Más que la decepción, las dudas están en el aire de por qué se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López, el hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, luego de haber sido detenido por fuerzas federales. No debe haber decepción en esa liberación, porque el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ya había manifestado, de manera reiterada, su decisión de tratar a los delincuentes “como personas”.
La postura del presidente frente al combate al narcotráfico ha sido clara: “son también pueblo”, ha reiterado en más de tres ocasiones. Y aun cuando se ha tomado con sorna el “fúchi” y “guácala” con el que el primer mandatario se ha referido a la delincuencia, en esas simples palabras se engloba la decisión oficial de dejar intocados a los grupos del narcotráfico dentro de la estrategia federal de seguridad, que parece estar dirigida más bien contra el secuestro, el huachicoleo y la trata de personas.
Lo que pasó ayer en Culiacán, donde decenas de hombres armados sitiaron la ciudad y sometieron a la población y a las fuerzas federales de seguridad hasta que logaron su cometido de liberar al hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, no solo fue una demostración del inmenso poder que los grupos del trafico tienen, ni la demostración fehaciente de un Estado Fallido frente a los carteles de las drogas. Más bien fue el reclamo del Cartel de Sinaloa al cumplimiento de los acuerdos pactados con la administración de la Cuarta Trasformación.
Porque no hay duda de que existen acuerdos “en lo oscurito” entre la administración federal actual y la dirigencia del Cartel de Sinaloa que encabezan Rafael Caro Quintero e Ismael, “El Mayo”, Zambada García. Prueba de ello es lo que ya se ha dejado entrever en el discurso oficial del presidente López Obrador, el que se ha lamentado por la sentencia dictada contra “El Chapo” en Estados Unidos, ha gestionado una visa humanitaria para la mamá del Chapo, y ha visto con agrado la decisión del propio Joaquín Guzmán Loera para que su fortuna se distribuya entre los pueblos indígenas.
Si no existiera ese acuerdo, entre la cúpula del Cartel de Sinaloa y la administración de la Cuarta Trasformación, entonces las dudas sobre la liberación de Ovidio Guzmán Loera podrían ser verdaderamente razonables, pues nadie se explica cómo el Estado, con toda la estructura de guerra con la que está facultado, cede a la presión de un grupo civil armado que se alza contra el propio orden constitucional establecido.
Existen cinco razones de peso para poder entender el proceder del gobierno mexicano en el sitio de Culiacán, que concluyó con la liberación del hijo mayor de “El Chapo”, aun concediendo la posibilidad de que no exista un acuerdo de paz previamente establecido entre el Cartel de Sinaloa y el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador.
La primera de ellas es que el gobierno federal tuvo una falla en su aparato de inteligencia: el operativo que terminó con la captura de Ovidio Guzmán López, no estaba dirigido hacia él. De acuerdo a fuentes de la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI), el operativo estaba proyectado para lograr la detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, otro de los hijos de “El Chapo”.
¿Qué diferencia hay entre la detención de Ovidio e Iván Archivaldo? Mucha. De haberse dado la detención de Iván Archivaldo, no habría pasado de haber sido recluido en un penal mexicano, donde al paso de algunos años, tal vez antes de que concluyera la actual administración, habría quedado nuevamente en libertad. Pero si se diera la captura –como de hecho se dio- de Ovidio Guzmán, este tendría que ser entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos, en donde pudiera correr la misma suerte que su padre: sentenciado de por vida en una cárcel de máxima seguridad en la Unión Americana.
Por eso, una vez que se descubrió que el detenido no era Iván Archivaldo, sino su hermano Ovidio, fue que el gobierno federal decidió recular en la captura y, bajo el argumento de preservar la seguridad de los militares desplegados en Culiacán y de la misma sociedad civil que fue rehén de la violencia, se optó por la liberación del detenido.
La segunda razón por la que el hijo mayor de “El Chapo” fue dejado en libertad, tras haber sido capturado, fue porque la información de su ubicación, que permitió el despliegue del operativo para su captura, fue emitida por una fuente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal que pretende el territorio que actualmente controla para el trasiego de drogas el Cartel de Sinaloa.
Si las fuerzas federales hubieran dado por buena la captura de Ovidio Guzmán López, con base en la información vertida desde el CJNG, no solo se daría paso a la expansión del cartel que lidera Nemesio Oseguera y la consecuente absorción de diversas células de criminales del Cartel de Sinaloa hacia el CJNG, sino que el gobierno federal estaría enviando el mensaje de una alianza entre el CJNG y el gobierno federal, lo que empujaría a un mayor estad de violencia en Sinaloa.
La tercera razón para entender la liberación de Ovidio Guzmán, tiene que ver con el tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Si el gobierno mexicano hubiera detenido y entregado a Ovidio al gobierno de Estados Unidos que lo reclama, estaría dando por válida en la práctica la política de buscar y entregar a todos los narcotraficantes que a la fecha reclama el gobierno norteamericano.
En consecuencia, el objetivo clave de esa política sería Rafael Caro Quintero, al que el gobierno norteamericano lo sigue reclamando bajo la acusación del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, de la que el mismo Rafael Caro se ha desmarcado públicamente y hasta ha recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se desestime ese requerimiento que sigue vivo por parte del gobierno de Estados Unidos.
Una eventual persecución formal contra Rafael Caro Quintero, por parte del gobierno mexicano, no solo alentaría a un estado de mayor violencia entre las fuerzas federales y el Cartel de Sinaloa, sin que también sería eliminar la última barrera que contiene al Cartel Jalisco Nueva Generación para que asuma el control total de Cartel de Sinaloa y todos los territorios par el trasiego de drogas que actualmente mantiene esta organización criminal, principalmente en la zona norte del país.
La cuarta razón de peso para no dar por capturado a Ovidio Guzmán López, podría fincarse en la buena relación que mantiene el gobierno mexicano actual con Joaquín Guzmán Loera, el que se encuentra en la disposición de otorgar parte de su fortuna –más de 17 mil millones dólares- para que el gobierno de la Cuarta Transformación los distribuya entre las comunidades indígenas más pobres de todo México, lo que se apunta ya como un logro humanista del actual gobierno.
Y la quinta razón de la liberación pudo haber sido para no empoderar en el estado de Sinaloa a Alfredo Beltrán Guzmán, “El Chapito”, que como aliado de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y jefe del Cartel de los Beltrán Leyva, mantiene una guerra encarnada contra los hijos de Joaquín Guzmán Loera, para arrebatarles el control del trasegó de drogas en esa parte del país.
El empoderamiento de Alfredo Beltrán Guzmán en Sinaloa, no solo empujaría la violencia al alza en ese estado, por su carácter belicoso, sino que pondría en riesgo las vidas inocentes de algunos miembros de la familia Guzmán Loera, que aun cuando no están en el negocio del narcotráfico, ya han recibido amenazas, donde existe el antecedente de la incursión a la casa de la mamá de “El Chapo”, registrada en junio del 2016.
