Autoridades indígenas de distintas regiones del país lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo se reúna con empresarios, inversionistas y organizaciones indígenas históricamente oficialistas para definir megaproyectos como el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAICM) y el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Señalaron que la nueva administración, incluso antes de entrar en funciones, llevó a cabo una consulta en la que no se cumplieron los estándares internacionales ratificados por el Estado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con los que está obligado a consultar a las comunidades que resultarían afectadas por los megaproyectos antes de que éstos sean aprobados.
“Vemos una gran deficiencia de diálogo genuino con los pueblos y las comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las organizaciones civiles que los acompañan en la defensa de sus territorios”, subrayaron.
El gobierno mexicano, añadieron, “tiene el deber de respetar y garantizar los derechos antes mencionados en las discusiones sobre proyectos, de lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sino que también comprometen la responsabilidad internacional del Estado”.
También cuestionaron sobre la falta de los estudios de impacto social y ambiental para los proyectos, y preguntaron que, en caso de existir, “¿cuál fue el proceso que se siguió para realizarlos? ¿Cumplen con los estándares internacionales a que está obligado el Estado mexicano?”
“Llamamos al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dialogar y ofrecer respuestas integrales a los pueblos y comunidades. Es ésta una oportunidad histórica de enmendar las violaciones cometidas a sus derechos en los sexenios anteriores para dejar de perpetuar la discriminación y marginación hacia los pueblos, así como la imposición de visiones de desarrollo que los vulneran”, enfatizaron.
Las autoridades indígenas firmantes son la Tribu Yaqui de Vícam, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
