caso”.
