Por Rivelino Rueda
Con el objetivo de denunciar, visibilizar, esclarecer la verdad, demandar justicia y que se dé castigo a los culpables de genocidio, este fin de semana diversas organizaciones sociales e investigadores de distintas universidades constituirán la Red Contra el Genocidio y la Impunidad en México (RedCGIM).
En medio de una de las más severas crisis de derechos humanos en México, los organizadores de esta Red aseguraron que, de acuerdo a cifras provisionales, basadas en múltiples informes, en México se ha perpetuado un “genocidio continuo” a lo largo de más de 50 años.
Reyna Sánchez, de la RedCGIM, señaló que “esta atrocidad ha causado por lo menos 400 mil víctimas, principalmente entre 1997 y 2018, y anotó que en dicha cifra no se tienen en cuenta los muertos por contaminación ambiental.
Detalló que con base en el informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Estadísticas de disfunciones generales, bases anuales 2000-2016, “el 70 por ciento de la población del país vive a menos de siete kilómetros de distancia de una industria con más de 100 trabajadores, y el 70 por ciento de los casos de cáncer e insuficiencia renal están asociados directa o indirectamente con las emisiones de esas industrias.
“No se sabe cuál es el número exacto de víctimas de esta atrocidad, porque en nuestro país prevalecen las prácticas para ocultar y minimizar las cifras. En recuentos no oficiales, sólo en los últimos años se registran alrededor de 400 mil víctimas, que incluyen a los muertos de la ‘guerra contra el narco’, los feminicidios, los asesinatos a periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y líderes, militantes y candidatos políticos”, apuntó Reyna Sánchez.
Expuso que, sin embargo, “en estas cifras no están incluidos los asesinatos de migrantes, así como la gran cantidad de desaparecidos, más de 40 mil, y desplazados por la violencia”.
Andrés Barreda, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, destacó que en este recuento también han quedado invisibilizadas las masacres políticas ocurridas en los últimos 50 años, incluido el Movimiento Estudiantil de 1968, el ‘halconazo’ de 1971, las masacres de Acteal, el Bosque, Aguas Blancas, Tlatlaya, El Charco, así como la represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Atenco, Nochixtlán, Ayotzinapa, entre otros, que “implican incontables desapariciones y asesinatos”.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Barreda comentó que si bien se estableció el 68 como punto de partida para hacer este recuento, “también nos podemos ir años más atrás e incluir atrocidades contra opositores al régimen” como el asesinato del líder agrario en Morelos y su familia, Rubén Jaramillo, en 1962; la represión y aniquilación en el Movimiento Ferrocarrilero a finales de la década de los cincuenta, o la masacre de guerrilleros en el asalto al Cuartel Madera, el 23 de septiembre de 1965.
“México es un país donde los muertos han sido desaparecidos. No sabemos cuántos muertos hubo en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. No sabemos cuántos muertos hubo el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. No sabemos cuántos muertos hubo en la Vocacional 7 en la toma del Ejército del Casco de Santo Tomás, también en el 68. Esa es la constante cultural de nuestro país. Queremos saber cuántos muertos ha habido y por qué esto es sintomático y estructural en toda la vida política del país”, indicó.
–¿En caso de que se vayan tipificando como delitos de genocidio algunas de estas matanzas, pero permanezca la impunidad en el país y no se castigue a los culpables, se recurrirá a instancias internacionales, como el Tribunal Penal Internacional de La Haya?
–Si vemos que no hay ningún tipo de respuesta de la justicia mexicana, la decisión terminante es emplear todas las redes que se han conformado, toda la documentación que se ha acumulado, todo el aprendizaje que se ha tenido en los últimos años para comenzar a caminar firmemente y para siempre en tribunales vinculantes.
“Por supuesto, lo primero que vamos a hacer, siguiendo las enseñanzas del Comité del 68, es utilizar las leyes mexicanas y los tribunales mexicanos, pero conforme se estanquen las cosas evidentemente haremos uso de toda la jurisdicción y de todos los tribunales internacionales. Por supuesto que sí, porque el delito de genocidio nunca prescribe”, enfatizó.
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El 30 de noviembre de 2006, la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), logró la prisión domiciliaria al expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) por los delitos de genocidio, desaparición forzada y homicidio, y fue absuelto el 26 de marzo de 2009.
La tipificación del delito de genocidio en México se dio luego de una larga lucha de los integrantes del Comité del 68, en donde se logró establecer en el Código Penal Federal, en el Artículo 149-Bis, que:
“Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.
“Por tal delito de impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos. Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de diez a seis años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y de dos mil a siete mil pesos.
“Se aplican las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
“En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y los cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo, se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados de la Federación”.
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En ese contexto, la Red Contra el Genocidio y la Impunidad en México (RedCGIM) realizará este viernes 19 y sábado 20 de octubre la “Primera Jornada contra el Genocidio en México”, que se realizará en la antigua casona de Xicoténcatl, vieja sede del Senado de la República.
Dentro de los objetivos generales de esta Red está la de “iniciar los trabajos para denunciar y frenar el genocidio sistemático y continuo contra el pueblo mexicano”.
Además, “contribuir a la discusión, elaboración de definiciones y construcción de sendas iniciativas de reformas, modificaciones y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes generales, federales y locales, para lograr la aprobación legislativa de nuevos tipos penales y las sanciones severas que correspondan, en materia de genocidio y de otras formas de la brutal y anticonstitucional represión estatal”.
El propósito de esta iniciativa también es “apoyar los procesos de identificación, integración, configuración y presentación de las denuncias y acusaciones en contra de funcionarios y empleados públicos que, por aquiescencia o decisión de los altos funcionarios, se coaligaron o fueron cómplices, autores intelectuales o materiales, en las líneas de mando, para ejecutar el delito de genocidio, otras formas de la anticonstitucional represión estatal y la flagrante e indignante violación a los derechos humanos, constitucionales, sociales y políticos”.
En las jornadas contra el genocidio participarán el Comité 68, para hablar del “genocidio del 2 de octubre de 1968”; “el genocidio del 10 de junio de 1971”, la “guerra sucia” de las décadas de los setenta y ochenta, y la “fosa en Tlatelolco”; el Comité de Víctimas Verdad y Justicia 19 de Junio (COVIC), que expondrá el “genocidio del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca”.
Además, se abordará el “genocidio contra migrantes”, específicamente el caso de San Fernando, Tamaulipas; el “genocidio ambiental”, el caso del Río Atoyac, Tlaxcala; “genocidios contra mujeres y la niñez mexicana”.
Para el sábado 20 de octubre, participará el Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, detenidos-desaparecidos por las fuerzas militares y policiacas del Estado mexicano, en Iguala Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
También, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco) y la Plataforma Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis, y se abordará en una mesa la represión contra las y los jóvenes, en donde participará el Colectivo “Nos Hacen Falta”, la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia en la UNAM, así como el Colectivo AEQUUS. Promoción y Defensa de Derechos Humanos.
