Por Redacción Reversos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso de los 49 niños y niñas fallecidas a causa del incendio ocurrido en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, tragedia que sacudió al país y que constituye uno de los casos más emblemáticos de lucha por la protección de los derechos de la niñez mexicana.
Durante más de 11 años, las familias de los niños y las niñas han emprendido una lucha incansable por la verdad, la justicia y la no repetición de hechos tan dolorosos como estos.
Los familiares han señalado que el incendio en la Guardería ABC no fue un siniestro imprevisible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, pues dicho sistema convirtió el cuidado de los niños y las niñas en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias.
Por otro lado, las familias han exigido la investigación y sanción penal a todos los actores responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo las causas estructurales del incendio.
Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la CIDH. El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible.
Ahora la CIDH conocerá del fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano- con lo cual las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición.
Este litigio interamericano es un proceso clave para impulsar que el Estado tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana.
Las acciones necesarias en este sentido incluyen la plena y efectiva aplicación a nivel nacional de la Ley 5 de Junio -fruto de la lucha de las familias del caso ABC- y el reconocimiento de que el cuidado de los niños y las niñas no puede ser visto como un negocio subrogable, sino que constituye una obligación del Estado y derecho de la niñez y de las familias.
Apenas el pasado 29 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso de la Guardería ABC, donde 49 niños murieron quemados, es “un expediente abierto” y así se mantendrá “hasta hacer justicia”.
“Es un expediente abierto, como el de Ayotzinapa, no voy a descansar hasta que se conozca la verdad y se haga justicia, en este caso de Ayotzinapa. Estoy constantemente tratando el tema, es un asunto de Estado”, señaló el tabasqueño.
López Obrador defendió que existe hay elementos suficientes para reabrir la investigación.
“Esta el compromiso de ayudar para que la Fiscalía reabra el caso, hay elementos suficientes; incluso el que es ahora presidente de la Suprema Corte participó en una investigación, tiene una recomendación al respecto que en su momento fue desechada y que ahora se está incorporando a la investigación de la Fiscalía y Alejandro Gertz, que es una persona íntegra, ha hecho el compromiso de continuar con las investigaciones, que no haya carpetazo y que haya justicia”, expuso.
El 12 de marzo, mediante la firma de un decreto, López Obrador garantizó de por vida la atención médica y pensión para las víctimas del incendio de la Guardería ABC en el que murieron 49 niños y alrededor de 100 menores resultaron lesionados.
Luego de la reunión que sostuvo en Hermosillo, Sonora, donde se registró la muerte de los menores el 5 de junio de 2009, el jefe del Ejecutivo federal prometió a las víctimas gestionar una reunión con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
El decreto que entró en vigor el 13 de marzo, y señala que el 20 de julio de 2010 ya se había firmado uno en el que se comprometió dar ayuda a niños, niñas, madres y maestras; sin embargo las medidas establecidas en ese año no fueron suficientes.
Por ello, se decretó que «se reconocen con carácter extraordinario en favor de los niños y niñas que resultaron lesionados de forma permanente o que inhalaron humo o tóxicos; de las madres de los infantes fallecidos, de las madres de los niños y niñas lesionados de forma permanente o de aquellos que inhalaron humo o tóxicos”.
Además el decreto incluye a «maestras y otros adultos que resultaron afectados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la ‘Guardería ABC, Sociedad Civil’ en la Ciudad de Hermosillo, Sonora”.
De esta manera quedó establecida una pensión vitalicia para las madres de los menores fallecidos en el incendio, que en caso de muerte su pensión pasaría en favor de hijos que le sobrevivan.
También se incluye medida vitalicia a todas las madres de los niños y niñas que quedaron con lesiones permanentes, así como de aquellos que hayan inhalado humo o tóxicos; está pensión también abarcará para maestras y otros adultos que resultaron con afectaciones.
Respecto a los menores se agrega “medida vitalicia para los niños y niñas que resultaron lesionados de forma permanente que, al cumplir 18 años derivado de su condición de salud y de conformidad con los dictámenes médicos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, tengan una lesión incapacitante por quemaduras que les impida mantenerse por su propio trabajo”.
Otra de las medidas que también quedó garantizada es la atención médica, becas para los menores afectados, así como el pago de la energía eléctrica que se genere en el domicilio de las víctimas derivado del uso de equipos para el cuidado de su salud.
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