Por Rivelino Rueda/Enviado
MOTOZINTLA, Chiapas.- Primero fueron utilizados como “halcones”, como vigías de las organizaciones criminales que se disputan el control territorial de la frontera de Chiapas con Guatemala, luego fueron reclutados forzosamente para tareas de instalación de retenes o montaje bloqueos carreteros en la vía que corre de Motozintla a Frontera Comalapa.
Hoy, pobladores de esa convulsa región del sureste mexicano, entre ellos menores de edad, son obligados por los dos grupos de la delincuencia organizada más poderosos de México, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a bloquear accesos de pueblos y comunidades a elementos del Ejército o la Guardia Nacional (GN), incluso con armas de fuego.
En esa guerra sin cuartel de las bandas criminales por dominar los principales corredores terrestres del trasiego de drogas, trata de personas, y tráfico de migrantes y de armas, que penetran a México por la porosa frontera de 956 kilómetros con Guatemala, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes al menos a 20 menores de edad por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército desde mediados de 2021, fecha en que inició la espiral de violencia en Chiapas.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información que formuló Reversos a la institución armada, con el folio 330026424002206, los menores de edad que fueron detenidos con armas de grueso calibre no estaban acompañados de algún adulto en el momento de su arresto en los municipios de Comitán de Domínguez, Ocosingo, Chicomuselo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Pichucalco, Chenalhó, Jiquilpan, Pantelhó, Benemérito de las Américas, Reforma y Tuxtla Gutiérrez.
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Las detenciones de menores de edad no acompañados en posesión de armas de fuego coinciden con la ubicación de los tres grandes corredores criminales que están en disputa por los cárteles de la droga más poderosos del país.
Chicomuselo, Jiquilpan y Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, se encuentran en el corredor occidental o del Pacífico, que va de la frontera con Guatemala hacia la capital chiapaneca y de ahí hacia Oaxaca.
Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Reforma Pichucalco y Chenalhó, corresponden al corredor central, que va de la frontera chapina hacia la Sierra Madre o Sierra Mariscal (región que vive la mayor violencia de los grupos armados ligados con el CDS y el CJNG) hacia los Altos de Chiapas, donde está el paso de los negocios criminales hacia Tabasco y Veracruz, es decir, en la ruta del Golfo de México.
Benemérito de las Américas, Ocosingo y Palenque (estos tres últimos colindantes con Tabasco), pertenecen al corredor oriental, que va de la frontera guatemalteca, en el punto donde se une el departamento selvático de Petén (en la llamada Reserva de la Biósfera Maya) y la Reserva de la Biósfera Montes Azules, del lado mexicano; luego cruza por el municipio de Ocosingo, el de mayor extensión en Chiapas, y sale por Palenque hacia Tabasco y luego hacia Veracruz.
Los arrestos realizados por elementos del Ejército a menores sin acompañamiento y en posesión de armas de fuego se dispararon en Chiapas a partir de 2023, según el listado que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional en la respuesta a la solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Entre 2021 y 2022, de acuerdo con el reporte castrense, sólo se registraron dos detenciones de este tipo, en los municipios de Ocosingo y Comitán de Domínguez. Ya para 2023 fue de ocho la cifra de capturas de menores de edad armados en aquella entidad: dos en San Cristóbal de las Casas y dos en Tuxtla Gutiérrez, y una en Ocosingo, Chicomuselo, Palenque y Pichucalco.
De enero a julio de 2024 se han registrado diez detenciones de menores de edad en posesión de armas de fuego: tres en Tuxtla Gutiérrez, dos en San Cristóbal de las Casas y una en Chenalhó, Jiquilpan, Benemérito de las Américas, Reforma y Pantelhó.
Antes de que iniciara la espiral de violencia en Chiapas por la guerra abierta entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, se registraron cinco detenciones de menores armados en dicha entidad: en marzo de 2019, la de una menor de origen afgano, en Tapachula, y en ese mismo año la de un menor de edad en el municipio de Tapalapa.
Para 2020, los tres arrestos registrados por la Sedena se realizaron en los municipios de San Cristóbal de las Casas, La Independencia y Benemérito de las Américas.
La escalada criminal en la entidad que gobierna el morenista Rutilio Escandón Cárdenas inició el 8 de julio de 2021 tras el asesinato del narcotraficante Gilberto Rivera Beltrán, alias “El Gilito” o “El Junior”, quien era hijo del jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Chiapas, Gilberto Rivera Amarillas, alias “El Tío Gil”. Los hechos violentos fueron perpetrados por un comando de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
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En el informe “Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la impunidad del Estado”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba), de marzo de 2023, alertó que “en el estado de Chiapas se ha agudizado el tráfico y consumo de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones”.
“Regiones con toques de queda impuestos, agresiones armadas constantes a comunidades enteras; se aumentó la presencia de grupos criminales y se fortaleció la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada”.
Y añadió: “Actúan e interactúan con funcionarios, en las estructuras de gobierno, con planes políticos y económicos; las autoridades de los diferentes niveles tienen también una participación variada con distintos grupos criminales, lo que genera disputas por el control territorial, múltiples violaciones graves a los derechos humanos a nivel estatal y federal por acción y omisión; aquiescencia respecto a su obligación de proteger, respetar y garantizar la vida, libertad e integridad personal; seguridad y paz a la población”.
La organización civil, que fue fundada en 1989 por iniciativa del fallecido obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, “Tatic Samuel”, señaló en dicho reporte que la presencia de estas organizaciones criminales en Chiapas “es histórica”, aunque subrayó que “si hay un punto de quiebre fue el evento del mes de julio del 2021 cuando, en la capital del estado, iniciaron los reacomodos y disputas en la región”.
Desde entonces –añade el Frayba– “se han presentado en la entidad disputas por el control del territorio por grupos criminales con una violencia exacerbada, particularmente en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y con intensidad en comunidades como Chamic”.
“Cabe resaltar que, desde hace años, los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán son utilizados de vías para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro de personas; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”.
Es de trascendencia internacional, agrega el informe, “las cuantiosas ganancias que se generan en la frontera sur, siendo de las más importantes para el país, por lo que, la guerra entre grupos criminales por ocupar estos municipios estratégicos no da tregua”.
“Las instituciones de seguridad y de investigación en todos los niveles son infiltradas, lo que genera un blindaje e impunidad absoluta. A esto, se le suma una ausencia del Estado por brindar seguridad y protección a la población civil, dejando de lado su responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas”.
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Cada uno de los 20 municipios donde el Ejército reportó, vía transparencia, la detención de menores de edad no acompañados en posesión de armas de fuego, tienen relación directa con la violencia criminal que se desencadenó en Chiapas desde mediados de 2021.
En Ocosingo, por ejemplo, donde se han registrado dos arrestos entre 2021 y julio de 2024, operan, además de los cárteles del narcotráfico que se disputan los territorios de esa región, grupos paramilitares con estrechos lazos con los grupos criminales, que buscan despojar de tierras a comunidades afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a través de ataques directos con armas de alto poder.
Con nombres extravagantes, dichos grupos se hacen llamar Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), Los Petules, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) o Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (COMAC).
Ocosingo, el municipio más extenso de Chiapas, es una ruta estratégica de las organizaciones criminales para el trasiego de drogas, tráfico de armas y de migrantes, secuestro y trata de personas, así como de recursos naturales.
El territorio de este ayuntamiento corre desde la frontera de Guatemala, en zonas selváticas de difícil acceso, hasta el norte de Chiapas, colindante con los municipios de Palenque y Chilón, puntos clave en la cartografía del narcotráfico para brincar al estado de Tabasco y Veracruz. La ciudad de Ocosingo, cabecera municipal de dicha alcaldía, está a solo 119 kilómetros de Palenque, aproximadamente tres horas de ruta vía terrestre.
San Cristóbal de las Casas, “La Ciudad Real” –donde la Sedena tiene el reporte de arresto de cuatro menores armados en los últimos tres años–, ubicada en el corredor central de los negocios criminales en Chiapas, también ha sido tocada desde hace tres años por la violencia de los cárteles de la droga, quienes incluso han propiciado la aparición de grupos delictivos locales que no dejan de estar ligados con alguna de las dos organizaciones criminales que se pelean palmo a palmo el territorio chiapaneco: el CJNG y el CDS.
En la ciudad que fue el epicentro del levantamiento armado indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, han surgido grupos delictivos como “Los Motonetos” o “Sentimientos de la Nación”, que incluso han paralizado las actividades de la región, como ocurrió en junio de 2022, cuando estas células criminales bloquearon entradas y salidas de la San Cristóbal de las Casas por la disputa del Mercado de la Zona Norte.
En esos hechos, las autoridades municipales, estatales y elementos del Ejército y Guardia Nacional lograron tomar el control de la ciudad casi 12 horas después de iniciada la violencia. El Frayba anotó en un reporte en aquellos días:
“A través de la ocupación de espacios en el territorio chiapaneco, en medio de una lucha entre grupos a nivel local y regional con una diversificación de giros económicos tanto legales como ilegales. Destaca la trata de personas, pornografía, venta de órganos, así como la explotación sexual y laboral de migrantes. Dichos grupos y fuerzas, en muchos municipios, logran controlar a las autoridades municipales. Todo esto causó inseguridad, violencia, extorsiones y desplazamiento forzado de personas y familias”.
También en San Cristóbal de las Casas opera un grupo criminal de reciente cuño, conocido como el Cártel de San Juan Chamula (CSJC), la primera organización delictiva conformada por indígenas y que incluso ha sido reconocida por el gobierno federal en los informes de seguridad que se presentan en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
San Juan Chamula, municipio donde se fundó este grupo criminal, está a 15 minutos al norte de San Cristóbal de las Casas y, desde esa zona del corredor central de actividades delictivas en Chiapas, el CSJC también opera en municipios aledaños como Chenalhó, San Andrés Larráinzar, Tenejapa, Zinacantán y Pantelhó, éste último tocado en los últimos años por un fenómeno específico de violencia entre diversas formaciones criminales que, al final, convergen en el apoyo a las dos formaciones más poderosas: el CJNG y el CDS.
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Palenque es la puerta de salida del corredor oriental de los negocios criminales en Chiapas y es, además, un punto estratégico en la cartografía de los cárteles de la droga y sus respectivas células.
Desde esa región, donde la Sedena registró la detención de un menor de edad no acompañado en posesión de arma de fuego en 2023, las organizaciones criminales catapultan a personas en situación de migración o para actividades de trata, o cargamentos de droga, armas o especies de flora y fauna, hacia los tres estados de la Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), o hacia Tabasco y Veracruz.
Otro elemento que se suma a que Palenque represente en los próximos años un punto de disputa aún más violento entre las organizaciones criminales que operan en Chiapas, es la construcción del Tren Maya.
De acuerdo con testimonios que recabó este reportero en julio de 2023, durante un recorrido por esa región, pobladores, autoridades municipales, miembros de organismos de derechos humanos, periodistas y milicianos del EZLN, coincidieron en que dicho megaproyecto de la llamada Cuarta Transformación sólo incrementará la disputa por el territorio, el saqueo de recursos naturales y servirá a las organizaciones criminales para tener mayor movilidad.
Sobre ese tema escribió el pasado 15 de agosto El Capitán, antes Subcomandante Galeano, antes Subcomandante Marcos, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en un comunicado titulado “Adagios”:
“Los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son sólo los corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados. La disputa entre cárteles rivales no es sólo por el tráfico de personas y drogas, es sobre todo la disputa por el monopolio del cobro de piso en lo que se mal llama ‘Tren Maya’ y ´Corredor Transístmico´. A los árboles y animales no se les pueden cobrar cuotas, en cambio sí a las comunidades y a las empresas que se asienten en esa otra inútil frontera del sureste mexicano”.
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Chicomuselo es actualmente el epicentro de la guerra que se vive en Chiapas entre las dos organizaciones criminales más poderosas de México que, incluso, ya es catalogada como un “conflicto armado no reconocido” por jurisprudencia de organismos multilaterales de la región, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), a partir de los Convenios de Ginebra referentes a la protección de población civil en casos de guerra irregular.
En el municipio de la región fronteriza, que corresponde al corredor occidental o del Pacífico de los negocios criminales y donde fue detenido por el Ejército un menor de edad armado, en 2021, se han desarrollado en las últimas semanas eventos alarmantes, como levas forzadas de pobladores, incluidos menores de edad, por parte de los grupos delictivos que se disputan el territorio.
También se han registrado desplazamientos forzados de pobladores de distintas comunidades a Guatemala o a otras ciudades del estado; parálisis de actividades de salud, educación, de servicios públicos a la población, de comercios, de transporte; amenazas para respaldar a uno o a otro grupo criminal; bloqueos carreteros; desapariciones forzadas; asesinatos, así como enfrentamientos con fuerzas municipales, estatales y federales.
La zona es el trampolín de los cárteles de la droga para catapultar personas y mercancías hacia la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y de ahí a Oaxaca o a Veracruz, donde se bifurcan los corredores de los negocios criminales en México con rumbo hacia la frontera con Estados Unidos.
En el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” , que realizaron distintas organizaciones de derechos humanos, encabezadas por la Red Nacional de Organismos Civiles y Derechos Humanos (Red TDT), se señala que en los municipios fronterizos de Chiapas con Guatemala “el reclutamiento de jóvenes de entre 17 y 20 años se realiza en algunas ocasiones bajo amenaza, pero en algunas otras de manera consensuada, incluyendo pagos tales como celulares o motocicletas de alta calidad”.
De este modo –añade el informe– “se garantiza su participación en los bloqueos, en enfrentamientos contra las fuerzas armadas, en tareas de vigilancia e incluso manejando drones artillados. También se les exige realizar labores de vigilancia o ‘halconeo’”.
“Las formas de reclutamiento de la población civil han sido escalonadas: al principio, los grupos acudieron a las comunidades a incitar la participación en los bloqueos y movilizaciones en las asambleas, argumentando a menudo que era ‘para sacar al grupo malo y se quedara el bueno’. Forzaron así a miles de personas a participar en acciones violentas, a manifestarse en carreteras, encabezar marchas de apoyo, e incluso a servir como vigilantes o sicarios”, expone el documento.
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En Pantelhó, municipio localizado en la región de los Altos de Chiapas, se respira el miedo desde hace tres años. Todo inició cuando un grupo que se autodenominó de “autodefensa”, nombrado “El Machete”, tomó el control del ayuntamiento y, de paso, “levantó” y desapareció a 19 personas.
Desde ese evento, que ocurrió el 18 de julio de 2021, casi cada mes aparece un nuevo grupo armado que, en mensajes grabados de video, asegura que combatirá a los otros grupos y que ellos “no son delincuentes”. Testimonios de pobladores de Pantelhó, ubicado en el corredor central de los negocios criminales en Chiapas, afirman que cada nuevo grupo que surge tiene vínculos con uno o con otro de los cárteles que se disputan el estado.
Situado a 60 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, Pantelhó y los municipios y comunidades que lo circundan (Chenalhó, Polhó, Acteal, El Bosque, Simojovel) tienen un largo historial de aparición de grupos paramilitares, como los que perpetraron la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, denominados Paz y Justicia, Máscara Roja o Los Chinchulines.
La Secretaría de la Defensa Nacional reporta en la respuesta a la solicitud de información formulada por esta revista digital que en Pantelhó fue detenido en 2024 un menor de edad en posesión de arma de fuego.
El clima de zozobra y violencia que vive el municipio con una población mayoritaria de origen tsotsil y tseltal ha orillado a decenas de pobladores a abandonar sus comunidades. Dicho desplazamiento forzado se suma a los asesinatos, desapariciones, amenazas y cancelación de elecciones para la elección de autoridades.
Apenas el 11 de junio, la organización civil Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) presentó un informe en el que reveló que en el pasado proceso electoral en la entidad al menos ocho niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por la violencia política en el estado.
El organismo anotó que también se contabilizaron 29 ataques contra candidatas y candidatos, en donde tres menores de edad resultaron heridos.
“Estos hechos de violencia política se dieron principalmente en los municipios de Acapetahua, Berriozábal, Chicomuselo, La Concordia, Oxchuc, Pantelhó, Rincón Chamula, San Fernando, Simojovel y Tila. La tensión y escalada de violencia armada por el control del poder político local puso en riesgo la vida de aproximadamente 200 mil niñas, niños y adolescentes en dichos estados”.
@RivelinoRueda
