Por Rivelino Rueda
Más de cien organizaciones civiles exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de realizar señalamientos a la población civil de los municipios fronterizos de Chiapas con Guatemala, inmersos en el miedo, la zozobra y el desplazamiento forzado por la violencia generalizada en esa región, azotada, al menos desde mediados de 2022, por una guerra sin cuartel entre los dos cárteles más poderosos del país, el de Sinaloa (CDS) y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Los señalamientos del presidente a la población (afectada) criminalizan y provocan su victimización secundaria, en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas, subrayaron”.
Enfatizaron que los dichos de López Obrador “generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar”.
Los organismos no gubernamentales, aglutinados en el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, subrayaron que en estos momentos se evidencia “un riesgo inminente a la vida e integridad de las personas que se encuentran en esos municipios y ejidos aledaños”.
En una “acción urgente”, las organizaciones civiles señalaron que los factores de desprotección que se identifican en la actual crisis en aquella entidad son el reclutamiento forzado; la escasez de víveres y artículos de primera necesidad; restricciones de acceso a la salud y educación; afectaciones a la vida colectiva y desarticulación comunitaria; afectaciones a la integridad, seguridad y libertad, así como el confinamiento y restricciones a la libre movilidad de la población.
Por ello, urgieron al gobierno federal “su inmediata intervención en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas por el primen organizado”.
Entre las exigencias también destacan “brindar alojamiento y alimentación, en condiciones de seguridad y dignidad, a las víctimas que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia; brindar atención en salud a las personas afectadas; conocer e investigar las violaciones a los derechos humanos; activar mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que puedan haber sido objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre grupos armados”.
También emplazaron a “facilitar el retorno, reasentamiento o reintegración de las personas desplazadas internas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad”, así como “asumir la responsabilidad en la protección de niñas, niños y adolescentes, y velar por la garantía de sus derechos a la salud, educación, e investigar denuncias de reclutamiento forzado”.
En los últimos días la población civil de Chiapas se encuentra en alerta máxima por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región. Se tiene conocimiento que los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado”, destaca el comunicado.
La población de estos municipios –añaden las oenegés– “está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales”.
“Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población, señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales”.
Los organismos civiles mencionan que estas afirmaciones de López Obrador, por una parte, “desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas; y por otra, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar”.
Los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares. En aquellas ocasiones, el gobierno federal y estatal enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales”.
Sin embargo, “al retirarse las fuerzas federales los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo. Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales”.
@RivelinoRueda
